Banco Sabadell ha adelantado que está «inmerso» en la fase final de elaboración de su nuevo plan estratégico, que presentará el día 24 de julio, según ha comunicado este miércoles la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), un día después de que el Consejo de Ministros haya decidido autorizar la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre la firma catalana.
El ‘Plan estratégico 2025-2027’ contendrá los objetivos principales que guiarán la actividad del Grupo Banco Sabadell en los próximos ejercicios.
La compañía ha destacado que una vez finalizado y aprobado por su consejo de administración, previsto para el próximo mes de julio, se presentará el día 24 de julio, coincidiendo con la publicación de sus resultados del segundo trimestre de este año.
El Gobierno ha decidido este martes aprobar la OPA de BBVA sobre Sabadell a condición de que ambas entidades mantengan la personalidad jurídica y patrimonios separados y autonomía de gestión durante tres años, prorrogables por otros dos.
Transcurridos estos tres años, el Ejecutivo valorará la eficacia de la condición establecida, pudiendo ampliar su duración por un periodo adicional de otros dos años.
El departamento que dirige Carlos Cuerpo había percibido un potencial impacto en la garantía de un adecuado mantenimiento de los objetivos de regulación sectorial, la protección de los trabajadores, la cohesión territorial, la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de política social.
Esta decisión se produce después de que la CNMC aprobara la OPA con condiciones y tras recibir la no oposición por parte del Banco Central Europeo.
El Gobierno también ha decidido mantener los compromisos que aceptó la CNMC por parte de BBVA para autorizar la operación. Además, el ministro Cuerpo ha enfatizado en que no se podrán realizar expedientes de regulación de empleo relacionados con este proceso debido a que ambas entidades tendrán que seguir siendo independientes.
La decisión está fundamentada en cinco criterios de interés general distintos de la competencia: garantizar que se cumplen objetivos de regulación sectorial, proteger a las plantillas, la cohesión territorial, la política social y la promoción de la investigación y desarrollo.
Esta autonomía en la gestión de la actividad se deberá concretar, al menos, en el mantenimiento de una gestión y toma de decisión autónoma en relación con las decisiones de financiación y crédito, particularmente a pymes; recursos humanos, red de oficinas y servicios bancarios; y obra social a través de su fundaciones.
