La reactivación de las negociaciones entre Colombia y Portugal para la impresión de pasaportes avanza tras la llegada de una delegación de alto nivel a Bogotá en el pasado mes de marzo de 2025, compuesta por representantes de la imprenta estatal portuguesa y una firma francesa asociada al proyecto.
Según consignó W Radio, desde entonces el objetivo ha sido formalizar el acuerdo comercial y ultimar los preparativos técnicos para poner en marcha una nueva solución que permitiría a Colombia superar las dificultades recientes en la expedición de este documento.
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Luego de cuatro meses, el jefe de despacho, Alfredo Saade, confirmó por medio de su cuenta oficial de X, que “Estamos listos para firmar con Portugal, luego de reuniones técnicas. Todo está acordado».
Gobierno colombiano improvisa ante inminente vencimiento de contrato de pasaportes, según la oposición
“No estamos hablando de un trámite administrativo. Estamos hablando del documento que permite a los colombianos viajar, estudiar, o reunirse con sus familias. Si el Estado no garantiza su expedición continua, está vulnerando un derecho esencial”, advirtió la senadora Angélica Lozano al referirse a la inminente crisis que enfrenta la expedición de pasaportes en Colombia.
La ausencia de un acuerdo internacional firmado, la falta de infraestructura nacional habilitada y la carencia de recursos presupuestales proyectados configuran un escenario de incertidumbre para millones de ciudadanos.
En este contexto, la Cancillería de Colombia confirmó que el nuevo modelo de expedición de pasaportes no podrá implementarse el 1 de septiembre de 2025, fecha en la que expira el contrato vigente con la empresa Thomas Greg & Sons.
La información fue emitida oficialmente por el Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta a un derecho de petición presentado por la senadora Lozano, quien alertó sobre el riesgo de una crisis institucional si no se adoptan medidas urgentes.
En la comunicación fechada el 7 de julio de 2025, la Cancillería reconoció que no existe un acuerdo firmado con el Gobierno de Portugal, país que, a través de su Casa de la Moneda, sería responsable de implementar el nuevo sistema de producción de libretas.
Además, el ministerio admitió que la planta de producción nacional aún no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para asegurar la continuidad de la expedición de pasaportes hasta 2030.La senadora Lozano enfatizó: “La Cancillería ha confirmado por escrito que no hay acuerdo firmado con Portugal, que la planta de producción nacional no está lista y que no hay presupuesto que garantice recursos para garantizar la continuidad a 2030 de la expedición de pasaportes. Están improvisando, y eso puede dejar a Colombia sin pasaportes en septiembre”.
Esta declaración subraya la preocupación por la falta de previsión y la improvisación en la gestión del proceso. El contrato actual con Thomas Greg & Sons vence el 31 de agosto de 2025, sin que exista una alternativa operativa consolidada para garantizar la continuidad del servicio.
Aunque el jefe de despacho de la Cancillería, Alfredo Saade, había descartado públicamente la posibilidad de declarar una urgencia manifiesta con el actual operador, el propio ministerio reconoció en su respuesta que se está preparando un nuevo contrato con la empresa.
En el documento oficial se lee: “Tanto el texto del acto administrativo que declara la urgencia manifiesta como los documentos precontractuales del nuevo contrato a suscribirse con Thomas Greg, se vienen desarrollando para garantizar con la continuidad del servicio”.
Esta medida busca evitar la interrupción total del servicio, pero para la senadora Lozano, la estrategia evidencia una preocupante falta de planificación por parte del Gobierno. Lozano afirmó: “Llevo más de un año haciendo seguimiento a este tema. Hoy la Cancillería reconoce que no tiene cómo garantizar la continuidad del servicio”.
El pasaporte es un documento esencial para millones de colombianos, tanto en el país como en el exterior. La interrupción en su expedición afectaría no solo trámites administrativos, sino también derechos fundamentales como la movilidad, el reencuentro familiar y el acceso a estudios o empleo en el extranjero.
