Nos jactamos de la elaboración de sesudas reflexiones sobre la urgente necesidad de controlar los avances de un mal que coopta las vidas de nuestros jóvenes. Somos testigos cotidianos del daño que la adicción a las pantallas y a las apuestas produce. Criticamos las publicidades que varios influencers encarnan peligrosamente y exigimos para ellos duras sanciones. Sin embargo, como en tantos otros planos, quienes nos representan en el Congreso miran para otro lado y cobran sus sueldos por dedicarse su tiempo mientras la ciudadanía aguarda, inquieta y angustiada, que tomen seriamente cartas en el asunto.
Desde hace meses, el proyecto de prevención de la ludopatía, que contempla también la regulación de los juegos de azar y las apuestas en línea, duerme en el Senado luego de haber obtenido, a fines de noviembre pasado, media sanción en la Cámara de Diputados.
Se adujo que el proyecto aprobado toca varias áreas que competen a distintas comisiones, lo que complicaría su tratamiento. También se ha invocado que hay muchas iniciativas de senadores pendientes de tratamiento, que contienen profundas diferencias respecto de la aprobada en Diputados. Reconocer que hay razones de lobby empresarial es más complicado. Básicamente, estas tienen que ver con las restricciones que se plantean en el proyecto para las empresas de ciberapuestas en tanto se prohíben la publicidad, la promoción y el patrocinio de los juegos de azar y de apuestas en línea.
Mientras un artículo aprobado en Diputados permite la publicidad dentro de casinos, bingos, hipódromos y otras casas de apuestas o agencias de lotería, se la prohíbe en medios gráficos, radiales, televisivos y cualquier otro hoy disponible o que surja a futuro, en publicidad exterior, indumentaria deportiva, cartelería en vía pública o en espacios privados de uso público, inhabilitando el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual, el uso de marca o denominación comercial en instalaciones y la difusión en festivales o recitales artísticos, musicales o culturales en general, así como la mención a través de influencers, personajes de relevancia pública o de ficción. Se contempla establecer también penas de tres a ocho años al que organice o administre cualquier sistema de captación de juegos de azar sin autorización de la jurisdicción competente. Resulta medular la prohibición de acceso a menores de 18 años a plataformas y sitios de juego, apuestas y pronósticos en línea que los operadores deberán asegurar mediante mecanismos válidos de verificación.
También se abrieron debates sobre cuestiones que pueden considerarse de competencia provincial, ligadas a temas de recaudación. De todas maneras, está clara la tibieza de los distintos sectores a la hora de impulsar el tratamiento y la sanción del proyecto. En febrero pasado, la Iglesia había enviado misivas a los jefes de bloque de la Cámara alta calificando la ludopatía de “plaga”, en las que denuncia el negocio de algunos inescrupulosos y pide un pronto tratamiento del proyecto.
Senadores de distintos espacios tenían previsto enviarle una nota al secretario parlamentario, Agustín Giustinian, para solicitar la reducción del tratamiento del tema a solo dos comisiones, lo cual permitiría agilizar el debate y concretar sin más demoras una reunión plenaria.
Estamos frente a una cuestión de salud pública que no admite más demoras. Diversos informes reportan que ocho de cada diez adolescentes accedieron o conocen a alguien que ingresó en el último año a sitios de apuestas. Cada minuto cuenta. Son nuestras familias las que están en peligro. El juego no es juego.
