Tras la aprobación de la reforma laboral y el anuncio de la derogación del decreto que convoca la consulta popular, el presidente Gustavo Petro agitó los ánimos en el país político al anunciar que espera convocar una asamblea nacional constituyente. A través de su cuenta de X, informó que entregará una papeleta en las próximas elecciones para cumplir con dicho objetivo.
“Espero la decisión de millones para que el próximo gobierno y congreso tengan el mandato imperativo de construir el estado social de derecho, la justicia social, la democracia profunda con las gentes, la paz”, precisó el mandatario.
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¿Una asamblea nacional inviable?
Sin embargo, de acuerdo con la representante a la Cámara Catherine Juvinao, el jefe de Estado no puede introducir una papeleta en las elecciones de 2026. Según explicó, el hacer implicaría ir en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia. “Esta es una propuesta abiertamente inconstitucional y temeraria que desconoce el sistema de pesos y contrapesos que protege nuestro régimen democrático”, indicó.
La congresista basó su argumento en lo estipulado en el artículo 376 de la Constitución Política sobre la convocatoria de la asamblea. Según la normativa, es necesario que el Gobierno nacional presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley para ese fin. Además, precisa la ley que este proceso democrático no puede coincidir con el desarrollo de unas elecciones.
“Mediante ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una Asamblea Constituyente con la competencia, el período y la composición que la misma ley determine (…). En acto electoral que no podrá coincidir con otro”, se lee en la Constitución.
Juvinao explicó que lo establecido en la carta magna tiene un objetivo: impedir que el Presidente de la República convoque por sí mismo una asamblea nacional constituyente, y así, evitar que se implementen cambios de manera dictatorial.
“La activación del poder constituyente requiere deliberación, controles institucionales y participación legítima, no imposiciones unilaterales ni maniobras políticas de presión popular”, expuso.
Desde su perspectiva, esta propuesta del primer mandatario demostraría que está “desesperado” por garantizar que en el próximo periodo presidencial el proyecto progresista se mantenga. Sin embargo, auguró que en esta ocasión, Gustavo Petro y su proyecto no tendrán la misma acogida que en 2022, cuando ganó la Presidencia.
“Esta vez no pasará, por más que el presidente saque de la manga propuestas que desconocen el principio de legalidad y la separación de poderes. Lo que sí deja claro esto es que el Congreso no puede ceder ante los chantajes de Petro. Para él nunca nada será suficiente”, concluyó.
Al igual que Juvinao, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, rechazó la propuesta del primer mandatario, calificándola como un “engendro”. Confirmó que cualquier asamblea de este tipo debe ser deliberada por el Congreso de la República.
El desconocimiento de Petro del Congreso de la República
No obstante, es importante recordar que el presidente Petro ha tenido serias diferencias con los legisladores, sobre todo en el Senado. Sus constantes discusiones y puntos de distanciamiento se hicieron más evidentes cuando decidió firmar el decreto para convocar la consulta popular.
Pues, los senadores dieron un concepto desfavorable a la convocatoria, y sin su visto bueno, no es posible llamar a la ciudadanía a las urnas. Pero, según el jefe de Estado, el Senado no se pronunció en ningún momento, porque no leyó una proposición –que no existió–, por lo que, junto con 19 ministros y ministras, firmó el cuestionado documento.
Anunció que lo derogará porque la reforma laboral fue aprobada en su etapa de conciliación, y el resultado es satisfactorio para el Gobierno.
