Organizaciones empresariales manifestaron su rechazo frontal a la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), la cual plantea regularizar viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.
Consideran que esta medida institucionaliza la ilegalidad y pone en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan al fondo.
En un comunicado conjunto, los empresarios señalaron que la propuesta contradice el mandato legal del Infonavit, una institución concebida para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para beneficiar a personas que han ocupado ilegalmente viviendas ajenas.
La crítica se centra en que, de las 168 mil viviendas censadas por la Secretaría del Bienestar —de un total de 843 mil—, un 86% están actualmente habitadas por personas que no tienen ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los propietarios legales.
Permitir que estas personas puedan acceder a dichas viviendas a un precio por debajo del mercado, afirmaron, representa un peligroso precedente jurídico y social.
Propiedad privada está asegurada
Durante su conferencia matutina del 18 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre esta propuesta. En su respuesta, aseguró que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de despojar a los legítimos propietarios de sus viviendas. También hizo un llamado a evitar “malas interpretaciones”.
Aunque los empresarios de la AMIB, CANACO CDMX, CONCAMIN, COPARMEX, COMCE y CNET, reconocieron esta postura presidencial, exigieron que se traduzca en acciones concretas por parte del Infonavit.
Aseguran que no basta con declaraciones: el Instituto debe frenar cualquier intento de institucionalizar la ocupación irregular. Reiteraron que la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras y legalmente fundamentadas.
También se hizo énfasis en la crisis financiera que enfrenta el Infonavit. Desde 2015, el Instituto ha registrado un aumento alarmante en su índice de morosidad, que pasó del 7.8 en 2018 a más del 18 por ciento en 2024.
Si se consideran los créditos segregados, el deterioro asciende al 32 por ciento, lo que significa que uno de cada tres financiamientos presenta problemas de pago.
En lugar de atender esta situación con mecanismos de recuperación para los acreditados, denuncian, se promueve una estrategia que agrava la crisis y pone en riesgo la viabilidad futura del fondo.
Otra preocupación es que esta medida equipara a los deudores con los invasores. Mientras que la administración pasada instruyó que no se desaloje a quienes tienen pagos vencidos, ahora se pretende aplicar esa misma lógica a quienes nunca han tenido vínculo alguno con el Infonavit, ni como acreditados ni como derechohabientes.
En muchos casos, las viviendas aún pertenecen al patrimonio de quienes están en proceso de pago o han cumplido con sus obligaciones.
El sector empresarial calificó esta propuesta como una “vulneración directa al derecho de propiedad” y una amenaza a la certeza jurídica del país. Además, recordaron que el Infonavit no tiene facultades para entregar escrituras ni celebrar contratos con personas no afiliadas al sistema. Estas funciones corresponden a otras dependencias, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) o la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).
Finalmente, los empresarios hicieron un llamado a la Asamblea del Infonavit para frenar cualquier intento de legalizar ocupaciones fuera del marco legal. Subrayaron que México necesita instituciones sólidas que operen con legalidad, responsabilidad y transparencia.
“Seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”, concluye el pronunciamiento empresarial.
