La filtración de un audio atribuido a un ex ministro de Bolivia, puso en la mira de la Justicia a autoridades del órgano ejecutivo y judicial. El sábado pasado, César Siles, entonces ministro de Justicia, presentó su renuncia al gabinete de Luis Arce alegando que existían “rumores y acusaciones sin fundamento” que podrían afectar al Gobierno.
Dos días después se destapó el escándalo: en una grabación, que Siles no negó, pero calificó de “manipulada” y obtenida sin su consentimiento, se lo escucha ofrecer protección a un juez para que emita un recurso con el que una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) quedaría suspendida. “Usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción. Al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitirse, se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor”, dice el audio.
La persona a la que se dirigía es Marcelo Fernando Lea Plaza, juez en el municipio de Coroico, distante a unos 100 kilómetros de La Paz. Según sus declaraciones, fue presionado por el entonces ministro de Justicia y otras autoridades judiciales para emitir una resolución que suspenda a Fanny Coaquira, magistrada de la Suprema, que fue electa por voto popular en diciembre pasado, y asuma su suplente. La acción se dio a raíz de la denuncia interpuesta por un ciudadano que cuestionaba la legalidad de los certificados presentados por Coaquira para su postulación al cargo ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Tras conocerse el caso, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, denunció un “intento de golpe” al Órgano Judicial y advirtió que constituye un mal precedente para el sistema democrático porque da lugar a la suspensión de “cualquier autoridad electa”.
La medida que anulaba las credenciales de la magistrada Coaquira fue suspendida por una acción constitucional, por lo que continuará ejerciendo sus funciones. Sin embargo, varias cabezas dentro de la Justicia han rodado tras darse a conocer el caso.
Además de Siles, el presidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz presentó su renuncia y el viernes quedó aprehendido tras presentarse a declarar ante el Ministerio Público. De igual forma, al menos cuatro juristas han sido detenidos: el juez Lea Plaza fue enviado a la cárcel de San Pedro con prisión preventiva por seis meses al igual que la ex vocal TDJ de La Paz, Claudia Castro, quien está acusada de haber elaborado los argumentos jurídicos para la emisión del fallo. En tanto, el magistrado suplente de Coaquira -que se beneficiaría con su destitución- obtuvo detención domiciliaria. Adicionalmente, el abogado que patrocinó la denuncia también fue aprehendido.
Los delitos por los que se investiga a los implicados en el caso incluyen tráfico de influencias, consorcio entre responsables del servicio de Justicia y falsificación de sellos y documentos oficiales, y pueden tener penas de hasta diez años.
Tras la intempestiva renuncia de Siles, que según la viceministra de Comunicación fue aceptada en buenos términos en el gabinete, el presidente Luis Arce posesionó a Jessica Saravia como ministra de Justicia, una abogada que ocupaba el cargo de viceministra en esa cartera. Sin hacer referencia a Siles, el jefe de Estado manifestó en su discurso que su Gobierno mantendrá una relación “armónica” y de “respeto” con todas las instancias del Órgano Judicial.
La Fiscalía continúa con las investigaciones declaradas en reserva y no se descartan nuevas imputaciones. El caso ha reactivado el debate en Bolivia sobre la independencia judicial y la politización del sistema de justicia. “Esto desnuda lo que venimos denunciado desde hace tres años (…) Hay logias que manejan y manipulan la justicia, en Bolivia no hay independencia judicial”, manifestó ante los medios la diputada opositora Lissa Claros.
