Hay una suerte de consenso político respecto de que el ajuste ya terminó y que ha llegado el tiempo de restablecer la normalidad, abandonando el fetichismo del equilibrio fiscal y prestando más atención a las necesidades de la gente. Palabras más, palabras menos, es eso lo que se escucha en buena parte de la oposición.
Malas noticias: la productividad argentina, luego de un cuarto de siglo de hegemonía kirchnerista, impide reestablecer esa normalidad imaginaria y recuperar niveles de ingresos inconsistentes con los recursos de un país fallido. Por más que haya paros, piquetes, pancartas y redoblantes, no hay ni habrá plata para satisfacer reclamos no sustentables, aunque fuesen justos, a menos que Sergio Massa y sus compinches regresen con sus galeras y sus conejos. Es el dramático final de un experimento populista donde prevaleció la corrupción y la incompetencia sobre la sensatez y el buen gobierno.
Pensar que se puede dar vuelta la página porque la gente está cansada solo reitera el vicio argentino de subestimar las crisis para evitar soluciones dolorosas. Nos hemos habituado a los desbordes fiscales, a la alta inflación, a los atropellos administrativos y a la arbitrariedad judicial. Es decir, a vivir sin un marco propicio a la inversión, justificando emergencias para imponer devaluaciones, corralitos, pesificaciones, canjes compulsivos, ahorros forzosos, congelamientos, desagios y defaults. Hemos sido muy exitosos en la cruzada por combatir al capital, sin decirlo.
Ahora llevamos un cuarto de siglo sin invertir lo indispensable para que las aspiraciones colectivas se hagan realidad. Y sin inversiones, no aumenta ni aumentará la productividad del esfuerzo nacional. Apenas se ha repuesto el stock de capital instalado, sin ningún salto modernizador que permita dar trabajo regular, educar a los jóvenes, integrar las familias. Al bajar la inflación, la pobreza se reduce medida por ingresos, pero el gran desafío es eliminar la estructural, la que se palpa cada día en la tercera sección electoral del conurbano bonaerense. La que mejor representa la catástrofe populista y sus funestas consecuencias.
Recomponer instituciones y rehacer los débiles pilares que sostienen los quehaceres colectivos deberían ser el tema principal de la agenda nacional y no discutir si la reactivación será en L, en V o W. No se trata de poner en marcha un aparato productivo vetusto e insuficiente para crecer. Si no se encaran ya mismo las reformas estructurales, todo será precario y otra crisis golpeará a la puerta. La inflación puede estallar aún sin emisión, si cae la demanda de dinero. Y el valor del dólar también, si fuese refugio de una fuga precipitada.
Durante este cuarto de siglo –y esto viene de lejos– crecieron las necesidades, las expectativas de mejoras y la frustración por no alcanzarlas. Con bombos y platillos se dictaron leyes, se crearon ministerios, se anunciaron planes, se publicitaron obras y se inventaron proyectos. Se privilegiaron la infancia y la tercera edad, se visibilizaron grupos excluidos, se aseguraron ingresos mínimos, se jubilaron multitudes sin años ni aportes, se atendieron discapacidades y se garantizaron coberturas sanitarias. Sin olvidar el “enganche” de dietas legislativas y la duplicación de pensiones presidenciales. Todo ello, salvo las últimas, solo en discursos y papeles, pues la realidad muestra otra cosa.
Parafraseando al general Perón, quien se refería a precios y salarios, “mientras los derechos suben por el ascensor, la productividad lo hace por la escalera”. Ya en 1955 el caudillo justicialista, al convocar a un Congreso de Productividad, había intentado poner en caja a los sindicatos para que comprendiesen que los salarios no pueden mejorar si se abusa de los derechos y cae la producción.
La subestimación de las crisis impide correr el velo que oculta las causas profundas de los desajustes fiscales, la inflación, la presión impositiva y la falta de inversiones. Pues las causas profundas están vinculadas a intereses de políticos, gremios, cámaras empresariales y contratistas estatales.
Sin encarar esas batallas, la sola reactivación tendrá un techo y los reclamos escalarán, sin encontrar más respuesta que devaluaciones recurrentes. En ausencia de crecimiento, será un juego de suma cero para repartir lo poco que haya. Terreno fértil para propuestas rudimentarias como las de Juan Grabois: sacar al rico para dar al pobre, ocupar tierras para los sin techo o confiscar campos para hacer horticultura.
El peronismo denuncia que el modelo naufraga, que las provincias sufren, que el consumo flaquea y que “estos ajustes siempre fracasan”. Pero la estabilidad fiscal no es un modelo, es una condición previa e indispensable para sobrevivir como sociedad.
El único modelo que subsiste tiene ya 80 años y goza de buena salud en un sector público dominado por intereses espurios, organismos redundantes, economía cerrada, privilegios sectoriales, sindicatos prepotentes, industria del juicio, mercados cautivos y feudos provinciales. Además de insuficiente, la inversión también fue ineficiente porque se alentaron actividades que no crean valor y demandan divisas por carecer de competitividad internacional, como Tierra del Fuego. Sin embargo, ese modelo es preferido por la clase dirigente argentina como símbolo inmarcesible de un “ser nacional”, que hizo fracasar todos los intentos por cambiarlo.
Ahora legisladores y gobernadores, cansados del destrato recibido de Javier Milei, se abroquelan para abrir grifos de gasto estatal que afectarán el equilibrio fiscal. No advierten que, cualesquiera sean las razones del enojo contra el Presidente, nada de ello justifica poner en riesgo lo logrado hasta ahora. Nadie pondría una bomba en el avión donde viaja su familia, por enojo contra el piloto. Ninguno de ellos debería sentir que apoya al Presidente, a título personal, cuando se votan medidas indispensables para sacar adelante al país. Más bien, las deben asumir como propias, por íntima convicción, impulsando iniciativas superadoras que tengan su impronta, sin color violeta. En el editorial del jueves pasado señalamos que las provincias han hecho ajustes de caja, pero no reformas estructurales para eliminar organismos, empleos innecesarios y regímenes de privilegio que no pueden pagar. Es urgente enviar señales positivas para reducir el riesgo país y alentar inversiones del exterior. Sin ello, no habrá reactivación, ni recursos para las provincias, ni infraestructura, ni litio, ni Vaca Muerta. Solo habría que preguntarles quién sería capaz, entre ellos, de sacar a flote al país si tuvieran éxito en su empecinada subestimación de la crisis.
