Tras el fallido intento del Gobierno de completar la integración de la Corte Suprema en abril pasado, el Senado reanudó hoy el tratamiento de los proyectos que proponen ampliar el número de jueces del máximo tribunal. En esta oportunidad fueron invitados cinco expertos en la materia que, de manera unánime, coincidieron en que la futura integración de la Corte debería contemplar criterios de equidad de género y una perspectiva federal.
El debate se desarrolló en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales: allí expusieron María Esther Cafure de Battistelli, asesora y delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba; Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal; el constitucionalista Andrés Gil Domínguez; Alberto García Lema, convencional constituyente, y Liliana Piccinini, jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
La discusión se circunscribió a los aspectos jurídicos que implicaría la eventual ampliación de los miembros del máximo tribunal; los senadores deliberadamente evitaron dar la discusión política sobre el tema a la espera de que maduren las negociaciones entre el Gobierno y los bloques de la oposición. Por ahora la Casa Rosada se muestra esquiva y evitó pronunciarse sobre la conveniencia o no de incrementar el número de jueces de la Corte, que hoy funciona actualmente con solo tres de sus cinco integrantes. En el Senado avanza la idea de que se amplíe a siete o nueve miembros.
Así lo anticipó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo, del peronismo federal, al cierre del encuentro. “Queremos contar con la participación del Poder Ejecutivo, insisto con esto, porque es el que propone a los candidatos a integrar la Corte”, señaló.
“Esperamos arribar a un pronto dictamen, aunque sabemos que es difícil en este año electoral”, añadió.
El oficialismo, empero, dilata las definiciones a la espera del recambio parlamentario del 10 de diciembre. Los libertarios aspiran a robustecer su representación en el Senado y ganar margen de maniobra en una negociación que, admiten, es compleja.
Exposiciones
En el arranque de las exposiciones, María Esther Cafure de Battistelli insistió en que la futura integración de la Corte Suprema contemple la paridad de género.
“¿Por qué no las mujeres en forma igualitaria en la Corte Suprema de Justicia? Si en todos los tribunales del interior del país tenemos mujeres integrando los tribunales superiores. Por supuesto que no es paritaria, pero la intervención paritaria es hoy una obligación: ya la tiene el Poder Legislativo”, sostuvo la jurista, quien rechazó la propuesta de introducir un cupo femenino en el máximo tribunal. “El cupo ya está superado. Sería un paso atrás”, enfatizó.
A su turno, el constitucionalista Gil Domínguez coincidió en que una ley de ampliación de los miembros de la Corte debería incluir la “paridad de géneros” como así también una perspectiva federal, aunque insistió en que la norma por aprobarse no debería limitarse a esta cuestión sino que debería apuntar a una reestructuración integral del funcionamiento del máximo tribunal.
“Este tema (de la ampliación de miembros de la Corte) que es muy importante, pero si se trata de forma aislada, será un pequeño paso y no va a generar una reorganización eficaz del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia”, advirtió.
A juicio de Gil Domínguez, la Corte Suprema debería oscilar entre nueve, once o trece integrantes. “De esta manera, hay ciertas variables que por una cuestión de proporcionalidad aritmética tendrían más relevancia que si mantenemos esta Corte de cinco”, indicó.
Gil Lavedra, por su parte, planteó sus reparos. “Yo veo sumamente inconveniente en estos momentos modificar el número de miembros y a la vez estoy plenamente de acuerdo respecto al género y respecto también a la perspectiva federal. ¿Por qué creo que en este momento esto no sería conveniente? Porque la Argentina, como todos sabemos, padece de una muy baja institucionalidad, y respecto de la Justicia, de una crisis de confianza. Si se abre la suspicacia de que la modificación de los miembros de la Corte responde intereses políticos, se va a agudizar esa desconfianza”, indicó.
A su turno, García Lema introdujo la cuestión de la eficacia en la labor de la Corte. “El concepto de eficacia en la prestación del servicio de justicia debe ser tenido en cuenta para la determinación del número de miembros de la Corte Suprema. Si es un número excesivo, el concepto de eficacia se ve agravado”, advirtió el convencional constituyente quien, al igual que Gil Lavedra, cuestionó los proyectos que proponen ampliar la Corte para dividirla en salas.
“La Corte Suprema tiene en sus manos determinar la constitucionalidad de las normas. Si estuviera dividida en salas, podría haber eventualmente contradicción en sus sentencias”, sostuvo, y coincidió en que la futura integración debería contemplar la cuestión federal como la de género.
“Una Corte de siete o de nueve miembros puede tener una representación regional que equilibre, como lo dicen las normas, las diferentes necesidades de nuestro territorio si a las provincias se las agrupara por regiones”, sugirió.
