La investigación comenzó en el año 2013. El pasado mes de abril, doce años después, la Fiscalía Anticorrupción por fin ha dado un paso procesal importante para que el juez siente en el banquillo de los acusados a los implicados en el llamado ‘caso Aneri’, el fraude de los cursos de formación con subvenciones públicas otorgadas por el Gobierno de Esperanza Aguirre. Anticorrupción ha elevado al juzgado de instrucción número 9 de Madrid un auto de continuación de procedimiento abreviado (que concluye la fase de investigación) contra 35 personas y 59 empresas. Entre ellas está el empresario José Luis Aneri, el principal implicado. Como el auto es de abril, la Fiscalía no podía conocer que Aneri fallecería semanas después en su casa, como adelantó Infobae España en exclusiva.
José Luis Aneri fue un empresario cordobés que se asoció en Madrid con Alfonso Tezanos (entonces presidente de la federación de empresarios de la Comunidad de Madrid). Aneri creó empresas de riesgos laborales y luego de formación, captando como clientes a las asociaciones empresariales para que sus afiliados impartieran cursos ‘online’. La Policía le detuvo en febrero de 2014, con indicios suficientes de que llevaba años quedándose con el dinero de las ayudas públicas por unos cursos que no impartía. Los alumnos también eran de pega. Se sospecha que se inventó unos 15.000.
Entre los investigados están la ex mujer de Aneri, y el padre y el hermano del empresario fallecido; también la mujer, la hija y el cuñado de Tezanos; varios testaferros y los entonces dirigentes de las asociaciones empresariales que recibían las subvenciones públicas. Están salpicadas, por ejemplo, organizaciones tan variopintas como la Fundación Proturf (que fomentaba la industria y el deporte de las carreras de caballos); la Fundación del Jamón Serrano; ACEM (Empresarios del Metal); NOCHE MADRID (Ocio y Espectáculos); ANEI (Empresas de Internet); AEHCAM (Empresarios de Hospedaje); UCOTRANS (Federación de Cooperativas de Transporte); APROSA (Salas de Despecie y Empresas Cárnicas); ACC (Comerciantes de calzado); ASEMCOM (Empresarios de Comercio de Muebles); ASEATA (Asistencia en tierra de aeropuertos); AEP (Asociación de Peletería de Madrid); OTA (Taxistas Autónomos); VPPM (Asociación de Vendedores de Prensa), etc, etc (ver tabla).
La Fiscalía sostiene que tras doce años de instrucción los delitos cometidos han sido el fraude en subvenciones, estafa, asociación ilícita y/o organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, alzamiento de bienes y revelación de secretos. Durante la instrucción también fueron imputados responsables de formación de la Comunidad de Madrid: Vicente Ferreras Carpintero, que fue jefe de área de Formación Continua del Gobierno regional bajo los mandatos de Esperanza Aguirre e Ignacio González; y Valentín Bote Álvarez-Carrasco, ex director general de Estrategia y Fomento del Empleo en la Consejería de Economía. La investigación también se llevó por delante a Patricia Herrero García-Ramal, entonces directora general de Formación de la Consejería de Empleo entre abril de 2012 y julio de 2015. Ninguno está ya en esta fase del proceso.
El modus operandi
Según la Fiscalía, Tezanos y Aneri pusieron en marcha, al menos desde el año 209, un “plan criminal” para apropiarse de las subvenciones otorgadas por la Dirección General de Formación de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid (4,5 millones) y también del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cantidad que puede rondar los 5 millones. Para ello, se concertaron con asociaciones empresariales que pedían esas subvenciones para dar cursos de formación que nunca se iban a realizar. Para impartir esos cursos, las asociaciones contrataban a la empresa Sinergia, propiedad de Aneri y otros socios. Es decir, las Administraciones otorgaban las subvenciones, las asociaciones empresariales las solicitaban, y Aneri y sus socios impartían los cursos de formación “duplicando en muchos casos los alumnos existentes o haciendo uso de identidades suplantadas.
Aneri creó una red empresarial con la que impartir los cursos de formación subvencionados por la Comunidad, pagando ‘mordidas’ a las firmas encargadas de dar esa supuesta formación. Ese dinero se repartía mediante transferencia, dinero en metálico o regalos. La Fiscalía llegó a localizar 18 mercantiles a nombre de Aneri. El empresario, recientemente fallecido, y Tezanos se encargaban de todo el proceso del fraude: justificar ante la Administración las acciones formativas y recibir el importe de las subvenciones solicitadas por las asociaciones empresariales. Los cursos se daban además a través de una plataforma digitales controladas también por Aneri y Tezanos. La Fiscalía asegura que responsables de varias asociaciones empresariales también recibían comisiones a cambio de solicitar las subvenciones y contratar después a Aneri para dar los cursos.
Los investigados consiguieron captar 4,5 millones de euros de la Dirección General de Formación entre los años 2010, 2011 y 2012, bajo el Gobierno de Esperanza Aguirre. Tras destaparse el fraude, la Consejería de Empleo. Turismo y Cultura inició procedimientos para recuperar el dinero, abriendo procedimientos sancionadores y ejecutando incluso embargos. Algunas de estas asociaciones empresariales ya no existen. Otras defienden su inocencia y se aglutinaron en una plataforma para defender sus intereses. Aseguran que la Comunidad fue negligente a la hora de controlar los cursos de formación y que hubo connivencia con el dúo que formaban los empresarios Aneri y Tezanos. De hecho, fue una de estas asociaciones quien presentó ante la Policía la primera denuncia el 17 de diciembre de 2013. El caso fue tan escandaloso que se creó una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Quince años después, parece ser que el proceso encara su recta final.
