El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, emitió una respuesta oficial este jueves a las declaraciones del magistrado Francisco Távara, quien denunció haber sido objeto de “reglaje” por parte de la alta dirección del organismo y cuestionó la legalidad de la resolución que restituyó a Patricia Benavides en el cargo de fiscal de la Nación.
A través de un pronunciamiento, el máximo órgano de la Judicatura rechazó estas acusaciones y afirmó que “ni la Presidencia ni la Vicepresidencia tienen competencia alguna en la designación del personal auxiliar asignado a los miembros del Pleno”, como asesores o choferes. “Tales decisiones corresponden exclusivamente al propio miembro y a las áreas administrativas responsables”, señaló.
La JNJ precisó que la elección de sus actuales autoridades se realizó el pasado 6 de enero, y que Távara se negó a firmar el acta correspondiente, a pesar de que reflejaba lo sucedido en la sesión. “Resulta carente de sentido democrático que, cinco meses después, señale que haber perdido dicha elección fue un acto hostil en su contra”, indicó.
Respecto a la resolución que ordenó la restitución de Benavides, Ríos Patio señaló que “representa el voto unánime de los miembros que estuvieron presentes” en la audiencia, por lo que consideró “incorrecto” que el magistrado afirmara que la resolución debió ser firmada por todos los miembros.
Especialistas legales consideran, sin embargo, que esta restitución vulnera la autonomía del Ministerio Público, ya que, según la Constitución, solo la Junta de Fiscales Supremos puede designar a su máxima autoridad.
En diálogo con la prensa días atrás, Távara también mencionó que, en febrero pasado, el presidente de la JNJ solicitó a la Fiscalía de la Nación información sobre una carpeta fiscal en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, la cual fue archivada, y afirmó que esta acción tuvo el propósito de vacarlo.
No obstante, la JNJ aclaró que “la solicitud de información sobre el estado de la carpeta fiscal (…) obedeció a la comunicación efectuada por un ciudadano denunciante (…) con la finalidad de que no afecte la imagen de la Junta Nacional de Justicia; y no a un interés por vacarlo”.
Finalmente, organismo exhortó al magistrado a “opinar con responsabilidad, evitando expresiones que induzcan al error público” y “que puedan erosionar la confianza ciudadana en una institución cuya naturaleza constitucional exige el más alto estándar de probidad, legalidad y respeto mutuo”.
“La crítica es legítima en un Estado democrático, pero debe fundarse en la verdad, el debido proceso y los canales institucionales. La Junta Nacional de Justicia reitera su compromiso con la legalidad, la transparencia y la defensa irrestricta de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como con la garantía del principio de unidad institucional”, concluyó la misiva.
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