El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se pronunció este miércoles ante la difusión de un video del exjefe del Gabinete, Aníbal Torres, quien denunció “maltratos físicos y psicológicos” contra la exprimera ministra Betssy Chávez, procesada junto con el expresidente Pedro Castillo por presunta rebelión en el fallido intento de golpe de Estado.
En el video, Torres afirmó que la exjefa de Gabinete, quien se encuentra en huelga de hambre, llegó “incluso a una audiencia pública con el rostro moreteado e hinchado, como consecuencia de los golpes”, situación que es conocida por la Fiscalía y el Poder Judicial.
“Esperamos que rápidamente se solucionen estos problemas para que recupere sus derechos fundamentales. (…) Los derechos fundamentales de los que sufren carcelería no están suprimidos. Estos maltratos, no me cabe duda, provienen de actos de venganza del Ministerio de Justicia y, por consiguiente, de la señora Dina Boluarte, que es la persona más odiada en el Perú”, señaló.
Pidió su excarcelación y agregó que la actual jefa de Estado “le tiene animadversión a la doctora Chávez por el éxito que tuvo en su gestión como ministra”.
Consultado al respecto, Arana indicó en conferencia de prensa que no había visto el video, pero afirmó que, “independientemente”, el Ejecutivo rechaza “cualquier tipo de maltrato a cualquier interno o interna que se encuentre en calidad de procesado o sentenciado en las penitenciarías del país” y que, “si esto fuera cierto, se van a disponer las acciones correctivas que correspondan”.
Hasta el momento, el Ministerio de Justicia no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia. Por su parte, el INPE informó que la expremier fue evaluada antes de su traslado al penal Barbadillo, pero rechazó salir y comenzó una huelga de hambre para exigir atención a sus reclamos.
Por faltar a una diligencia judicial, se inició un procedimiento disciplinario en su contra. Además, la Oficina de Asuntos Internos investiga una denuncia contra autoridades del penal.
Antecedentes
Chávez cumple prisión preventiva desde junio de 2023 y solicitó en abril pasado su traslado a Barbadillo, donde también está recluido Castillo, debido al alto riesgo que enfrenta por chantaje sexual y posible intento de asesinato.
Esta prisión, ubicada en las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional del Perú (PNP), también aloja a Alejandro Toledo (2001-2006) y Ollanta Humala (2011-2016), ambos condenados por casos de corrupción.
Tanto Chávez como Castillo son procesados por el intento de golpe que terminó en la destitución del exmandatario, junto a otros exintegrantes del gabinete, y enfrentan penas de 25 y 34 años de prisión, respectivamente.
En abril pasado, durante una audiencia del juicio oral que continúa en curso, el exministro de Justicia Félix Chero declaró que Chávez le dijo que ”no compartía» el anuncio de Castillo sobre cerrar el Congreso, intervenir en la Judicatura y gobernar por decreto, un mensaje considerado golpista.
Hasta ahora, han declarado en el proceso decenas de testigos, incluidos exministros, congresistas, altos mandos militares y policiales, personal del Palacio de Gobierno, periodistas y directivos del canal estatal TV Perú, que retransmitió a nivel nacional el mensaje de Castillo.
