Una reunión promovida por la Iglesia católica colombiana reunió este 16 de junio a los principales representantes de las ramas del poder público, entre ellos el presidente Gustavo Petro, con el propósito de reducir las tensiones políticas que han marcado la coyuntura nacional.
El encuentro, que tuvo lugar en medio de un contexto de incertidumbre institucional, estuvo orientado a establecer un compromiso colectivo para moderar los discursos y construir un camino de entendimiento.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
La cita fue encabezada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, primado de Colombia, quien ofició como mediador entre las partes. A la mesa llegaron, entre otros, el jefe de Estado, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y representantes del poder judicial.
Aunque los asistentes reconocieron el valor del espacio para el diálogo, también surgieron voces de inconformidad al cierre del encuentro.
Uno de los episodios que generó molestia fue el retraso en la llegada del presidente Gustavo Petro, quien, según fuentes cercanas al evento, ingresó casi una hora después de lo previsto.
A ello se sumó la forma en que el mandatario presentó sus argumentos a favor de las reformas gubernamentales y la propuesta de una consulta popular, aspectos que algunos de los presentes consideraron poco conciliadores para el contexto del encuentro.
Al concluir la jornada, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, expresó su inconformidad respecto a la coherencia entre el discurso y las acciones de algunos actores del encuentro.
“De nada sirve firmar documentos si se actúa de otra manera, lo tengo que lamentar”, afirmó el senador.
Durante el evento, todos los participantes suscribieron un acta en la que se comprometieron públicamente a disminuir la intensidad del lenguaje utilizado en el debate político, invitando al respeto mutuo y a una actitud de reconciliación. En el documento, se afirma:
“En un contexto mundial, nacional y local de profundas tensiones, contradicciones y transformaciones, como ciudadanos, servidores y representantes de las instituciones del Estado colombiano nos comprometemos juntos e invitamos a todo el país a escucharnos, valorarnos y respetarnos en hermandad, a desarmar y armonizar la palabra y rechazar todo tipo de violencia”.
La declaración busca propiciar un clima de mayor entendimiento en medio de los debates sobre reformas estructurales como la pensional, laboral y de salud, y frente a la controversia generada por la intención del Gobierno de convocar al pueblo a pronunciarse mediante mecanismos de participación directa.
Durante los días previos a esta reunión, distintos sectores políticos habían solicitado a la Iglesia intervenir como facilitadora para reducir la polarización creciente.
La convocatoria contó con la aceptación de los jefes de las tres ramas del poder, quienes coincidieron en la necesidad de generar espacios de diálogo institucional.
Sin embargo, la intervención de algunos participantes y los matices del ambiente reflejaron que aún persisten tensiones significativas. De acuerdo con versiones difundidas en medios, incluso se habría producido la salida anticipada de uno de los altos magistrados presentes, tras manifestar desacuerdo con el desarrollo de la sesión.
A pesar de ello, la Iglesia católica reiteró su disposición de continuar promoviendo espacios de concertación y reconciliación entre las instituciones y la ciudadanía.
Fuentes cercanas al clero aseguraron que el propósito de estos encuentros no es imponer posiciones, sino facilitar el entendimiento en un momento que califican como crítico para el futuro político y social del país.
El acto simbólico de firmar el acta de compromiso se realizó en medio de un ambiente de sobriedad. No obstante, los mensajes posteriores, como el de Cepeda, evidencian que la efectividad de los acuerdos dependerá del cumplimiento práctico de lo pactado en ese espacio.
Desde el Congreso, algunos legisladores han expresado que es fundamental que, más allá de los pronunciamientos, se construyan puentes reales entre Gobierno, oposición y ciudadanía. El camino para ello, han señalado, implica respetar el marco institucional y fortalecer el diálogo desde todos los sectores.
El encuentro concluyó sin anuncios concretos adicionales, pero con el compromiso firmado por los asistentes. La expectativa ahora se centra en cómo se traducirán esas palabras en el desarrollo de las discusiones legislativas y políticas que se avecinan.
Las próximas semanas serán clave para evaluar si los compromisos asumidos en este espacio tienen efecto en el tono y contenido de los debates públicos.
Mientras tanto, la Iglesia y otros actores continúan trabajando en generar espacios de entendimiento que reduzcan los niveles de confrontación que se han intensificado en el país durante los últimos meses.
