La Comunidad de Madrid lo anunciaba el pasado 14 de julio. El Canal de Isabel II ya ha empezado las obras para construir un colector que “mejore” la red de saneamiento de la urbanización Ciudalcampo, una zona residencial de lujo con más de 1.200 chalés entre los términos municipales de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo, junto al circuito del Jarama. Fundada en 1968, la propia web de Ciudalcampo define el complejo como un “entorno privilegiado y con impresionantes vistas a la sierra norte de Madrid. Espacio que mantiene el equilibrio entre el desarrollo urbanístico y la conservación del medio natural”. Un atractivo que ha hecho que muchos famosos, como el juez Baltasar Garzón, los cantantes David Bisbal y Aitana, los presentadores Isabel Gemio y Carlos Sobera, la comunicadora Susanna Griso y el empresario Víctor de Aldama (imputado en el ‘caso Koldo’) elijan esta urbanización como lugar de residencia.
Lo de ‘conservación del medio natural’ y ‘mejorar la red de saneamiento’ son eufemismos, denuncian la Plataforma Ecologista Madrileña y la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, que aseguran que la urbanización lleva décadas tirando las aguas fecales de los vecinos al Guadalix, un afluente del río Jarama. “El resultado ha sido la contaminación de este entorno y un permanente problema sanitario para los residentes, que durante décadas han convivido con un foco de malos olores e insectos”, señala Ángeles Nieto, de la Plataforma Ecologista Madrileña.
“Tienen una depuradora de risa. Que no depura nada. Más bien es una especie de batidora que remueve las aguas fecales para diluir los sólidos. Y de ahí todo al río. En un escenario protegido de la Red Natura 2000 y dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”, asegura Nieto. Así que, tras años de multas por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo, una investigación de la Fiscalía de Medio Ambiente y la desidia de las Administraciones, el Canal ha asumido unas obras para construir un colector de 3.934 metros para llevar los residuos líquidos que genera la urbanización a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Arroyo Quiñones. Unos trabajos que costarán 5.565.948 euros y “que pagaremos todos los madrileños, cuando debían asumirlos los vecinos de Ciudalcampo”, señala Nieto. Las obras finalizarán a finales de 2027.
Uno de los vecinos de la urbanización, un abogado que pide el anonimato, señala que “el abastecimiento y la depuración del agua es competencia del Ayuntamiento. Yo pago todos los impuestos locales como un vecino más, pero no tengo todos los servicios. El agua no es potable. No se puede beber y la tengo que comprar embotellada. Tiene mucho arsénico. E insisto, el Ayuntamiento recauda mis impuestos, pero no me suministra agua potable ni al parecer depuraba bien mis aguas residuales”. Antonio Martínez, portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, señala que todas las Administraciones han sido responsables de no encontrar una solución para los vertidos durante años.
Multas y denuncia
“La Confederación Hidrográfica del Tajo, responsable del dominio público hidráulico, se limitó a imponer módicas sanciones, una especie de tasa por el derecho a contaminar. La Consejería de Medio Ambiente, responsable de la conservación de los espacios protegidos, ha pasado del tema durante mucho tiempo. Y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, responsable de la red de saneamiento, tampoco ha hecho nada”, asegura Martínez. Desde 1979, San Sebastián de los Reyes ha tenido Gobiernos del PSOE, de IU, del PP y de un partido local llamado Izquierda Independiente.
La Confederación Hidrográfica del Tajo, por ejemplo, impuso varias multas a la urbanización por los vertidos: 3.000 euros en febrero de 2005, otros 3.000 en diciembre de 2006, otros 6.100 euros en agosto de 2007; otros 6.010 euros en abril de 2009; otros 9.005 euros en agosto de 2010; 1.700 euros más en marzo de 2017; y 6.767 euros en julio de 2019; y finalmente otros 1.700 euros en marzo de 2020. “Antes de 2005 no hubo ninguna multa. Y eso que la documentación que obra en nuestro poder deja claro que la urbanización tenían autorización para vertido de aguas residuales desde abril de 1974″, explica Antonio Martínez. La Confederación decidió revocar esa autorización el 15 de octubre de 2020 porque llevaba años sin respetar los límites de salubridad y contaminando.
¿Eso quiere decir que desde 2020 la urbanización sigue tirando sus aguas fecales al río sin permiso? Este diario ha intentado hablar con algún portavoz de la Comunidad de Propietarios de Ciudalcampo. 2020 fue un mal año para esta unidad residencial. En octubre de ese año, la Fiscalía de Madrid formuló una denuncia contra dos de sus gerentes (ya no están en el cargo) porque la urbanización estaba superando los límites de vertidos permitidos a un río en el que viven varias especie protegidas, como la nutria. La Fiscalía les imputó un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. “Nosotros pusimos la denuncia inicial en Fiscalía”, afirma Antonio Martínez.
La investigación judicial sigue abierta, a la espera de que la Fiscalía y la Comunidad de Propietarios (que se personó) presenten sus escritos de acusación. Y es que Ciudalcampo ha contratado un perito para que determine los “esfuerzos desplegados para evitar la producción de los vertidos”. La Junta Rectora que lleva la gestión de la urbanización cree que los responsables de los vertidos son las Administraciones, que son quienes tienen la competencia del saneamiento y depuración del agua.
Agua potable, en diez años
El último Informe de Gestión de Ciudalcampo, al que ha tenido acceso Infobae España, refleja que la urbanización ha aprobado dos convenios con el Canal de Isabel II: la construcción del colector para dejar de verter aguas fecales y la futura red de abastecimiento para que las 1.200 viviendas tengan agua potable, algo que se espera para dentro de diez años. Los vecinos no pueden beber agua de sus grifos porque no es apta para el consumo por sus altos niveles de arsénico, pero sí se pueden duchar. ¿Cómo? El agua llega de cinco pozos subterráneos.
No obstante, la actual depuradora (la batidora, como la llaman los ecologistas) que no sirve para tratar el agua y tira los residuos al río, también ha sido un problema judicial. La Comunidad de Propietarios recurrió a la justicia para que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se hiciera cargo de la gestión de esta depuradora. Al final, los tribunales han decidido que sea la Confederación Hidrográfica del Tajo quien se encargue de su gestión mientras en un futuro la asume el Canal de Isabel II. De momento, la Confederación sigue multando a la urbanización por vertidos al río. La última multa de 75.668 euros llegó en febrero de este año. Multa que ha sido recurrida por la urbanización.
Desde la Plataforma Ecologista Madrileña y la Asociación Ecologista del Jarama, denuncian no solo “los retrasos e inhibiciones de las diferentes administraciones para ejecutar las obras y poner fin a un foco inaceptable de contaminación por vertidos de aguas fecales que se venía produciendo desde hace más de 50 años”, sino también “el empleo de dinero público para cubrir las obligaciones económicas de un núcleo de residentes VIP. El Canal y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes deben una explicación de los contribuyentes madrileños”.
