La decisión de PAMI Central de transferir 10.000 cápitas desde el Hospital Municipal Dr. Emilio Ferreyra hacia la Clínica Cruz Azul continúa generando un intenso debate en Necochea.

A las declaraciones del intendente Arturo Rojas y del director de la clínica, Ariel Hernández Rubio, se suman ahora voces del personal hospitalario y de la ciudadanía, que advierten sobre las consecuencias prácticas de esta medida.
Durante una entrevista radial, Hernández Rubio reconoció que la clínica aún no ha enviado la carta de aceptación formal de las nuevas cápitas y que no fue convocada por el Ejecutivo ni por el Concejo Deliberante. Propuso abrir un canal de diálogo institucional y planteó que, si bien la clínica ha manejado hasta 8.000 cápitas sin inconvenientes, el salto a 14.000 requerirá ajustes en guardia e internación. También sugirió una redistribución equitativa: “50 y 50 entre hospital y clínica, y ayudarnos entre nosotros”.
Sin embargo, desde el hospital se denuncian situaciones que ponen en duda la capacidad operativa del efector privado. Una trabajadora de la guardia relató que llegan pacientes con órdenes de la clínica solicitando la aplicación de inyectables, porque allí les habrían querido cobrar $22.000 por el procedimiento. “La clínica cobra la cápita, pero el hospital gasta insumos que no tiene”, expresó.
Este testimonio se suma a la preocupación del intendente Rojas, quien recordó que en 2023 PAMI quitó 4.000 cápitas a la clínica por incumplimientos prestacionales, y que ahora se le asignan 10.000 más sin auditorías previas ni cambios en infraestructura. “La decisión fue tomada sin ningún tipo de criterio médico-sanitario”, afirmó el jefe comunal.
El debate también pone en foco la necesidad de auditar tanto al sector privado como al público. “Si el pago se realiza se utilice o no el servicio, por lo menos hay que medir la calidad de atención”, se expresó en el programa Segundos Afuera. La ciudadanía reclama transparencia, equidad y planificación sanitaria, en un contexto donde la salud pública enfrenta serias limitaciones de recursos.
La situación sigue en compás de espera, mientras se aguardan definiciones de PAMI Central y nuevas reuniones entre los actores involucrados. Desde el municipio se reiteró que los afiliados tienen derecho a elegir su prestador y que pueden solicitar el cambio en las oficinas locales de PAMI.