A los 47 años, Mariana Vinuesa decidió cambiar su vida. Después de una dura historia en un matrimonio donde su esposo no le permitía trabajar, se animó a empezar de nuevo: se inscribió para estudiar el profesorado de primaria en un instituto de La Plata. Mientras cursaba, comenzó a enseñar en escuelas públicas. Lo hizo por tres años, cosechando experiencia y relación con sus alumnos.
Pero cuando finalmente se recibió, a los 51, le dijeron que ya era tarde. Estaba “excedida en edad” según el Estatuto del docente de la provincia de Buenos Aires y, por eso, no podía aspirar a un cargo titular. Peor aún: fue desplazada de los listados a los que había accedido por méritos propios y enviada de nuevo a los llamados “de emergencia”, una categoría pensada para cubrir vacantes sólo en situaciones excepcionales. En la práctica, eso significó para ella quedar afuera del aula. “Me recibí a los 51 años y nadie me dijo lo que iba a pasar”, lamentó Mariana en diálogo con LA NACION.
Su caso no es el único. Más de mil personas —la mayoría mujeres— se encontraron con el mismo obstáculo: haber empezado la carrera docente “demasiado tarde” para un sistema que no contempla trayectorias de vida interrumpidas por situaciones de vulnerabilidad. Muchas iniciaron sus estudios cerca o arriba de los 50 años como consecuencia de maternidades complejas, o ser jefas de familia o tener hijos con discapacidad que requerían de su total atención.
Otras fueron víctimas de violencia de género o de matrimonios con un dejo tradicional que hoy en día resulta obsoleto. Juntas, con el impulso de uno de sus profesores y un abogado, formaron el Colectivo contra la Discriminación por Edad en la Educación (CODE), para exigir que se modifique una normativa que, aseguraron, las castiga por llegar tarde a su vocación.
Según datos de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de diciembre de 2024, hay 584.814 cargos docentes en la provincia, de los cuales más de 140 mil corresponden a cargos en educación inicial y primaria, los principales afectados por esta normativa.
Desde 2021, el CODE reúne a los damnificados por esta normativa en La Plata. Contabilizan, al menos, 60 afectados que integran su organización. Hay más que se acercaron a pedir asesoramiento.
El colectivo tiene cuatro causas que pasaron o están en la Justicia, asesoradas por el abogado Facundo Fontana: dos tuvieron una sentencia definitiva que autorizó a las docentes trabajar como titulares, mientras que las dos restantes son medidas cautelares que les permitieron volver a trabajar, pero no en los listados oficiales.
Fuera del colectivo se registran, al menos, doce casos en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y seis más en tribunales provinciales.
Listados complementarios o de emergencia: “el último orejón del tarro”
El artículo 57, inciso “e”, del Estatuto del docente establece que sólo pueden acceder a la titularización quienes tengan menos de 50 años, o más de esa edad con al menos cinco años de antigüedad docente. Ser titular es clave: brinda estabilidad laboral, acceso a mejores destinos, jerarquías, ascensos, traslados y protección frente a remociones arbitrarias.
Los docentes titulares integran los llamados listados oficiales. Por debajo están los listados ampliatorios, que incluyen a quienes están por terminar la carrera o tienen el título en trámite. Más abajo están los listados complementarios, que cubren situaciones excepcionales, como reemplazos cuando no hay ni titular ni suplente disponible.
“Cuando vos titularizas, el cargo es tuyo y lo mantenés: te pertenece a vos. En cambio, cuando ejerces una suplencia, es temporal. Pero en estos listados ni siquiera pueden cubrir las faltas que hay”, explicó Facundo Fontana, y sumó: “Y no es un problema de vacantes, porque vacantes hay”.
Es acá que quedan recluidos muchos de los docentes mayores de 50 años, tanto aquellos que no llegaron a recibirse y obtener su título, como aquellos que sí lo hicieron, pero no tienen cinco años de antigüedad. En estos listados se los equipara con estudiantes que no tuvieron la formación suficiente para ejercer o no tienen títulos habilitantes. “Son el último orejón del tarro”, lamentó el abogado.
“Se me vino el mundo abajo”: el dolor de las damnificadas
Fue cuando Mariana habló con su profesor de filosofía, Juan Manuel Fontana, de primer y cuarto año, que surgió el colectivo. A Mariana le faltaba una sola materia para recibirse, y trabajaba como docente en los listados complementarios. En ese entonces, ya había perdido la esperanza de ejercer: “Le dije ‘profe, voy a ir a rendir porque es la última que falta, pero la verdad que el título lo voy a colgar en la pared y no me va a servir para nada’”.
“Mariana fue el disparador”, recordó Juan Manuel. “Vi el laburo descomunal que hizo para superar condiciones muy adversas”. Mariana se casó muy chica y relató con pesar cómo no pudo seguir sus ambiciones durante su matrimonio: “Yo me formé de grande porque lamentablemente me casé muy joven y mi exesposo no me dejaba estudiar. Tuve una vida difícil”.
Al recibirse, Mariana tenía que ingresar al listado oficial, como estipula la ley. Aun así, cuando se graduó, el puntaje que había acumulado durante sus años como docente se desvaneció y fue enviada a los listados de emergencia. De repente para el sistema tenía la misma experiencia que una estudiante de primer año de la carrera.
Esto empeoró cuando se cruzó con otros docentes que la incentivaron a retirarse. “Algunos me decían ‘andá a cuidar a tus nietos’, otros me preguntaban ‘¿qué hacés trabajando?’”, relató con angustia.
