El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha suspendido temporalmente al ministro de Policía, Senzo Mchunu, mientras una comisión investiga las acusaciones realizadas por un comisario según las cuales la justicia del país estaría infiltrada por organizaciones criminales.
«Para que la Comisión pueda desempeñar sus funciones con eficacia, he decidido poner al ministro de Policía, Senzo Mchunu, en excedencia con efecto inmediato», ha anunciado en una comparecencia el mandatario sudafricano, que ha nombrado al profesor universitario de Derecho y presidente del Consejo Consultivo Nacional contra la Corrupción, Feros Kachalia, como responsable en funciones de la cartera mientras se resuelven las indagaciones.
Mchunu, por su parte, ha acogido «con satisfacción y respeto la decisión del presidente» y ha expresado su «compromiso con el proceso». «El honor y la integridad son virtudes que personalmente suscribo y que todos debemos esforzarnos por mantener. Estoy dispuesto a responder a las acusaciones que pesan sobre mí y a rendir cuentas a los ciudadanos plena y honestamente», ha declarado en su cuenta en la red social X.
El doble anuncio de la suspensión y la formación de la comisión se ha producido después de que el comisario de Policía de la provincia de Kwazulu-Natal –que incluye la tercera ciudad más poblada del país, Durban–, Nhlanhla Mkhwanazi, denunciase que las organizaciones criminales se han infiltrado en el sistema de justicia penal del país.
El comisario ha llegado a acusar al propio Mchunu –que ha negado las alegaciones– de estar en constante comunicación con una persona con vínculos a esos grupos delictivos, así como de interferir en investigaciones policiales y de confabularse con empresarios para disolver el equipo especial encargado de investigar los asesinatos políticos en la provincia.
Además, ha apuntado a los hallazgos de una investigación policial en la provincia de Gauteng –que incluye la capital administrativa, Pretoria, y la ciudad más poblada del país, Johannesburgo–. Según éstos, la Policía ha descubierto una organización criminal controlada por un cártel de la droga y con la implicación de políticos, cargos del Servicio de Policía de Sudáfrica, la Policía Metropolitana, los Servicios Penitenciarios, fiscales y miembros del poder judicial, así como empresarios.
En este contexto, el presidente sudafricano ha admitido que «las acusaciones formuladas en esta rueda de prensa suscitan una gran preocupación en torno a nuestra Constitución, el Estado de derecho y la seguridad nacional». «Si se demuestran ciertas, estas acusaciones amenazan con socavar la confianza de los sudafricanos en la capacidad del Servicio de Policía de Sudáfrica para protegerlos y luchar eficazmente contra la delincuencia y la corrupción», ha añadido.
Por ello, la situación «requiere una investigación urgente y exhaustiva», para lo que Ramaphosa ha anunciado la creación de «una comisión judicial de investigación que estará encabezada por el vicepresidente del Tribunal Supremo en funciones, (Mbuyiseli) Madlanga».
«La comisión investigará el papel de los altos cargos actuales o antiguos de determinadas instituciones que puedan haber ayudado o sido cómplices de la presunta actividad delictiva, o que no hayan actuado ante información fiable o advertencias internas, o que se hayan beneficiado económica o políticamente de las operaciones de una organización criminal», ha indicado, citando explícitamente el Servicio de Policía de Sudáfrica, la Fiscalía Nacional, la Agencia de Seguridad del Estado, el Poder Judicial y la Magistratura, y los Departamentos de Policía Metropolitana de los municipios de Johannesburgo, Ekurhuleni y Tshwane –que incluye Pretoria–.
Se espera también del órgano que informe acerca de la eficacia de los mecanismos de supervisión y de la idoneidad de las políticas para prevenir infiltraciones como la denunciada, así como que recomiende, si es necesario, la suspensión de funcionarios. De cualquier manera, se prevé que la comisión remita informes provisionales al cabo de tres y seis meses, con un informe final que se enviará al presidente de la Asamblea Nacional y al presidente del Tribunal Supremo.
«En los últimos años, el Servicio de Policía de Sudáfrica, la Unidad Especial de Investigación (SIU) y la Unidad de Confiscación de Activos, entre otros organismos, han logrado grandes avances y progresos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Es esencial que mantengamos este impulso y que intensifiquemos el trabajo que se está llevando a cabo actualmente», ha destacado Ramaphosa.
CRÍTICAS POR PARTE DE LA AD, SOCIA DE GOBIERNO
Por otra parte, el líder de la liberal Alianza Democrática (DA, por sus siglas en inglés), John Steenhuisen, ha afirmado que los miembros del Gobierno de Unidad Nacional (GNU, por sus siglas en inglés) –la coalición gobernante conformada por diez partidos diferentes– no fueron consultados en referencia a las decisiones anunciadas por el presidente del país, según ha recogido la radiotelevisión estatal SABC.
«Creo que los sudafricanos se han vuelto algo escépticos con respecto a las comisiones de investigación. Han pasado casi dos años desde la publicación del informe de la Comisión Zondo y no se ha producido ni una sola condena de alto perfil», ha criticado Steenhuisen en referencia a la investigación que dio a conocer las generalizadas prácticas de corrupción durante el gobierno del exmandatario Jacob Zuma.
En este sentido, el líder de la DA ha argumentado que «el presidente ha dado el paso correcto esta noche con la suspensión, pero la otra pregunta que sigue sin respuesta es la relativa a los demás miembros del gabinete que tienen cargos muy graves sobre sus cabezas, pero que siguen en sus puestos», refiriéndose a las ministras de Educación, Nobuhle Nkabane, y de Asentamientos –tras ser destituida de la cartera de Justicia–, Thembi Simelane, a quienes ha criticado también en un comunicado difundido en la web del partido por las acusaciones de corrupción que afrontan.
Las críticas de la Alianza Democrática suponen un nuevo enfrentamiento tras la crisis en la coalición de Gobierno hace dos semanas provocada por el cese del viceministro de Comercio, Andrew Whitfield –perteneciente a la AD–, debido a un viaje no autorizado a Estados Unidos a principios de este año en medio de enormes tensiones con Washington por las críticas del presidente Donald Trump a la supuesta «opresión» — inexistente según el Gobierno sudafricano — en la que vive sometida la población blanca en el país.
En aquel momento Steenhuisen y la AD dieron al presidente sudafricano un ultimátum para que terminase de ejecutar una purga anticorrupción, una situación que hizo que Ramaphosa aplazase su visita a España, donde preveía comparecer en el marco de la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas, en Sevilla, a la que finalmente asistió su ministro de Exteriores, Ronald Lamola.
A su vez, el líder del opositor ActionSA y antiguo alcalde de Johannesburgo, Herman Mashaba, ha acusado al presidente de indecisión, a la vez que ha señalado también su preocupación por el hecho de que Ramaphosa no consultase a sus socios de Gobierno.
