El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, consideró este miércoles que la vacancia de la presidenta Dina Boluarte no debería discutirse por motivos relacionados con las cirugías estéticas que se realizó sin informar al Congreso, sino por haber firmado en Francia el Tratado de Alta Mar, adoptado en 2023 para proteger la biodiversidad en aguas internacionales, pero que aún no cuenta con las ratificaciones necesarias para entrar en vigor.
“Lo de la operación, personalmente, no me parece causal (de vacancia). Más grave es lo que está apareciendo ahora (…) Tú no puedes irte de viaje, pedir licencia al Congreso, que felizmente no la dimos, y firmar un tratado de esa magnitud. Porque esa es la pesca de nuestra gente, ahora cualquier persona de otro país viene y dice ‘después de esas 200 millas pesco y eso es mío’”, afirmó a la prensa después de un acto oficial.
Más de cien países firmaron este acuerdo adoptado por la ONU, que regula las actividades humanas en alta mar y permite la creación de áreas marinas protegidas, entre otras medidas. Sin embargo, solo 29 naciones han ratificado el tratado y se requieren sesenta para su vigencia.
Hasta ahora, Perú anunció su firma y adhesión, y Boluarte considera que con ello “se suma a los esfuerzos colectivos por establecer un marco jurídico multilateral que garantice la protección de la biodiversidad en alta mar”.
Para López Aliaga, sin embargo, la firma del tratado afecta directamente los derechos de explotación comercial en zonas marítimas correspondientes a la pesca artesanal peruana. “Lo que voy escuchando es que estamos perdiendo no soberanía, pero sí derechos de explotación comercial de todo lo que está después de las 200 millas, que es un área de pesca para los artesanales. Ahora vamos a tener que pedir permiso a otros países”, alertó.
En ese sentido, dijo que solicitó un análisis legal exhaustivo sobre el tratado y sus implicancias en la soberanía nacional. “Que una persona salga del Perú y firme tratados… para mí es mucho más grave, es traición a la patria, incluso (…) si vas a firmar algo, pon a la vista de todo el Perú lo que vas a firmar, no ese tratado; está mal manejado el tema», agregó.
Sugirió que este tema sería motivo válido para justificar la destitución presidencial, ya que basar la vacancia en las cirugías afectaría la imagen internacional del país.
“Que una persona salga del Perú y firme tratados… para mí es mucho más grave, es traición a la patria incluso. Soy bien franco, me parece mucho más grave lo otro (…) Que salga en el mundo la noticia ‘vacancia a presidenta por operación estética’, ya quedamos como país bananero. Hay temas peores como este último (…) He pedido opinión legal, pero vamos a actuar, no se puede comprometer a la pesca artesanal de Perú”, añadió.
Antecedentes
Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, negó que el Tratado de Alta Mar ponga en riesgo la soberanía nacional, en respuesta a las críticas de gremios empresariales y otros sectores.
En declaraciones a RPP, el canciller rechazó “absoluta y tajantemente” esas afirmaciones, calificándolas de “irresponsables”. Aseguró que “aquí no se está poniendo en juego la soberanía nacional” porque “el dominio marítimo del Perú, que se extiende en soberanía y jurisdicción por 200 millas, está absoluta y totalmente resguardado”.
Reiteró que el Acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales (Acuerdo BBSJ, en inglés), firmado por Boluarte en la Cumbre de los Océanos en Niza, “no tiene nada que ver” con la Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982.
Schialer rechazó que un tema tan importante como la conservación del recurso hidrobiológico y el manejo ambiental de los mares sea tratado con “política local electorera”, en alusión a la campaña para las elecciones generales del 2026.
Mencionó que el acuerdo firmado contó con consulta previa en diversos ministerios y que “no ha habido jamás la menor, la más pálida intención, ni siquiera sugerencia de que estaríamos en una situación violatoria del artículo 54 de la Constitución”, referente a la soberanía marítima sobre las 200 millas.
No obstante, la Sociedad Nacional de Pesquería, la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad de Comercio Exterior publicaron un comunicado en el que rechazan la firma del tratado porque “impone restricciones innecesarias” y busca debilitar entidades “eficaces” como las Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera.
“No permitamos que intereses ideológicos disfrazados de conservación socaven nuestra capacidad de gestionar responsablemente nuestros recursos”, puntualizaron los gremios firmantes.
