La provincia de Buenos Aires llora lágrimas de sangre. Es el reducto del kirchnerismo recalcitrante que destrozó al país en el nivel nacional durante los últimos veinte años y que encuentra allí, en la provincia más extensa y poblada del país, su perversa guarida. Un olor nauseabundo y antirrepublicano emana de su Legislatura, que tuvo la escandalosa osadía de dar media sanción a un proyecto de ley que, en un contexto social de necesidades insatisfechas, dispuso la reelección indefinida de sus diputados y senadores.
En la provincia de Buenos Aires, la Constitución local prevé que el gobernador solo tiene la posibilidad de desempeñarse durante dos períodos consecutivos, pero cuando se refiere a los diputados y senadores locales, si bien el texto constitucional establece la duración del mandato –cuatro años–, omite referirse al tema reelección. Es, entonces, la ley electoral de la provincia la que dispone una sola reelección para los legisladores provinciales (dos períodos consecutivos), y es la ley 14.836 la que dispone lo mismo para los intendentes.
Sin embargo, el Senado provincial, en una macabra maniobra antirrepublicana, decidió aprobar un proyecto de ley oportunamente presentado por el senador oficialista Luis Vivona –que aún debe ser tratado por la Cámara de Diputados del Congreso provincial–, a través del cual se consagra la reelección indefinida de diputados y senadores locales. Y allí, como si el destino los uniera en una suerte de “pacto para la protección de intereses comunes”, los senadores oficialistas fueron apoyados por tránsfugas que llegaron al recinto en la lista de La Libertad Avanza, pero que luego traicionaron a sus electores, separándose del bloque opositor. Los nombres deben ser expuestos (Carlos Kikuchi, Sergio Vargas y Silvana Ventura); pero las complicidades no terminan ahí, porque el proyecto también fue votado por algunos senadores de otros partidos.
En la provincia de Buenos Aires, la delincuencia y la inseguridad asuelan cada día a su sufrida población; pero, además, la educación es paupérrima, los hospitales están en condiciones desdorosas, la pobreza alcanza a la tercera parte de los habitantes y la presión impositiva es escandalosa. Sin embargo, los senadores provinciales parecieran vivir en Narnia, el país ficticio y de fantasía imaginado por el escritor irlandés Clive Lewis, y atendiendo pura y exclusivamente a sus propios intereses, no se les ocurre mejor idea que “brindarse” la posibilidad, obviamente por medio del voto popular, de perpetuarse en sus bancas legislativas, como si eso le interesara un ápice a la sufrida población de la provincia.
El argumento esgrimido por el autor del proyecto (Luis Vivona) es digno de un rotundo “bochazo” universitario en cualquier curso de derecho constitucional de cualquier Facultad de Derecho, pública o privada del país. Sostiene el senador que, de no permitirse la reelección indefinida de los legisladores, se les estaría vulnerando el “derecho de ser elegidos” en elecciones libres y democráticas, así como se afectaría el derecho de votar de los ciudadanos.
No solamente el senador referido vive en Narnia, sino que, además, demuestra un supino e injustificable desconocimiento del derecho constitucional, asignatura en la que los constitucionalistas enseñamos, entre otras cosas, la vigencia y protección de nuestros derechos y libertades. En efecto, ni en la Argentina, ni en ningún país del mundo existen derechos absolutos, y por lo tanto todos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; sobre todo los derechos políticos, que tienen, desde 1994, reconocimiento expreso en la ley fundamental, cuyo artículo 37 dispone que se ejercen “con arreglo a las leyes que se dicten en consecuencia”. Por lo tanto, los derechos pueden ser susceptibles de limitaciones y restricciones, que son definitivamente válidas en la medida en que tengan razonabilidad y sean efectuadas por ley.
El proyecto que presentó Vivona es efectivamente el de una ley, pero su irrazonabilidad es manifiesta, porque no solo para la Constitución nacional, sino también para los tratados internacionales con jerarquía constitucional los derechos pueden ser reglamentados y limitados razonablemente, y no hay nada más razonable, en el contexto de un sistema republicano de gobierno fundado en la alternancia en el ejercicio del poder, que limitar los mandatos de los gobernantes.
Es cierto que en la Constitución nacional los legisladores nacionales tienen la posibilidad de ser reelegidos indefinidamente, pero eso no obliga a las provincias a decidir la misma suerte para sus propios legisladores, y mucho menos en una provincia en la que, como la de Buenos Aires, se necesitan legisladores que velen por satisfacer las necesidades de la gente, y no las propias.
