En la Argentina un envenenamiento masivo ya provocó 52 muertes, pero por lo bajo todos los involucrados saben que son cientos. Se sabe quiénes fueron los responsables, quiénes los que no controlaron y quiénes forman parte del sistema de protección. Centenares de familias lloran a sus muertos por una rara “pulmonía bilateral”, sin saber su causa real de deceso. No saben que detrás de la tragedia hay un común denominador: fentanilo, además de potenciales vínculos con el narcotráfico, sospechas de protección política y una trama con ramificaciones en lo más alto del poder.
Hace cuatro meses, antes de que el fentanilo adquiriera notoriedad por los lotes contaminados que le produjeron la muerte a por lo menos 48 personas, LA NACION habló con una alta fuente internacional respecto de la presencia de la droga en la Argentina. La inquietud partía del potencial crecimiento de circulación en el país, frente a un Estados Unidos en vilo por los estragos causados en el consumo local. “Observen atentamente a los laboratorios truchos que tienen en su poder fentanilo; importaron en la pandemia sin control de ningún organismo”, alertó.
El drama del fentanilo en mal estado es apenas la punta del iceberg de una historia que esconde ribetes escabrosos. Cerca de 50 familias argentinas velaron sus muertos y otras tantas ni siquiera sospechan que este veneno fue la causa de la pérdida repentina de sus seres queridos.
Mientras tanto, los responsables del laboratorio que produjo el medicamento se mantienen en libertad. La Justicia se movió demasiado lento como para poder encontrar pruebas concluyentes y los reguladores estatales, encargados de apercibir y clausurar en caso de una anomalía, permanecen callados y paralizados por el miedo.
Según la United States Drug Enforcement (DEA), el fentanilo es un opioide sintético que se usa habitualmente para tratar a pacientes con dolor crónico o dolor intenso después de una cirugía. “Es una sustancia controlada de la Lista II, similar a la morfina, pero aproximadamente 100 veces más potente; bajo la supervisión de un profesional médico colegiado, el fentanilo tiene un uso médico legítimo”, define el organismo.
El veneno está suelto. Hay 3000 dosis producidas en el Laboratorio Ramallo y en HLB Pharma repartidas en tres lotes de 1000 cada una que todavía no se sabe dónde están. La próxima muerte puede suceder ahora mismo. Las irregularidades del laboratorio han sido tan manifiestas que no es posible tener la trazabilidad de una droga letal, controlada como ninguna en todo el mundo.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) confeccionó 180 infracciones en el laboratorio y jamás se lo clausuró sino hasta la tragedia de las muertes que, en mayo pasado, se sucedieron en el hospital Italiano de La Plata.
Pero, como se dijo, no sólo las partidas en mal estado son el problema de los dos laboratorios. La mayor preocupación para quienes se ocupan de monitorear los flujos del narcotráfico son las empresas que, en las sombras de la desidia y la protección política, eran capaces de derivar el fármaco al mercado negro. Unas semanas después del alerta internacional, HLB Pharma y Laboratorios Ramallo fueron apuntadas como responsables de las primeras muertes registradas en el Hospital Italiano de La Plata, como consecuencia de ampollas de fentanilo no estériles. Estos laboratorios, de profundos vínculos con el poder, ¿eran aquellos sobre los que caía la advertencia? Hoy, la investigación apunta tanto a la falta de control de calidad como a la verdadera cantidad.
HLB Pharma tenía en su poder fentanilo en ampollas y citrato de fentanilo, materia prima para producir el primero.
Durante la pandemia, el laboratorio importó un poco más de 9 kilos, de los cuales habría utilizado cerca de cinco. En marzo, hubo una inspección de Sedronar (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina) tanto a sus instalaciones primarias, ubicadas en San Isidro, como a su laboratorio hermano, en Ramallo, ambos de los mismos dueños, los García Furfaro (Ariel, Diego y Damián), además de la madre, Nilda Furfaro, que suele figurar como socia o directora en algunas de las sociedades.
El organismo dejó constancia en actas de que se encontraron 4 kilogramos de citrato de fentanilo en HLB y otro kilo y medio en la sede de la localidad de Ramallo.
El 26 de mayo, cuando la Justicia allanó los establecimientos tras las muertes asociadas a su marca de fentanilo, no encontró nada. El compuesto había desaparecido.
Un dato estremecedor aparece en un estudio de la DEA, la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos: “Las organizaciones de narcotráfico suelen distribuir fentanilo por kilogramo. Un kilogramo de fentanilo tiene el potencial de matar a 500.000 personas.»
Por cada kilo de polvo de fentanilo salen cerca de 2 millones de ampollas. En el país se emplean alrededor de 200.000 ampollas por mes con lo cual, la demanda anual está en torno a 1,2 millón de dosis.
En síntesis, y en supuesto que solo HLB Pharma fuera la única empresa que abasteciera a todo el territorio, la materia prima que tenía en su poder en marzo hubiese sido suficiente para todo el consumo nacional por casi cuatro años y medio.
El fentanilo desapareció. Semejante irregularidad generó que la Justicia ya no sólo investigue las muertes sino también que empiece a enderezar la hipótesis hacia la posibilidad de que haya narcotráfico.
