En una clara demostración de fuerza dirigida al Gobierno nacional, una heterogénea mayoría opositora del Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados en revisión los proyectos de ley que obligan al Poder Ejecutivo a repartir con las provincias los recursos que viene reteniendo en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de varios fondos fiduciarios y de una porción importante del impuesto a los Combustibles.

Se trata de una masa de fondos que la totalidad de los 23 gobernadores más el jefe de Gobierno porteño se pusieron de acuerdo en exigir su distribución a la administración de Javier Milei, al que acusan de sustentar la política de equilibrio fiscal reteniendo de manera indebida recursos que las provincias consideran que les corresponden.

Las iniciativas fueron votadas sobre tablas, ya que no tenían dictamen de comisión, y ambas fueron aprobadas por 56 votos a favor y el solitario rechazo de Luis Juez (Pro-Córdoba) al término de una sesión que la Casa Rosada considera inválida, ya que fue iniciada sin que mediara una convocatoria oficial por parte de la presidenta de la Cámara alta, la vicepresidenta Victoria Villarruel. De hecho, el oficialismo abandonó el recinto luego de perder una discusión reglamentaria y se ausentó durante casi todo el debate.

La rebelión se produjo luego de que los mandatarios provinciales chocaran con la negativa del Poder Ejecutivo a responder a sus reclamos para que distribuya recursos que los distritos consideran propios. Sin una respuesta a sus pedidos, los caciques decidieron avanzar a pesar de las denuncias del oficialismo acerca de que las iniciativas alterarán el equilibrio fiscal.

A la delicada situación fiscal que atraviesan varios distritos se suma el traumático cierre de listas para las elecciones provinciales provocado por la negativa de un sector de la Casa Rosada, liderada por Karina Milei, a cerrar alianzas en el interior del país.

“Si quieren negociar y parar los proyectos tienen el tratamiento en Diputados”, confió a LA NACION un senador opositor de buena relación con la administración libertaria que no tiene un gobernador, pero que avala los reclamos de fondos de las provincias ante la cerrada negativa de Gobierno a atender los reclamos del interior del país.

El miembro informante de los proyectos fue el kirchnerista Fernando Salino (San Luis), vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien se preocupó por destacar que las iniciativas “tienen que ver pura y exclusivamente con la distribución del impuesto” a los combustibles que tenían asignación específica para el mantenimiento de rutas nacionales. “Esto lo hacemos en el marco de la Constitución Nacional y no estamos creando ningún tributo”, agregó.

Esta iniciativa también elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y del Sistema Vial Integrado. Incluyen, además, los fondos Compensador del Transporte, el Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior y el Nacional de la Vivienda.

Al respecto, el radical Martín Lousteau (Capital) destacó que “en todos los casos, el Estado no está usando los recursos o le ha cedido a las provincias la responsabilidad de hacer esas obras específicas”.

Sobre estos recursos, el proyecto establece que “serán distribuidos de conformidad” con lo que establece la ley de Coparticipación Federal de Impuestos, lo que hace automático y periódico el giro de esos fondos con todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

El otro proyecto incorpora a la la ley permanente de Presupuesto un artículo para que los “recursos que correspondieren distribuir al régimen al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias” se repartan de “forma diaria y automática” al considerarlos como parte integrante “de la masa de fondos coparticipables”.

“Pareciera que estamos volviendo a un debate del siglo XIX: centralismo contra las autonomías provinciales. No hemos vivido un período de centralismo tan marcado como el que estamos viviendo hoy”, se quejó la senadora Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. “Lo que estamos pidiendo es que los recursos que ya existen se repartan de otra manera”, agregó.

Las quejas llegaron, incluso, de sectores que se han mantenido afín a las políticas del Gobierno, Es el caso de la tucumana Beatriz Avila (Pro), quien tras recordar que apoyó varios de los proyectos impulsados por la Casa Rosada apoyó estos proyectos por considerar que los fondos son de las provincias.

“Quienes conducen el país tienen que manejar el arte de gobernar, y gobernar es diálogo, es consenso, es empatía, es escuchar lo que el otro reclama”, se quejó Avila.

Insistencia por Bahía Blanca

En otro fuerte gesto político dirigido a la Casa Rosada, una amplia mayoría opositora insistió por unanimidad con la ley que declaró la emergencia en Bahia Blanca para paliar la crisis generada por las inundaciones registradas en marzo último.

La norma, que fue vetada por Milei, crea un fondo de $200.000 millones para ayudar a los danmificados y a la reconstrucción de la ciudad bonaerense. La norma fue tachada el 24 de junio último, con las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Si Diputados logra reunir una mayoría de dos tercios para insistir, la ley quedará en vigencia de manera definitiva. Sería la primera norma que logre romper el cerco que la Casa Rosada pudo establecer con “los 87 héroes” de la Cámara baja que le han permitido a ilei sostener los vetos que aplicó desde que asumió la primera magistratura.