El expresidente Martín Vizcarra, quien enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción durante su mandato como gobernador de Moquegua, continuará en libertad tras la decisión del Poder Judicial que desestimó el pedido de prisión preventiva por seis meses que había solicitado la Fiscalía. Vizcarra está siendo investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, relacionado con la recepción millones de soles en sobornos en contratos de proyectos.
A pesar de las acusaciones, el juez Víctor Alcocer, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no consideró que existieran elementos suficientes para dictar prisión preventiva. En cambio, dictó medidas cautelares más leves, que incluyen la restricción de salida del país y la prohibición de acercarse a embajadas.
La decisión generó todo tipo de reacciones. Sin embargo, especialistas explicaron que los argumentos presentados por Fiscalía no tuvieron el peso necesario para que el juez ordenara prisión preventiva.
Acusación de corrupción
Martín Vizcarra está siendo investigado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su periodo como gobernador de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. Según las autoridades, el exmandatario habría recibido 2.3 millones de soles en sobornos de parte de empresas constructoras a cambio de influir en la adjudicación de licitaciones para los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Vizcarra bajo el argumento de que existía riesgo de fuga y que la libertad del exmandatario podría entorpecer el proceso de investigación. Sin embargo, el juez Alcocer consideró que los elementos presentados por la Fiscalía no eran suficientes para justificar la medida, por lo que el magistrado ordenó una serie de restricciones que, según su interpretación, eran suficientes para garantizar que Vizcarra no obstaculizara el proceso judicial.
Especialistas explican decisión del Poder Judicial
En una entrevista con RPP, el abogado penalista Vladimir Padilla explicó que la decisión del juez fue el resultado de que “no le han convencido los argumentos” que el fiscal Germán Juárez Atoche presentó para sustentar la solicitud de prisión preventiva.
Padilla señaló que, a pesar de que la acusación era grave, los argumentos presentados por la Fiscalía no mostraban un peligro inminente de fuga. “El fiscal le ha venido con unos argumentos que a mí todavía no me convencen que esté cercano a ser declarado culpable. Ahí yo sí creo que le ha faltado robustez al pedido fiscal”.
Sin embargo, el abogado también opinó que la defensa de Vizcarra tampoco fue completamente sólida al pedir una comparecencia simple. Según Padilla, el juez consideró que existían “elementos que vinculan a Vizcarra con el delito”, lo que llevó a la decisión de no permitir una comparecencia sin restricciones. “Sobre el tema del peligro de fuga, al establecer esas medidas, está tomando todas las reglas para evitar que eso ocurra: no te acerques a las embajadas, no te comuniques con funcionarios diplomáticos y no puedes salir del país”, explicó.
Video en el terminal y arraigo de Vizcarra
Otro punto clave en el análisis de los abogados fue la presentación de un video en el que se ve a Martín Vizcarra en un terminal terrestre de Moquegua, sin la seguridad estatal que normalmente le correspondería como expresidente. La Fiscalía utilizó este video como parte de su argumento de que Vizcarra podría estar intentando fugarse del país, lo que justificaría la prisión preventiva. Sin embargo, el abogado penalista Julio Rodríguez Delgado consideró que este video no tenía “la suficiencia para llevar a un magistrado a dictaminar la figura de prisión preventiva”.
“Recuerde usted que lo que se necesita es un estándar, no de una sospecha o una conjetura. Que una persona esté en un terminal terrestre del lugar donde se le ha permitido ir para realizar determinadas labores profesionales, no significa claramente que estemos ante la conclusión de una elevada sospecha de que se está próximo a fugar”, explicó el letrado para el citado medio.
Rodríguez Delgado también abordó el tema del arraigo laboral de Vizcarra, que la defensa consideró débil, dado que su empleo actual está vinculado a una empresa cuyo gerente general es su propio hermano. A pesar de esto, el abogado señaló que el juez valoró el arraigo familiar y el domiciliario, que fueron considerados suficientes para garantizar que Vizcarra no intentara huir del país. “Si la conclusión es que el arraigo tiene la suficiencia, evidentemente vamos a ir descartando el peligro de fuga”, afirmó el abogado.
“No tenía un arraigo laboral muy fuerte, pero los otros arraigos lo compensaban”, indicó que abogado, quien concluyó que la decisión del juez fue correcta al valorar estos factores de manera equilibrada.
Según el abogado, el juez entendió que, a pesar de la debilidad del arraigo laboral, existían suficientes pruebas de que Vizcarra no representaba un peligro de fuga. “En el caso peruano, somos muy proclives a tener empresas familiares donde interactúa casi toda la familia”, explicó, lo que permitió al magistrado concluir que el arraigo familiar de Vizcarra era sólido, compensando la falta de un fuerte arraigo laboral.
Videos de la Fiscalía: ¿un error que favoreció a Vizcarra?
Finalmente, el abogado Mario Amoretti, exdecano del Colegio de Abogados de Lima, opinó que la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía fue un “error”. Amoretti consideró que el planteamiento estuvo mal fundamentado, especialmente en relación con los videos presentados como prueba.
“Los videos presentados por la Fiscalía, lejos de perjudicarlo, lo favorecieron”, señaló elabogado para el mismo medio. Explicó que los videos, en los que se veía a Vizcarra sin seguridad en la frontera, no demostraban un intento de fuga, lo que debió haber sido un elemento clave para la solicitud de prisión preventiva.
Amoretti recordó que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han sido claros al establecer que para demostrar el peligro de fuga se debe contar con evidencia objetiva de un intento. “Para los efectos de demostrar la posibilidad de fuga tiene que ser de manera objetiva; es decir, un intento de fuga. Si él estuvo en la frontera, no se fugó y no hizo ningún intento”, concluyó.
En ese sentido, los letrados señalaron que la decisión del juez de no dictar prisión preventiva contra Martín Vizcarra se basó en la falta de elementos suficientes que demostraran un peligro de fuga, así como en el análisis de los arraigos presentados. A pesar de las acusaciones de corrupción, el exmandatario continuará en libertad, sujeto a las restricciones impuestas por el juez.
