José Miguel Castro, colaborador eficaz del caso Villarán, visitó la Fiscalía antes de ser hallado muerto y mostró “preocupación” por juicio

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El fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú, se pronunció este domingo sobre la muerte de José Miguel Castro, exgerente municipal durante la gestión de la exalcaldesa Susana Villarán y colaborador eficaz del Ministerio Público, quien fue hallado muerto en su domicilio del distrito de Miraflores.

“La semana pasada estuvo en las oficinas del equipo especial viendo su proceso especial al que se había acogido, por eso nos llama la sorpresa esta situación que se viene informando en los medios”, declaró el magistrado en diálogo con Canal N.

Añadió que Castro no expresó inquietudes relacionadas con su seguridad personal. No obstante, dado que se aproximaba el inicio del juicio en su contra, “tenía cierta preocupación y también demandaba que se pudiera continuar el proceso especial al que se había acogido”.

“Era la segunda persona en importancia después de la señora Susana Villarán (en la presunta organización criminal investigada), por eso eran vitales los actos que se estaban realizando”, continuó el fiscal, antes de hacer un llamado a las autoridades judiciales.

José Miguel Castro se convirtió en pieza clave en el caso contra Susana Villarán.

“Esto debe llevar a una reflexión por parte de las autoridades del Poder Judicial a darle claridad no solo a este caso sino a otros que se conocen en dicha corte, sobre todo del caso Lava Jato. (…) Llama la preocupación (que la muerte haya sido en medio de una ola criminal), no nos podemos negar”, indicó.

Aseguró, finalmente, que el equipo Lava Jato se mantendrá atento a las indagaciones sobre la muerte. “El señor no nos indicó que temía por su integridad física, pero vamos a estar a respuesta de la fiscalía de turno que está a cargo de la investigación de este hecho y que nos informe las circunstancias en las que se le ha encontrado fallecido”, dijo.

La hipótesis policial no descarta la posibilidad de un homicidio, ya que se halló un arma blanca en las inmediaciones de la escena. Hasta el momento, el Ministerio Público —cuyo personal acudió al domicilio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo— no ha proporcionado mayores detalles al respecto.

Panorama

Castro, quien tenía el apelativo de ‘Budian‘, se encontraba bajo arresto domiciliario por disposición judicial, en el marco de las investigaciones sobre los presuntos aportes ilegales de las constructoras Odebrecht y OAS a las campañas políticas de Villarán. En 2019, fue detenido por los presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, tras revelarse su participación en un esquema de financiamiento irregular.

Dicho mecanismo habría canalizado fondos ilícitos tanto para la campaña contra la revocatoria de la exalcaldesa como para su posterior intento de reelección. Como colaborador de la Fiscalía, proporcionó información detallada sobre la estructura financiera empleada, así como sobre los actores involucrados en el ingreso de dinero procedente de empresas brasileñas.

Fiscalía solicitó adelanto de audiencia contra Susana Villarán. | Andina

Su testimonio se convirtió en una pieza fundamental para sustentar la acusación fiscal contra Villarán y otros exfuncionarios. Entre los elementos aportados figuraban listas de intermediarios, explicaciones minuciosas sobre las transferencias de dinero y el presunto acuerdo para otorgar beneficios a cambio de contratos de obras públicas adjudicadas a Odebrecht y OAS.

Su deceso se produce a escasos meses del inicio del juicio oral contra la exalcaldesa, para quien Domingo Pérez ha pedido 29 años de prisión por presuntamente haber recibido 10 millones de dólares de etas constructoras para financiar su campaña contra su revocatoria en 2013 y la campaña electoral por su reelección en 2014.

En noviembre del año pasado, el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó el auto de enjuiciamiento contra Villarán, 20 personas naturales y 10 personas jurídicas, por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos, corrupción de funcionarios y otros.

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