Como Mariana aparecieron otros casos. Ana Vázquez se unió al colectivo cuando a los 55 años la sacaron de los listados. La docente se había recibido a los 43 y, desde entonces, trabajaba en la profesión. “Perdí todo mi puntaje. Quedé desnuda. Quedás en un lugar donde tenés que tomar lo que queda. Perdés toda tu formación de un plumazo”, detalló.
Antes, el estudio presentaba una batalla en su familia. “Mi mamá no quería que vaya al secundario. Quería que trabaje en una casa de familia. Yo lloraba, desconsolada, porque solo quería estudiar. Cuando me dejó, ya era tarde”, comentó.
Ana se recibió de la secundaria desfasada en edad y, luego, estudió la carrera de Economía hasta tercer año, cuando se fue de su casa por su mala relación con su madre y se casó con su pareja: “Me dediqué a maternar a mis cuatro hijos y a no repetir historias”.
Cuando estudió para ser docente, se recibió con el mejor promedio y fue abanderada. Trabajó como maestra de apoyo de una unidad pedagógica hasta que fue removida de los listados: “Tengo quince años de antigüedad y me gusta muchísimo lo que hago. Es mi motor diario”.
Las docentes denuncian que presentar una demanda implica un costo de dos millones y medio de pesos aproximadamente. Algo a lo que estas mujeres no pueden acceder cuando se quedan sin trabajo.
“La docencia se empieza de grande. Hay muchos institutos nocturnos. Acceden muchas amas de casa, madres y mujeres que sufrieron vulnerabilidad y que recién cuando resuelven algunas cuestiones de su vida pueden dedicarse a esto. Deciden de grandes porque es el único momento en el que pueden hacerlo. El sistema las excluye por viejas y muchas abandonaron la carrera por eso”, explicó Ana.
Las que se quedan, en cambio, corren el riesgo de perder su sustento económico. Nazarena Molina empezó a estudiar cuando sus hijos ya estaban en la primaria. “Mi carrera se fue espaciando y tuve años donde no podía estudiar. Hasta que finalmente me pude recibir. Era mi motor y motivación de independencia. Antes el que trabajaba era mi esposo”, detalló. Tras ello, se separó, y la docencia se convirtió en el sustento de ella y sus hijos.
Nazarena remarcó que se recibió con el fuerte apoyo de su hermana Patricia, que también era docente y falleció de cáncer en 2019. “Ella me inspiró a estudiar. Luchaba mucho por la educación”, recordó. En ese tiempo también murió su padre, se separó y, finalmente, se quedó sin trabajo.
“Cuando me enteré que me sacaron del listado oficial por mi edad, se me vino el mundo abajo. Estuve casi un año y medio sin trabajar, donde me la iba rebuscando como podía. Mi profesión que tanto esfuerzo me llevó, tanto a mí como a mi familia, se desvaneció”, señaló.
Con la cautelar que lograron desde el colectivo, ahora Nazarena puede seguir trabajando con su puntaje, que había perdido cuando la sacaron de los listados. Aun así, todavía espera una sentencia. “No me siento de 50. Y no tengo el desgaste de los que ejercieron la profesión desde temprana edad”, dijo. El comentario de Nazarena se replicó en sus compañeras, que remarcaron que la edad es solo un número.
“Tenemos derecho a trabajar y no ser discriminadas”, reclamó, y sumó: “Cuando mi hermana falleció yo estaba trabajando. Me podría haber tomado licencia, pero no quería, porque me hacía bien. El cariño de mis alumnitos era lo que me hacía seguir. Te despegas de todo lo que pasa, estás en el aula… yo estoy en mi mundo. Me encanta la docencia”.
La desinformación
No solo fueron ellas a las que no les informaron de la existencia de la normativa. Juan Manuel Fontana, profesor de varias de las docentes del colectivo, tampoco sabía de esta problemática. “Ningún directivo había informado de esta restricción. Lo cierto es que casi nadie conoce el problema y, quienes lo conocen, desinforman diciéndoles que van a poder ejercer pese a todo. Yo lo sentí como una trompada en la mandíbula”, afirmó.
En diálogo con su hermano, Facundo, es que notaron que hace más de 20 años que había antecedentes favorables a docentes que litigaban o reclamaban por su cuenta en la Justicia y se preguntaron por qué esto no llevaba a modificar el Estatuto del Docente bonaerense. “Las compañeras, por resignación, les costaba juntarse colectivamente. Fuimos varios los que dimos una mano acá. Docentes, egresadas, incluso integrantes del equipo directivo”, aseguró.
Al principio, los directivos de los institutos donde se brindaba el profesorado les dieron la espalda. Lo mismo hicieron los gremios, que les repetían que las docentes no estaba afiliadas.
Hoy, tras una larga lucha, lograron que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) las incorpore en un listado alternativo, conocido como 108B. Sin embargo, ese listado corresponde a los docentes que no terminaron la carrera y, por eso, reclaman que se los incluya no solo en los complementarios y ampliatorios, sino también en los oficiales.
“El primer fallo de la Corte fue en 2002. Desde entonces sigue habiendo fallos sistemáticamente”, manifestó Facundo Fontana. “Aunque la Corte de la provincia sostuvo [en decenas de casos] que es inconstitucional [que las saquen de los listados], la modificación del estatuto debe si o sí pasar por la Legislatura provincial”, explicó.
Desde el colectivo buscan cambiar el estatuto que afecta a más de mil docentes en la provincia, informaron. Aun así, se desconocen cifras oficiales de parte del gobierno bonaerense: LA NACION se contactó en reiteradas ocasiones con la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), pero no obtuvo respuesta sobre la cantidad de damnificados por la normativa ni si consideran impulsar la incorporación en los listados oficiales.
