Un empresario agroindustrial de la avicultura decía por estos días: “el año que viene tiene que haber una gran reforma impositiva y laboral”. Cercano a la visión del Gobierno, el ejecutivo sostenía frente a sus interlocutores que la competitividad del país se juega un desafío crucial en 2026, tras la definición del escenario político en las elecciones legislativas de octubre próximo.
Con vistas a preparar el Día de la Avicultura, el próximo miércoles, el empresario tenía en claro que la cadena necesita bajar los costos tributarios y laborales (no salariales) para mantenerse competitiva. Como tantos otros en la agroindustria, ponía el ejemplo de Brasil para identificar un país que tiene una visión de largo plazo más allá del signo político de quién gobierne. “La industria avícola brasileña ya genera más dólares que la exportación de autos”, decía.
El mismo desafío que tienen quienes manejan empresas agroindustriales lo enfrentan quienes están en el origen de la cadena. De allí que en los últimos días se multiplicaran los reclamos públicos de entidades rurales para que el Gobierno mantenga la reducción de las alícuotas de Derechos de Exportación para la soja, el maíz, el girasol y el sorgo que anunció a fin de enero pasado. Al cierre de esta edición, pese a la insistencia del ruralismo, el Gobierno no había aclarado si iba a mantener la reducción o sostenía el decreto del verano.
Apenas el vocero presidencial, Manuel Adorni, expresó: “Respecto de las retenciones, el esquema nunca se modificó en realidad, lo que se hizo fue una modificación transitoria, excepto para las economías regionales [se eliminaron derechos de exportación que quedaban]. Todavía no hay ninguna determinación, en caso de que la haya la vamos a comunicar, pero todavía no hay ninguna definición al respecto”.
Esa “modificación transitoria” está en camino a parecerse demasiado a la invención del “dólar soja” creada hace casi tres años por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Se ofrece un incentivo de corto plazo para adelantar las ventas de los productores para que los exportadores aceleren la liquidación de divisas y que se incremente la disponibilidad de dólares en el mercado cambiario.
“En 2023, el consenso era unánime: las retenciones son un robo. Hoy, lo que también queda claro es que fue el propio gobierno nacional el que no cumplió su compromiso asumido ante la sociedad y ante el sector productivo, bajo el argumento de cargarnos con la responsabilidad de sostener las variables macroeconómicas del plan. Un argumento que no resulta válido, ya que dichas variables no se vieron afectadas entre enero y la actualidad”, expresó una declaración fuertemente crítica del Distrito 4, de la Sociedad Rural Argentina (Córdoba).
En rigor, Javier Milei, en la campaña electoral de 2023 no habló de una fecha específica de eliminación de las retenciones aunque sí dijo que era su propósito hacerlo. Mencionó sí, la posibilidad de implementar algún mecanismo transitorio de alivio. “Durante la transición, las retenciones se van a utilizar para adelanto del pago de impuestos a las ganancias, de modo tal que el sector quede liberado de esta situación”, expresó el candidato libertario en las jornadas organizadas por la SRA en la Exposición de Palermo de 2023. Pasó un año y medio desde que se hizo cargo del Poder Ejecutivo y no hubo ninguna propuesta de instrumentar un esquema de ese tipo.
El argumento del Gobierno para no llevar las retenciones a cero es que no están dadas las condiciones macroeconómicas para concretar una rebaja impositiva y que primero tiene que lograr la baja del gasto público. Dice que la liberación del cepo cambiario para las personas y la desburocratización del Estado les están devolviendo competitividad a las empresas.
En el caso de la producción agrícola, a diferencia de otros rubros de la economía, los Derechos de Exportación (DEX) llevan más de dos décadas desde su incremento y representaron una transferencia de ingresos desde el sector privado hacia el Estado por unos US$200.000 millones. Ese monto no volvió a los lugares donde se originó en forma de mejor infraestructura, educación, salud o seguridad para hacer más vivible el interior profundo. En definitiva, la discusión es sobre el modelo de futuro, no de un mero reclamo sectorial de quienes, supuestamente, estarían buscando una “ventaja corporativa” aunque haya funcionarios que quieran presentarlo de ese modo. De no haber cambios en la resolución de enero, la gestión libertaria va camino a pegarse un verdadero tiro en el pie.
