La nueva era migratoria impulsada por Donald Trump comenzó a tomar forma con una de las partidas presupuestarias más impactantes de la historia reciente de Estados Unidos. En este contexto, la agencia más beneficiada fue el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que recibirá una asignación multimillonaria para expandir su alcance contra extranjeros ilegales y acelerar las deportaciones.
El presupuesto que fortalece al ICE y a la maquinaria de deportaciones
Trump firmó el 4 de julio una legislación que transformará al ICE en la agencia de seguridad mejor financiada de EE.UU., con una inversión total de 75.000 millones de dólares hasta 2029. Esta cifra supera ampliamente el presupuesto combinado de agencias como el FBI, el Servicio Secreto, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Justicia, según datos del Instituto Cato y del American Immigration Council (AIC).
Del total asignado, US$45.000 millones se destinarán exclusivamente a la construcción de nuevos centros de detención. Con este dinero, la agencia podrá albergar hasta 116 mil personas por día, una capacidad sin precedentes que equivale a un incremento del 62% en comparación con todo el sistema penitenciario federal. Además, el presupuesto contempla:
- Casi US$30.000 millones para operativos que incluyen arrestos, redadas y deportaciones.
- La contratación de 10.000 nuevos agentes, lo que elevará el total a 30.000 efectivos.
- Un objetivo declarado de realizar hasta un millón de deportaciones anuales, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
- Un refuerzo de 3000 oficiales adicionales para la Patrulla Fronteriza y otros 3000 para el servicio de aduanas.
Muro, vigilancia y una frontera fortificada: los grandes objetivos de Trump
El paquete presupuestario para inmigración no se agota en el ICE. Al sumar las distintas partidas que afectan las políticas fronterizas, el monto total asciende a unos US$170 mil millones, según los cálculos del AIC. Gran parte de estos recursos se destinarán a reforzar la frontera con México.
El desglose incluye:
- Más de US$46.600 millones para reanudar y ampliar la construcción del muro fronterizo, una cifra tres veces superior a la invertida durante el primer mandato de Trump.
- US$3200 millones para implementar tecnología de vigilancia avanzada en la franja limítrofe.
- US$2700 millones para tareas de monitoreo en zonas sensibles.
- US$10.000 millones adicionales para cubrir los costos operativos del DHS vinculados al control migratorio y el combate al contrabando.
Una potencia de control sin precedentes para el ICE
Según la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), el presupuesto del ICE supera incluso al de casi todos los ejércitos del mundo, con excepción de los correspondientes a Estados Unidos, China, Rusia, India y Arabia Saudita. Esta comparación ilustra el nivel de recursos que el gobierno federal decidió volcar a su política migratoria.
El presidente nacional de Lulac, Román Palomares, sostuvo en un comunicado que la ley aprobada “no es nada agradable para quienes realizan los trabajos más duros, contribuyen más horas y aún luchan por llegar a fin de mes”. Además, añadió: “La economía de nuestro país depende de las familias trabajadoras: latinos, inmigrantes y millones de personas más en todo el territorio».
En la misma sintonía, Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la ACLU, declaró: “Cada día que pasa, más y más estadounidenses ven este proyecto de ley como lo que es: un ataque imprudente a nuestra atención médica, nuestras libertades civiles y nuestra propia capacidad de sobrevivir».
“No deberíamos estar expulsando a millones de personas de Medicaid ni negándoles atención médica vital para financiar la maquinaria de deportación extrema de la administración Trump”, consideró Schifeling.
Por último, concluyó: “El pueblo estadounidense no votó por esto. Nos aseguraremos de que los electores recuerden el daño catastrófico que causa este proyecto de ley y exijan responsabilidades a los legisladores».
