El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), encabezado por Kristi Noem, confirmó la implementación de un nuevo marco legal que modifica los procesos sancionatorios para personas que no cumplen con las normas migratorias. Desde el 27 de junio de 2025, se elimina el tradicional período de advertencia y se permitirá que las multas se impongan sin previo aviso.
La administración Trump elimina el plazo previo antes de imponer sanciones migratorias
Esta disposición, emitida conjuntamente por el DHS y el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), establece que ya no será necesario un “Aviso de Intención de Multa” antes de sancionar económicamente a migrantes que no abandonen EE.UU. tras una orden judicial o que ingresen de forma no autorizada.
“Se dispone que un extranjero detenido al entrar o intentar entrar a EE.UU. de forma indebida estará sujeto a una sanción civil”, detalló la agencia en el documento compartido por el Registro Federal. “El DHS cree que la naturaleza de las sanciones por no salir del país y por entrada ilegal respalda la necesidad de procedimientos más simplificados”, agregó.
Cómo cambia el proceso de sanción para migrantes a partir del 27 de junio
Con esta nueva norma, el procedimiento administrativo se modifica radicalmente. El proceso, que anteriormente incluía entrevistas, aviso por correo certificado y plazos de apelación más amplios, será reemplazado por un sistema simplificado controlado en su totalidad por el DHS.
Ahora, las decisiones serán comunicadas mediante un documento único que contiene tanto la resolución como la orden de multa. Este podrá ser entregado en persona o enviado por correo regular. Las apelaciones deben presentarse en un plazo de 15 días hábiles, sin posibilidad de extensión, y se resolverán únicamente sobre la base de documentos escritos, sin audiencias presenciales.
Otro cambio relevante es que las apelaciones ya no serán revisadas por la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia, sino por un supervisor del DHS, distinto al oficial que impuso la sanción. La resolución que este emita será definitiva y no podrá ser reabierta por solicitud del migrante, aunque la agencia sí podrá hacerlo de oficio.
Aplicación inmediata sin proceso de consulta pública
El reglamento fue implementado sin pasar por el procedimiento estándar de comentario público. El DHS justificó esta decisión en tres fundamentos legales:
- El carácter administrativo de la norma.
- Su vinculación con funciones diplomáticas.
- La existencia de una “causa justificada” debido a la urgencia de abordar la situación migratoria actual.
Según el texto oficial, los procedimientos anteriores estaban diseñados para sancionar a empresas de transporte y no eran adecuados para la actual escala de infracciones migratorias individuales. La nueva estructura legal permite aplicar las multas más rápidamente y sin los costos administrativos del modelo anterior.
El gobierno argumenta que este sistema no vulnera el debido proceso, ya que se basa en datos verificables del sistema federal, como órdenes judiciales de expulsión o registros de entrada ilegal. Además, se mantiene un mecanismo de revisión interno y se considera que los migrantes fueron informados adecuadamente de sus obligaciones, como mantener actualizada su dirección de residencia.
“El presidente Trump y la secretaria Kristi Noem están defendiendo la ley y el orden, y haciendo que nuestro gobierno sea más eficaz y eficiente en la aplicación de las leyes de inmigración del pueblo estadounidense”, aseguró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, según lo retomado por ABC News.
En esa misma línea, agregó: “Sanciones financieras como estas son una razón más para que los inmigrantes indocumentados utilicen la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP Home) para autodeportarse ahora, antes de que sea demasiado tarde”, agregó.
El reglamento forma parte del plan migratorio de la actual administración, que apunta a incrementar las expulsiones y desalentar el ingreso no autorizado. El DHS y el DOJ sostienen que las multas económicas buscan fomentar el cumplimiento voluntario y reducir la carga del sistema judicial migratorio.
Qué conductas de migrantes serán penalizadas y cuánto costarán
El nuevo marco sancionatorio se enfoca en tres tipos de incumplimientos:
- Falta de salida voluntaria: quienes hayan recibido un permiso para salir del país por su cuenta y no lo hagan, enfrentan multas de entre US$1992 y US$9970, según el tiempo de incumplimiento y ajustes inflacionarios.
- Incumplimiento de una orden de expulsión definitiva: a quienes no abandonen EE.UU. luego de una orden de expulsión, no soliciten documentos a tiempo o no se presenten ante autoridades migratorias, se les aplicarán sanciones diarias que pueden alcanzar los US$998.
- Ingreso o intento de ingreso sin autorización: cada intento de cruce no autorizado será sancionado con entre US$100 y US$500, y la cifra se duplicará para quienes reincidan.
Hasta mediados de junio, el DHS había emitido ya 10.000 notificaciones de este tipo, por lo que señaló que la implementación rápida permitirá alcanzar sus metas migratorias con mayor efectividad.
