La madrugada del sábado 21 de junio, la vivienda del periodista Carlos Alarcón, ubicada en el sector Plataforma de Yurimaguas (Loreto), fue baleada por sujetos desconocidos en lo que se presume fue un intento de intimidación vinculado directamente a su labor periodística. La Policía Nacional del Perú halló 13 casquillos de bala en los alrededores: siete impactaron el frontis y seis fueron hallados a pocos metros del inmueble.
Este atentado ocurrió apenas días después de que el periodista recibiera amenazas vía WhatsApp, el lunes 16 de junio, cerca de las 11 de la noche. En ese mensaje se le exigía eliminar una publicación crítica realizada días antes en su página personal. Las amenazas incluyeron referencias explícitas a su vida y a la de su familia. “Plomo pediste y plomo vas a recibir”, concluía el mensaje, cuyo contenido fue denunciado ante la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).
Según explicó el propio Alarcón, la amenaza está vinculada a una publicación que realizó en Facebook, titulada “¿Qué hiciste, Juvinal?”, en la que denunció que el alcalde de Rioja habría entregado más de 8,000 metros cuadrados de terreno público a una persona que luego los vendió por S/ 60,000. La denuncia apunta además a una presunta complicidad de algunos regidores y fue acompañada de un llamado público a la Contraloría General de la República para que intervenga en el caso.
La ANP emitió un comunicado condenando el ataque y exigiendo garantías personales para el periodista. “El Estado tiene el deber de garantizar la vida y seguridad del periodista Carlos Alarcón y su familia, y debe actuar sin dilaciones”, enfatizó la organización. Además, instó a una pronta investigación que permita identificar a los autores del atentado.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) también se sumó al repudio y exigió que el Ministerio del Interior y el Ministerio Público actúen con celeridad para proteger a Alarcón. “Reclamamos una pronta investigación que dé con los culpables, así como medidas de protección que garanticen su seguridad, el derecho al trabajo y la libertad de expresión del periodista”, señaló.
Más de 100 ataques contra la prensa en 2025
Este nuevo atentado se enmarca en un contexto nacional preocupante para la prensa. Según el informe Termómetro de Libertad de Prensa, publicado por la ANP con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, solo en los primeros cuatro meses de 2025 se registraron 101 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país.
Entre ellas destacan 34 casos de hostigamiento y amenazas, 24 de agresiones físicas o verbales, 22 de discursos estigmatizantes, 11 casos de obstaculización de la cobertura informativa, así como intimidaciones judiciales y amenazas legislativas.
Además, el informe resalta dos asesinatos de periodistas en lo que va del año. El primero fue el de Gastón Medina, director de Cadena Sur TV, asesinado a balazos el 20 de enero cuando salía de su vivienda en Ica. Medina era conocido por sus investigaciones sobre corrupción en el Gobierno Regional y en el sistema de transporte.
Poco antes de su asesinato, había recibido amenazas directas. “Te crees vivo, ya vas a caer”, le escribieron a su celular. Según su viuda, Medina “denunciaba todos los actos de corrupción con pruebas” y “la única forma de callarlo era matándolo”.
El segundo crimen ocurrió el pasado 7 de mayo en Iquitos, donde el periodista Raúl Celis López, de Radio Karibeña, fue asesinado por sicarios mientras se dirigía a su centro de trabajo. Celis era reconocido por su programa Hora Cero, desde donde abordaba temas de corrupción política y problemáticas sociales. Todo indica que su asesinato fue un crimen planificado: los atacantes conocían su rutina y actuaron con precisión.
Violencia hacia la libertad de prensa
Organizaciones como la ANP y la Federación Internacional de Periodistas advirtieron sobre un clima hostil contra la prensa en el Perú, alimentado por discursos de estigmatización, inacción estatal y la falta de medidas estructurales para proteger a quienes ejercen el periodismo.
La ANP reiteró que la situación actual representa un riesgo no solo para los periodistas, sino para la ciudadanía, que ve limitado su derecho a recibir información veraz e independiente. Además, solicitó a la Defensoría del Pueblo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que monitoreen de cerca el caso de Carlos Alarcón.
Mientras tanto, el periodista permanece en Yurimaguas junto a su familia, bajo temor y sin garantías reales de protección. La Asociación Nacional de Periodistas advierte que si las autoridades no actúan de manera inmediata, podrían repetirse casos fatales como los ocurridos en Ica e Iquitos.
