Tras la última cumbre de la OTAN, Donald Trump lanzó advertencias hacia España que han hecho saltar las alertas en el país. El presidente estadounidense expresó su descontento tras conocer las declaraciones de Pedro Sánchez, quien señaló que España no cumplirá con el objetivo del 5% del gasto en defensa acordado. “Vamos a hacer que pague el doble”, aseguró Trump.
Según el Gobierno español, el gasto previsto del 2,1% es suficiente para responder a las demandas de la alianza. España ha sido el único país de los miembros de la OTAN en rechazar elevar el gasto, lo que desató las amenazas con una posible respuesta a través de aranceles por parte de Trump.
El ejecutivo español se ha defendido desde el principio asegurando que las negociaciones arancelarias dependen de la Comisión Europea, y Bruselas ha ratificado esta información. No obstante, existen otros métodos económicos con las que podría responder Estados Unidos.
Licitaciones públicas y perder su tecnología
Un informe de la Cámara de Comercio de España, del que ha informado Europa Press, explica distintas restricciones que podrían imponerse a las empresas españolas en Estados Unidos. Para empezar, podría complicarse la participación de compañías españolas en procesos de licitación pública.
Un ejemplo del riesgo de perder estos contratos es el caso de Ferrovial. Esta compañía, española especializada en infraestructuras y servicios ha logrado adjudicaciones para la construcción, gestión y mantenimiento de autopistas, carreteras y otras infraestructuras públicas en el país norteamericano.
Por otro lado, podría darse una restricción al acceso de tecnologías norteamericanas, entre ellas servicios de computación en la nube o sistemas de encriptación. Muchas compañías españolas emplean plataformas tecnológicas procedentes de Estados Unidos, que desde hace décadas se ha consolidado como uno de los grandes productores de este sector.
Barreras a los bancos y los alimentos
Otra de las posibilidades que podría llevar a cabo es establecer obstáculos regulatorios para la operación de bancos y consultoras en territorio estadounidense. De esta forma, entidades bancarias españolas que busquen oportunidades en Estados Unidos, como financiación comercial o concesión de préstamos, podrían verse afectadas.
Santander opera en Estados Unidos a través de distintas filiales, destacando Santander Bank, N.A., cuya sede se localiza en Boston. Lleva a cabo distintos servicios, como préstamos al consumo o la gestión de tesorería. Este tipo de actividades es el que podrían sufrir trabas.
En lo referente a las inversiones, la administración estadounidense tendría la posibilidad de advertir a sus empresas sobre posibles riesgos políticos o fiscales asociados a invertir en España, así como poniendo trabas a compañías españolas interesadas en adquirir firmas estadounidenses. También podría presionar a fondos de inversión del país para que disminuyan su presencia en áreas clave del mercado español.
Finalmente, otra acción que podría llevar a cabo Estados Unidos es adoptar es aumentar las exigencias fitosanitarias para productos agroalimentarios como frutas, vino u aceite, bajo el argumento de la protección de la salud pública. Podría requerir nuevas certificaciones para maquinaria o bienes industriales procedentes de España, mediante la imposición de controles técnicos adicionales o mayores barreras.