Así quedaron planteadas las cosas. Sin demasiado movimiento de la Justicia, los hermanos García Furfaro pudieron construir un contrafuego para intentar explicar qué pasó con semejante cantidad de fentanilo desaparecido. La semana pasada, los apoderados de los laboratorios de las muertes se presentaron ante Ernesto Kreplak, el juez que entiende en la causa y hermano de Nicolás, ministro de Salud bonaerense.
Mediante una presentación espontánea, los responsables de las plantas dijeron haber destruido el citrato de fentanilo y unas 2 millones de ampollas de fentanilo. Para probar aquella “maniobra”, presentaron papeles de las empresas en donde habrían realizado la disposición, así como también quiénes lo habrían transportado y la escribana que estuvo presente. Se trataba de una empresa de gestión de residuos peligrosos que solían contratar, llamada MD Servicios SRL. Todas fueron allanadas. Otro problema: si fuera cierto el destino de la mercadería, los documentos indicarían que lo hicieron después de la medida de no innovar de Anmat, que les prohibió mover cualquier cosa de los laboratorios.
A esta justificación para explicar la ausencia de la droga se le suma un hecho más que hace todo más inverosímil aún. Unos días antes de que los allanaran, HLB Pharma reportó una entradera en sus oficinas. Dijeron que se habían llevado las cajas fuertes en donde, según el reporte de Sedronar de marzo, por tratarse de material peligroso y sensible, guardaban el citrato de fentanilo.
La explicación no cierra ya que el material necesita de condiciones específicas de temperatura, humedad y estabilidad para estar preservado correctamente. Una fuente que conoció de cerca el proceso contó a LA NACION que estos protocolos fueron continuamente violados en los laboratorios.
Los propios García Furfaro solían llevar ese material de un lugar a otro en sus camionetas. Algunos exempleados recuerdan una mañana, a las 9 y durante la pandemia, por alguna razón llegaron y “se llevaron todo” con destino a unos galpones en el kilómetro 46 del Acceso Oeste, en General Rodríguez. Allí tienen otra empresa: Cables Epuyén.
Esta empresa es una de las tantas que conforman un notable entramado societario y comercial de los García Furfaro. De hecho, en esta compañía, dueña de una formidable planta de galpones en el corazón industrial de zona Oeste, figura como gerente titular de la sociedad Damian García Furfaro desde agosto de 2022. La firma arrastra enormes deudas de impuestos y cargas sociales impagos y tiene gran parte de su cartera crediticia en situación 5 con una acreencia del Banco Credicoop de alrededor de 570 millones de pesos.
El lento accionar judicial jamás llegó a ese predio ubicado a metros de la autopista, pero hay conocedores del asunto con los que LA NACION dialogó en estas últimas semanas que consideran que podría haber sido un lugar donde pudo haberse guardado aquel tesoro mortal en polvo.
Hay otra explicación extraoficial, reconstruida por testimonios reservados que estas fuentes entregaron a estos cronistas. García tiene otra sociedad muy conocida. Se trata de Tres Arroyos, una empresa dedicada al rubro alimentos y cereales. Cuatro camiones con este logo habrían llegado a San Isidro y luego parado en Ramallo a recolectar pallets de ampollas de fentanilo y el citrato de fentanilo unos días antes que la Justicia haga sus allanamientos. Luego, habrían salido para General Rodríguez, donde habría quedado la mercadería en los galpones.
Gran parte del desvío ocurrió en las narices de la Anmat. De hecho, en el proceso de producción del opioide que se utiliza diariamente en las terapias intensivas y en el quirófano, está gran parte de la explicación de cómo registraban el uso del fentanilo.
De acuerdo con lo que reconstruyó LA NACION, cuando un laboratorio elabora un fármaco siempre se registra una “merma”. El término refiere al porcentaje de producción que se pierde por errores o problemas de calidad, así como también por la acumulación que queda en diferentes partes del camino.
Lo explica así, a modo de ilustrar, un conocedor del asunto: “Cuando se pone 100 miligramos de un producto en el inicio del proceso nunca sale eso por el otro lado; es decir, se introducen 100 de un lado del caño y en el otro extremo sale entre 94 y 92, esa es una merma media de mercado”.
Ese porcentaje de “pérdida” queda fuera de la venta. En general, las empresas de este rubro registran entre un 4% y 8% de merma. HLB registraba, según fuentes consultadas por LA NACION, entre un 24% y 25% de “pérdida”.
Para algunos, tornaría inviable el emprendimiento una pérdida constante de esta magnitud. Dicho de otra manera, por cada cuatro pasadas, una quedaba fuera del mercado y podía ser desviada la mercado ilegal. Todos estos documentos de la merma duermen el sueño eterno en la Anmat, el organismo que los debería haber controlado.
Dentro de la empresa, de acuerdo con testimonios recabados, existía lo que llamaban el “canal veterinario”. Presuntamente, una porción importante del fentanilo que se vendía se destinaba al tratamiento en animales, algo no recomendado. Esta merma atípica está siendo observada por la investigación judicial y es, posiblemente, la que habrían transportado antes de los allanamientos a las plantas de Epuyén.
Mientras la Argentina se conmueve por muertes repentinas, el fantasma del fentanilo en mal estado arrecia en gran parte del sistema de salud pública, principales compradores de los laboratorios HLB y Ramallo. A eso se suma el narcotráfico y los principales carteles de drogas del planeta, únicos eventuales compradores de varios kilos del polvo mortal que en el último año se llevó centenares de miles de vidas en todo el mundo.
