Donald Trump dio un nuevo paso decisivo hacia la oficialización del inglés como único idioma en el ámbito federal de Estados Unidos. Una nueva directiva del Departamento de Justicia detalló las medidas inmediatas para aplicar la Orden Ejecutiva 14.224, firmada por el presidente en marzo de 2025, con el objetivo de restringir los servicios multilingües y redirigir recursos hacia la enseñanza del inglés.
El inglés como pilar de unidad nacional: la búsqueda del Departamento de Justicia
La administración Trump justificó esta decisión como un intento por consolidar la cohesión social, promover la eficiencia administrativa y facilitar la integración de los nuevos inmigrantes a la vida cívica de EE.UU. El documento, publicado el 14 de julio por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), establece que el uso de un idioma común facilita la comunicación institucional, mejora la claridad de los procesos federales y representa una “vía directa para alcanzar el llamado sueño americano”.
El fiscal general adjunto Harmeet Dhillon remarcó en un comunicado que la implementación de esta política “priorizará la competencia en inglés para empoderar a los nuevos estadounidenses y fortalecer la unidad cívica”.
En la misma línea, la fiscal general Pamela Bondi señaló: “El Departamento de Justicia liderará el esfuerzo para codificar la Orden Ejecutiva del presidente y eliminar políticas ineficientes que fomentan la división”.
Las primeras acciones que tomó el DOJ para imponer el inglés como único idioma oficial
El memorándum distribuido por la Oficina del Fiscal General delineó un conjunto de medidas concretas que ya comenzaron a implementarse en las distintas dependencias federales. La prioridad será reducir progresivamente la oferta de traducciones y reorientar los fondos hacia programas que fomenten el aprendizaje del inglés.
Entre las acciones inmediatas anunciadas se encuentran:
- Anulación de guías anteriores: se rescindieron todos los lineamientos previos relacionados con servicios para personas con Limited English Proficiency (LEP), es decir con dificultades para hablar, leer, escribir o entender el idioma inglés. Se incluyen las guías de 2002, 2011 y 2022, emitidas bajo la orden ejecutiva anterior.
- Auditoría interna de servicios multilingües: las agencias realizarán un inventario completo de los servicios disponibles en otros idiomas y elaborarán planes para eliminarlos progresivamente.
- Suspensión del sitio LEP.gov: se suspendió temporalmente el portal LEP.gov, así como todo material público relacionado con el acceso lingüístico, incluidos videos, cartas y guías en redes sociales. Serán reemplazados por recursos alineados con la nueva política.
- Nuevo marco de consulta pública: en los próximos 180 días se publicará una nueva guía con criterios claros para determinar en qué situaciones excepcionales será necesario mantener servicios multilingües.
Recomendaciones a otras agencias federales en materia de lenguaje
El Departamento de Justicia instó al resto de las dependencias del gobierno a adoptar medidas similares en el marco de la Orden Ejecutiva 14.224. Si bien las agencias deben respetar la legislación vigente, se les recomendó revisar sus políticas internas y limitar la oferta de traducciones cuando la ley lo permita.
Las sugerencias incluidas en el memorándum abarcan las siguientes líneas de acción:
- Revisar normativas internas: anular guías previas relacionadas con la política lingüística, en caso de que entren en conflicto con la nueva orden.
- Limitar traducciones al mínimo legal: evaluar si ciertos servicios o programas pueden funcionar de forma eficiente en inglés exclusivamente.
- Utilizar inteligencia artificial de forma acotada: aplicar herramientas automáticas de traducción solo en contextos específicos, siempre aclarando que el texto oficial es el redactado en inglés.
- Incluir advertencias legales: acompañar toda publicación oficial en otro idioma con una aclaración que indique que la versión válida es la original en inglés.
- Reinvertir el presupuesto en educación lingüística: destinar los fondos ahorrados por la reducción de traducciones a programas que mejoren la competencia en inglés y promuevan la asimilación.
En el memorándum se aclara que estas recomendaciones deberán aplicarse sin contradecir la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ni la Ley de Rehabilitación de 1973, que exigen garantizar una comunicación efectiva con personas con discapacidades.
