Tras la denuncia de la Defensoría General de la Nación (DGN), la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ordenó que se retiren los grilletes empotrados en las paredes de la División Unidad Táctica de Pacificación I de la Policía de la Ciudad, específicamente los que están en la cárcel del Barrio 31/31 bis de Retiro.
Allí, personas detenidas eran mantenidas esposadas de forma permanente, una práctica prohibida que, según relató la Defensoría General de la Nación a este medio, podría constituir un acto de vejación e incluso una forma de tortura.
Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad aseguraron a LA NACION que los hechos mencionados en la presentación de la DGN fueron dos –uno en la villa 31 y el otro, en la 1.11.14, del Bajo Flores–, correspondientes a personas arrestadas por hechos de violencia que, además, tenían 40 y 4 detenciones previas, respectivamente. También afirmaron que, tras la presentación del hábeas corpus, se retiraron las arandelas donde se enganchaban las esposas de los reclusos en la dependencia del Barrio 31, la única que las tenía y que, en rigor, no está acondicionada para alojar a detenidos.
La DGN había impulsado el hábeas corpus preventivo y colectivo luego de que el Programa contra la Violencia Institucional y la Comisión de Cárceles de la Defensoría constatara en una inspección que había personas que permanecían atadas con grilletes en el destacamento del Barrio 31/31 bis de Retiro.
“No es una práctica aislada, sino recurrente. En cada una de las inspecciones encontramos que los detenidos estaban esposados y engrillados en la pared”, advirtieron desde el organismo a LA NACION. Desde la DGN dijeron que detectaron la misma situación en otra unidad, en el barrio 1-11-14.
Tras la presentación judicial, la Sala VI ordenó al juez de primera instancia que impulsara la remoción inmediata de los mecanismos de sujeción. En este contexto, el juez Anselmo De Santo, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº46, notificó a las fuerzas de seguridad porteñas que esos dispositivos violan tanto la normativa nacional como los estándares internacionales sobre el trato a personas privadas de libertad.
Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que, dado que habían retirado los grilletes antes del dictado del fallo, aquella orden judicial devino abstracta.
“Mecanismos de sujeción como los grilletes que estaban empotrados en las paredes, resultan contrarios a los estándares nacionales e internacionales con respecto a la seguridad de los internos en complejos penitenciarios o de detención transitoria”, indica la resolución.
La inspección clave ocurrió el 23 de junio pasado. Ese día, durante una recorrida por las llamadas Unidades de Pacificación Barrial, el Programa contra la Violencia Institucional junto a la Comisión de Cárceles verificaron que una persona en el destacamento de Retiro y otra en el barrio 1-11-14 estaban esposadas sin justificación.
La situación había sido advertida por un defensor público oficial, que dio aviso a la DGN tras encontrar a su defendido esposado y encadenado a grilletes en la unidad policial del Barrio 31/31 bis.
Según informó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad, se trataba de un hombre de 37 años, de nacionalidad argentina, detenido el 21 de junio por los delitos de daños agravados y desobediencia que fue alojado en dependencias de División Unidad Táctica de Pacificación I, dentro del propio Barrio 31 y liberado dos días después. Esta persona tenía más de 40 detenciones previas por delitos graves como abuso sexual agravado, lesiones, portación de armas, violencia familiar, trata de personas y por drogas.
El segundo caso ocurrió en el barrio 1-11-14, donde se detuvo a un joven paraguayo de 19 años por un pedido de captura por abuso sexual agravado y fue alojado en División Unidad Táctica de Pacificación V. Tenía cuatro detenciones previas, según se informó.
Aunque el primer hábeas corpus fue declarado abstracto por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº30 –ya que ese mismo día tres detenidos fueron trasladados sin grilletes a otras comisarías vecinales–, la evidencia de que esta práctica continuaba provocó una nueva presentación, que es la que se resolvió ahora.
Antecedentes
No es la primera vez que la Defensoría actúa ante estas situaciones. En noviembre de 2023, la Comisión de Cárceles y el Programa contra la Violencia Institucional de la DGN ya habían presentado un hábeas corpus colectivo y preventivo al confirmar el uso sistemático de esposas en oficinas, vestuarios y hasta baños convertidos en celdas frente a la sobrepoblación en Comisarías Vecinales porteñas.
En ese entonces, la jueza Laura Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº50, prohibió expresamente el uso generalizado de medidas de sujeción, permitiéndolas solo si se justificaban en cada caso específico.
La magistrada decretó “la prohibición de utilización de esposas aplicadas a los internos en situación de alojamiento dentro de las dependencias policiales, debiendo ser justificado su uso en casos concretos de necesidad, mérito y conveniencia, debidamente justificado en los partes internos de la Comisaría y registrado en el libro de guardia, respecto de cada uno de los internos sometidos a esa restricción”.
La propia Superintendencia de Seguridad Comunal de la Policía de la Ciudad había dictado las órdenes 179/23 y 180/23 que prohibían terminantemente el uso de esposas y otros mecanismos de sujeción, como precintos, cadenas cortas y cadenas largas, en personas detenidas en comisarías vecinales.
Ahora, aunque los grilletes fueron retirados, desde la Defensoría aseguraron a LA NACION que el monitoreo de estos espacios de detención continuará para garantizar que ninguna persona sea sometida a tratos crueles o inhumanos bajo custodia estatal.
“Monitoreamos muchos lugares. En coordinación con las Defensorías de la ciudad de Buenos Aires y de la Procuración Penitenciaria: alcaidías, comisarias, unidades del servicio penitenciario federal, y destacamentos de fuerza de seguridad federal. Lo que más nos preocupa es que venimos documentando este tipo de situaciones desde 2023, contexto donde se fue agravando el problema de la sobrepoblación en comisarías, alcaidías y destacamentos policiales barriales”, explicó Luciano Hazan, coordinador del Programa contra la Violencia Institucional, a LA NACION.
La respuesta de la Ciudad
El Ministerio de Seguridad porteño sostiene que esta situación se produjo en un contexto en que la Ciudad aún no cuenta con un Servicio Penitenciario propio y en el que las comisarías y dependencias policiales no están preparadas para ser lugares de alojamiento permanente de presos.
“Los hechos mencionados por la Defensoría General de la Nación se trataron de dos casos puntuales ocurridos tras dos detenciones realizadas en los Barrio 31-31 Bis y 1-11-14, donde las dependencias policiales en esos lugares no están acondicionadas para alojar presos.
“En la única dependencia policial en la que existían arandelas a las cuales se enganchaban las esposas de los presos violentos en situaciones puntuales era la del Barrio 31, que luego de la presentación del hábeas corpus se retiraron, por lo que la presentación quedó en abstracto”, dijeron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño.
Y concluyeron: “En el resto de las comisarías de la Ciudad no existen esas arandelas. La ciudad de Buenos Aires trabaja para crear un Sistema Penitenciario propio a fin de resguardar a los presos cuando se concrete el traspaso de las competencias correspondientes por parte de la Nación. Actualmente, la Ciudad tiene capacidad para 1200 personas y mantiene detenidas a 2500″.