El jueves por la tarde, efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) irrumpieron en una casa situada en la calle Tomás Valle al 5400, en la localidad bonaerense de González Catán, en La Matanza. El operativo tenía una orden judicial clara: allanar el domicilio de un jubilado que estaba acusado de haberle disparado a su inquilino durante una discusión.
El dueño de casa, identificado como D.R.B y de 79 años, no dio lugar al diálogo. Apenas vio a los uniformados cruzar el umbral de su vivienda, levantó el arma y disparó. Lo hizo sin titubeos, con una violencia que sorprendió incluso a los propios agentes, entrenados para este tipo de situaciones. Uno de los proyectiles dio de lleno en el pecho de F.N.N., un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental. Fue el chaleco antibalas lo que le salvó la vida.
En ese instante, todo se volvió caótico. No hubo advertencias, ni tiempo para intentar una rendición. Los disparos se cruzaron como en una escena de guerra doméstica y los policías respondieron a la agresión, según informaron fuentes de la fuerza de seguridad provincial. D.R.B., cayó al suelo con dos impactos de bala: uno en el tórax, del lado derecho, y otro con orificio de salida a la altura del omóplato.
La ambulancia llegó pocos minutos después. Pero ya era tarde. El jubilado estaba muerto, tendido en el piso del domicilio donde hasta ese momento vivía solo.
Según informaron fuentes oficiales a LA NACION, la cadena de hechos que terminó en tragedia comenzó el pasado 6 de junio, cuando N.M., un joven de 35 años, se presentó ante la Justicia para denunciar un violento episodio que, asegura, estuvo a punto de costarle la vida. El denunciante relató que alquilaba una propiedad y que, tras una fuerte discusión con el dueño de la casa —el jubilado identificado como D.R.B—, este reaccionó con furia: lo amenazó, sacó un arma de fuego y le disparó a quemarropa.
El disparo, por fortuna, no fue letal. El proyectil no impactó en órganos vitales y el joven solo sufrió heridas. Pero el miedo y la gravedad del hecho lo empujaron a actuar. Sin dudar, acudió a las autoridades y radicó una denuncia penal. No se trataba de una simple discusión entre inquilino y propietario. Denunció un intento de homicidio.
La Justicia tomó nota. La UFI Descentralizada N°2 de Laferrere, a cargo del fiscal Gastón Duplaá, inició una investigación bajo la carátula de lesiones agravadas por el uso de arma de fuego, y en poco tiempo el juzgado de Garantías Nº 3 de Laferrere solicitó una orden de allanamiento para secuestrar el arma en cuestión.
Pero la diligencia judicial, que debía ser un procedimiento de rutina, terminó teñida de tragedia. Lo que iba a ser un operativo para esclarecer una denuncia por abuso de armas, se transformó en un escenario de fuego cruzado.
Según el parte policial al que accedió LA NACION, tras el tiroteo, los agentes encontraron en el lugar un revólver calibre 357 marca Magnum, modelo Ruger, sin numeración visible. El arma estaba cargada con dos municiones intactas y cuatro vainas servidas: las balas que, minutos antes, había disparado el jubilado contra el grupo de asalto que ingresó en su casa.
La investigación penal contra D.R.B., que avanzaba por lesiones agravadas por uso de arma de fuego, se extinguió automáticamente con su muerte. El expediente ahora cambió de nombre y rumbo: de una causa contra un agresor armado a una reconstrucción de los hechos que derivaron en su muerta a manos de la policía.
