Un juzgado de Manhattan acaba de asestarle a la Argentina uno de los golpes judiciales más duros en su historia reciente. Loretta Preska le ordenó al país entregar el 51% de las acciones de YPF, la petrolera con mayoría estatal, como parte del pago de la sentencia de US$16.000 millones derivada del juicio por la estatización impulsada en abril de 2012.
En otros términos, si se cumple el fallo de la sucesora de Thomas Griesa, el control de la principal empresa industrial del país pasará a manos de fondos que aprovechan oportunidades para adquirir demandas con alto potencial económico.
¿Cómo llegó la Argentina a esta situación? ¿Hay responsables? ¿Quiénes son?
El fallo adverso que acaba de concretarse en Estados Unidos es el último capítulo de una de las novelas judiciales más sensibles de la historia reciente. Comenzó el 9 de abril de 2015.
Tres años después de la estatización, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades del equipo de Axel Kicillof al avanzar sobre la petrolera le abrieron la puerta a Burford Capital Limited. Este megabufete presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y el Estado argentino, por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores privados de acciones.
Burford se aprovechó de un error estratégico del kirchnerismo. La familia Eskenazi había ingresado a YPF en 2008. Siete años después, Burford adquirió en España —para luego demandar a la Argentina— las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las dos compañías utilizadas por los Eskenazi para participar en la petrolera. Luego se sumó Eton.
Esos vehículos de litigio resultan incómodos para Cristina Kirchner. No solo porque la “argentinización” que promovieron ella y Néstor Kirchner se concretó a través de empresas con domicilio extranjero, sino porque esas mismas firmas se transformaron en un caballo de Troya por el que ahora la Argentina debe pagar.
¿Cuál fue la debilidad de la estatización? En 1993, durante la privatización de YPF, el gobierno de Carlos Menem ofreció casi el 100% del capital de la empresa mediante acciones clase D y listó sus ADR (American Depositary Receipts) en la Bolsa de Nueva York.
En ese proceso, tanto el país como YPF se comprometieron a que cualquier adquisición posterior de una porción de control implicaría la obligación de realizar una oferta pública por el total de las acciones. Esa cláusula figura no solo en los documentos que YPF presentó ante la SEC (el regulador bursátil de EE.UU.), sino también en su estatuto. Pero el kirchnerismo la ignoró.
Es inútil que Kicillof, hoy gobernador, intente refugiarse en el argumento de la “soberanía nacional” para justificar su decisión, que aún considera correcta en público. La propia Preska desmantela esa defensa. “[Axel] Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar’ sus estatutos”, recordó.
Semanas antes de la estatización, el entonces viceministro de Economía advirtió el riesgo legal y analizó opciones para evitarlo. Fue en vano. Según los cálculos de su equipo, cumplir esa cláusula habría implicado para la Argentina un desembolso enorme, cuando el Gobierno solo pretendía el control.
Kicillof lo explicó en el Senado: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el 100% a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”. Ese párrafo fue clave para la demanda, y es el que Preska usó para justificar el fallo que hoy deja al país al borde de perder el control de su mayor empresa.
Burford estructuró su presentación —30 páginas en el original— en los daños sufridos por las empresas Petersen al ignorar los estatutos. Es el mismo fondo que financió la demanda de Marsans en el Ciadi por la estatización de Aerolíneas Argentinas, en julio de 2008. La Argentina aún debe pagar por ese caso.
La estatización de YPF fue el resultado de una aceleración cuyas consecuencias hoy están a la vista. El 27 de diciembre de 2011, por la noche, Cristina Kirchner se reunió en Olivos con Sebastián Eskenazi, CEO de YPF. La presidenta —que junto a su esposo había promovido la “argentinización”— comenzaba así a escribir el primer capítulo del regreso del Estado al control.
Cristina tenía los datos de importaciones de energía: US$9400 millones en 2011, un récord. Consideraba que YPF era una de las responsables. También lo creía Axel Kicillof, por entonces viceministro en ascenso.
La presidenta le exigió a Eskenazi que dejara de girar dividendos al exterior y los reinvirtiera en el país. Era un planteo incompatible con el acuerdo que el empresario tenía con Repsol. Entre sus asesores estaba Alberto Fernández. Menos de cuatro meses después, la empresa quedó en manos del Estado.
Cristina Kirchner promulgó la Ley de Expropiación y designó a Miguel Galuccio al frente de la compañía el 4 de mayo de 2012. Galuccio —quien luego fundó Vista, una petrolera exitosa— insistió desde el primer día en que debía llegarse a un acuerdo con Repsol.
No quería buscar inversores con una disputa abierta. Lo logró. Pero quedó un cabo suelto: las quiebras de Petersen. Ese detalle, años más tarde, amenaza con costarle a la Argentina el control público de su empresa petrolera.
