La Presidencia de la República publicó en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado.
Con esta reforma, se busca proteger al sistema financiero mexicano y a la economía nacional mediante medidas más eficaces para prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Refuerzan coordinación institucional contra el lavado de dinero
La nueva legislación otorga mayores facultades a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes deberán trabajar en estrecha coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional.
El objetivo principal es reforzar los controles para identificar a los verdaderos beneficiarios de las operaciones financieras, así como vigilar las actividades de personas políticamente expuestas, todo ello para frenar el uso del sistema financiero en esquemas ilícitos.
Medidas operativas y cambios en las reglas
Dentro de los ajustes se contempla que, en un plazo de 12 meses posteriores a la entrada en vigor del decreto, la SHCP, previa opinión del Servicio de Administración Tributaria (SAT), modificará las reglas de carácter general correspondientes.
Además, durante los primeros seis meses tras la entrada en vigor de las nuevas reglas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el SAT implementarán un programa de capacitación dirigido a asociaciones y sociedades sin fines de lucro, a fin de que cumplan correctamente con sus nuevas obligaciones fiscales y de transparencia.
Puntos clave de la reforma a la Ley Antilavado
- Publicación oficial: El decreto de reforma fue publicado por la Presidencia en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
- Objetivo principal: Proteger el sistema financiero y la economía nacional mediante la prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Mayor coordinación institucional: Se refuerza la colaboración entre la SHCP, FGR, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Guardia Nacional.
- Más facultades a la SHCP y FGR: La SHCP y la Unidad Especializada en Delitos Financieros de la FGR tendrán nuevas atribuciones para combatir el lavado de dinero.
- Identificación de beneficiarios reales: Se fortalecen los controles para identificar a los beneficiarios efectivos de empresas y a las personas políticamente expuestas.
- Modificación de reglas: La SHCP, con opinión del SAT, deberá modificar las reglas generales de la ley en un plazo de 12 meses.
- Capacitación obligatoria: La UIF y el SAT deberán implementar un programa de capacitación para asociaciones y sociedades sin fines de lucro dentro de los primeros 6 meses posteriores a la publicación de las nuevas reglas.
- Medidas contra países de riesgo: La SHCP podrá establecer medidas específicas contra países que representen un riesgo en delitos de lavado de dinero.
- Enfoque en estructuras delictivas: La reforma busca también desarticular estructuras financieras del crimen organizado y prevenir el uso ilícito de recursos.
Países de riesgo y medidas adicionales
El decreto también faculta a la SHCP para establecer medidas específicas en caso de que, derivado del ejercicio de sus atribuciones, identifique que un país representa un mayor riesgo en materia de delitos financieros relacionados con el lavado de dinero.
Estas reformas forman parte de un intento por fortalecer la arquitectura institucional mexicana frente a las estructuras financieras del crimen organizado, evitando que recursos ilícitos sean utilizados para su financiamiento o legitimación.
