La defensa argentina presentó anoche ante la Justicia estadounidense dos escritos en los que enumera los motivos por los que el Estado argentino no puede girar el 51% de las acciones de YPF, como pidió la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nuevo York.
Además, la Procuración del Tesoro dijo que “sigue dando pelea a contrarreloj en la causa YPF” y que próximamente se presentará la apelación formal a la sentencia de la semana pasada.
La presentación de la defensa se hizo luego de que el lunes pasado, los fondos demandantes Burford Capital, Eton Park y Bainbridge presentaron su oposición al pedido del Estado argentino de suspender la orden de girar las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo.
En “defensa de la soberanía y de los intereses del país”, como dijo la Procuración del Tesoro, ayer se presentaron las respuestas a los fondos y argumentaron:
1. Que este es un caso de naturaleza excepcional y con cuestiones legales sin resolver: no es una disputa comercial ordinaria, sino un caso sin precedentes con un fallo de US$16.100 millones, que fue apelado y que plantea cuestiones jurídicas complejas, sobre las cuales incluso el gobierno de Estados Unidos discrepa con la decisión del tribunal.
2. Que el daño es irreparable y que hay una imposibilidad legal de cumplimiento: la ejecución de la orden de turnover [cambio de manos] obligaría a la Argentina a violar su propia legislación y perder el control sobre YPF de forma irreversible. Esto se debe a que la propia ley de expropiación de la petrolera prohíbe que se vendan las acciones sin acuerdo del Congreso.
3. Que hay una ausencia de perjuicio para los demandantes y un fuerte interés público en mantener el statu quo: los demandantes no sufrirían daños por la suspensión, ya que la legislación argentina impide vender acciones de YPF sin aprobación legislativa. Además, la ejecución inmediata podría afectar a terceros no involucrados —como las provincias y bonistas— y activar cláusulas contractuales adversas para YPF, por lo que mantener el statu quo favorece el interés público.
Por otro lado, la defensa también realizó una presentación por la demanda de Bainbridge por el juicio de los bonos en default en 2001 y que la jueza Preska también ordenó que se pague con acciones de YPF. Los argumentos del Estado argentino fueron:
1. Que se necesita evitar la violación del derecho argentino que implica transferir las acciones de YPF, porque iría en contra de la ley N° 26.741 de expropiación.
2. Que hay mucha probabilidad de éxito en la apelación porque faltan precedentes claros: no existe jurisprudencia que avale ejecutar bienes de otro Estado para trasladarlos a Estados Unidos, como sugiere la orden, lo que incrementa la posibilidad de que un tribunal de apelación adopte un enfoque distinto.
3. Que hay ausencia de perjuicio para los demandantes y que hay conveniencia: el fondo demandante no demuestra perjuicio concreto por la suspensión solicitada, y esta permitiría litigar de forma ordenada cuestiones legales relevantes, especialmente considerando que el fallo podría quedar satisfecho por otras vías.
La defensa de los demandantes acusó al Gobierno de seguir intentando postergar el cumplimiento del fallo. “La República logró demorar con éxito la sentencia durante más de ocho años y ahora ha aplazado su cumplimiento durante casi dos años más, sin que se haya concedido una suspensión. Aprovechó al máximo ese tiempo adicional, pero no hizo ningún esfuerzo por cumplir con las condiciones impuestas por el Tribunal”, dijeron los abogados de los demandantes.
En su escrito, los fondos citaron como ejemplo los proyectos de ley presentados la semana pasada en el Congreso por dos diputados —Miguel Ángel Pichetto y Oscar Agost Carreño, de Encuentro Federal— y dos senadores —los radicales Maximiliano Abad y Pablo Blanco— que buscan blindar el traspaso.
También mencionaron declaraciones del gobernador bonaerense y exviceinterventor de YPF, Axel Kicillof, quien en una conferencia de prensa afirmó que solo los “tontos” creerían en las promesas de la oferta pública de adquisición (OPA) que, según el fallo de Preska, el Estado debió lanzar cuando expropió la compañía. “Calificó las decisiones de la Corte como ‘disparates jurídicos’ y ‘absolutamente absurdas’, y dijo que ‘los vientos de privatización están soplando de nuevo’”, indicaron los demandantes.
Por estos motivos, Burford y Eton Park —el otro fondo demandante— pidieron a la Justicia estadounidense que no conceda la medida cautelar. Solicitan que se concrete el traspaso de acciones o, en su defecto, que cualquier suspensión quede condicionada al pago de una fianza, según el escrito firmado por Paul D. Clement, abogado de los demandantes.
En paralelo, mientras se espera que la defensa argentina presente la apelación formal contra la orden de Preska, el Estado ya había apelado también el fallo de primera instancia sobre la expropiación de YPF, que lo obliga a pagar una indemnización de US$16.100 millones más intereses.
Las tres partes —la Argentina, YPF y los fondos— ya presentaron todos los escritos requeridos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Ahora aguardan la conformación del panel de tres jueces que resolverá la fecha de la audiencia en la que se tratará el caso, que podría celebrarse en los próximos meses.
