La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a 30 años de prisión contra Jorge Antonio Torres, un pastor religioso que durante más de un año y medio mantuvo cautiva a una adolescente, a quien sometió a reiterados abusos físicos, sexuales y psicológicos en su vivienda de la localidad bonaerense de Tapalqué. Incluso la entregó para que otros hombres abusaran de ella y la obligó a realizar prácticas de zoofilia.

El caso, que conmocionó a la comunidad, comenzó a investigarse en 2013, cuando la joven logró escapar y pedir ayuda. Su testimonio reveló un entramado de violencia sistemática que incluyó violaciones diarias, aislamiento total, golpizas, y la obligación de participar en actos sexuales con desconocidos y prácticas aberrantes que incluían a dos perros. La víctima fue privada de su libertad desde los 16 años, el pastor había comenzados dos años antes a ejercer un control progresivo sobre ella, aprovechando su rol de autoridad dentro de la congregación de los Testigos de Jehová, de la que luego fue apartado.

Según la investigación, Torres utilizó su posición como “anciano” dentro del grupo religioso para ganarse la confianza de la familia de la joven, especialmente en un momento de vulnerabilidad emocional tras la separación de sus padres. Con el tiempo, la aisló completamente: no podía comunicarse con el exterior, asistir a la escuela ni ver a sus seres queridos. Vivía encerrada bajo llave y solo salía acompañada por su captor.

Durante su cautiverio, la joven fue obligada a realizar tareas domésticas bajo amenazas y violencia. Además, era trasladada a otras localidades para ser abusada por terceros, en un contexto de total sometimiento. En un intento desesperado por escapar, llegó a lanzarse por una ventana desde un segundo piso, pero resultó herida por las trampas colocadas por Torres para evitar su huida.

El 17 de julio de 2013, aprovechando un descuido, logró salir a la calle y pedir auxilio. Aunque el agresor intentó recapturarla, vecinos intervinieron y alertaron a la policía, que lo detuvo en el lugar. Posteriormente, un allanamiento en su domicilio permitió secuestrar elementos clave para la causa, como dispositivos electrónicos y marihuana.

La jueza de Garantías de Azul, Mariana Iriani, procesó a Torres por delitos gravísimos: estupro agravado por su rol religioso, secuestro coactivo, reducción a la servidumbre, abuso sexual agravado y desobediencia. La causa fue impulsada por el fiscal Javier Barda y luego continuada por su colega Laura Margeretic.

La Sala III del Tribunal de Casación provincial confirmó la sentencia y devolvió el expediente al tribunal original, que finalmente dictó la pena máxima: 30 años de prisión efectiva. Torres permanece detenido en el penal de General Alvear.

La víctima, actualmente está bajo tratamiento psicológico y acompañamiento social, intenta reconstruir su vida tras años de encierro y violencia. Su testimonio fue clave para lograr justicia en uno de los casos más estremecedores de abuso de poder y violencia de género en el ámbito religioso en la provincia de Buenos Aires.

Un abuso que creció a lo largo de 4 años

Cuando la adolescente tenía 14 años, según ella misma denunció ante la Justicia, se habría producido el primer abuso sexual, en momentos en que Torres la habría pasado a buscar con su camioneta y se habría “aprovechado del respeto e importancia que generaba su posición en el credo”.

Según relató la chica en su denuncia, en diciembre de 2011 Torres se separó de su mujer y la llevó a vivir con él. Entonces comenzó lo que la joven describió como “un infierno”.

En la denuncia, la adolescente aseguró que fue obligada a permanecer “dentro de la casa, aislada y sin acceso a medios de comunicación”.

Además de no poder ver a su familia ni ir al colegio, y ser forzada a limpiar la casa, la chica comenzó a ser abusada sexualmente a diario, golpeada, trasladada hasta Azul para tener sexo con extraños al azar y obligada a mantener prácticas zoofílicas con los dos perros de la vivienda, según se confirmó durante la investigación.