Las cajas previsionales de un grupo de provincias son protagonistas de un capítulo de los conflictos en la relación de diferentes gobiernos locales con el nacional. No es una cuestión que se limite a la actual gestión de Javier Milei, aunque sí hay un dato particular de esta etapa: Córdoba, cuyo gobernador anunció hoy una mejora en los ingresos de la mitad de sus jubilados, es una de las dos únicas provincias que están recibiendo fondos para cubrir parcialmente los desequilibrios. La otra es Entre Ríos, que firmó un acuerdo con la Nación a fines de 2024.

En ambos casos, se trata de jurisdicciones con “cajas no transferidas”. Con ese nombre se conoce a los sistemas de jubilación para los empleados públicos de las 13 provincias que no pasaron sus regímenes al esquema nacional, como sí hicieron tres décadas atrás las otras jurisdicciones. Aquellos traspasos se hicieron en el contexto de una reforma amplia del sistema previsional más abarcador del país, la que creó el régimen de capitalización que durante casi una década y media convivió con un esquema de reparto similar al actual.

Las provincias que mantuvieron sus regímenes propios son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Las restantes pasaron sus cajas de empleo público al régimen general que gestiona la Anses.

Según lo explicado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, los incrementos anunciados serán financiados con parte del dinero recibido desde la Anses, en virtud de un acuerdo que se firmó en mayo pasado. Son $5000 millones mensuales, frente a un déficit del sistema local que el ministro de Gobierno de Córdoba, Manuel Calvo, estimó en $20.000 millones; según la gobernación, el 70% de lo recibido cada mes irá a los jubilados y el resto, a aliviar el desequilibrio del régimen.

Las medidas consisten en elevar a $490.000 un complemento al mínimo, que hasta ahora es de $170.000; de esa manera, se hará que ningún prestatario cobre menos de $700.000, en lugar de la garantía actual de un ingreso básico de $380.000. El incremento de 84% impactará en unos 6000 casos, según dijo Calvo en declaraciones periodísticas, en tanto que -agregó- todo el paquete de medidas impactará en 57.000 personas. Esto incluye el pago de un bono de $100.000 cada dos meses para quienes tienen un haber de hasta $1,3 millones. Según la estadística de la caja, hay alrededor de 19.000 beneficiarios que hoy cobran menos de $700.000 y que, por tanto, serán alcanzados por la suba del complemento.

Acuerdo ante la Corte

El pacto por los $5000 millones mensuales se concretó en el marco de una audiencia de conciliación a la que había convocado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque hasta allí había escalado el reclamo cordobés a la Nación.

Se definió entonces el citado importe de transferencia durante 12 meses y que, a la vez, sigan las conversaciones para tratar de llegar, a través de los números presentados por la provincia y de las auditorías hechas por la Nación, a un acuerdo sobre cuál es el monto a compensar por un período extenso, ya que la discusión está entablada por los resultados del régimen previsional desde 2019. Según lo pactado, en noviembre deberán volver a reunirse los funcionarios de ambas partes.

Las partes “acordaron empezar a pagar $5000 millones, que debe ser menos de un cuarto de lo que corresponde, y tomarse un año para hacer las simulaciones y firmar el acuerdo”, explicó el economista Osvaldo Giordano, expresidente de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba -donde implementó años atrás una reforma significativa-, exdirector ejecutivo de la Anses y actual presidente del Ieral de Fundación Mediterránea.

En el caso de Entre Ríos, el acuerdo entre las autoridades de la Anses y el gobernador Rogelio Figerio, firmado en diciembre de 2024, estableció el envío de $2000 millones mensuales durante 13 meses. Según señaló entonces la gobernación, el pedido era de unos $9000 millones mensuales para cubrir el déficit de la caja.

En otros casos, no hubo aún acuerdos temporales, como los dos mencionados. Según dijo a LA NACION Jorge Boasso, secretario de la Seguridad Social de la provincia de Santa Fe, la deuda reclamada por esa provincia es de aproximadamente $2 billones (abarca varios años), y las autoridades de la jurisdicción entienden que deberían transferirse mensualmente entre $12.000 y $15.000 millones.

Boasso agregó que, dado que también hay un reclamo en la Justicia, hubo dos audiencias conciliatorias convocadas por la Corte, en las que no hubo acuerdo. Al igual que otras, Santa Fe -que en 2024 hizo una reforma de su sistema, para reducir el déficit- recibió 0 pesos por este concepto desde la asunción de Javier Milei.

Qué déficit cubrir

Pero, ¿qué es exactamente lo que debería cubrir la Nación en los desequilibrios de las cajas no trasferidas? Después de años en los que se hablaba de la necesidad de “armonizaciones” de los sistemas provinciales con el nacional, el decreto 730, emitido durante la presidencia de Mauricio Macri, fijó una pauta: la Nación se haría cargo del déficit que tendría cada caja provincial si sus aportantes se jubilaran en las mismas condiciones que los del sistema nacional de la Anses, y si el financiamiento fuera con el mismo esquema de aportes y contribuciones que rige también para el régimen general.

Entonces, se hacen “simulaciones”, que son ejercicios con los que se busca llegar al importe del desequilibrio de las cajas provinciales que la Nación debería cubrir.

El criterio parece simple, pero las evaluaciones para cumplirlo, evidentemente no lo son tanto. La regla establecida tiene la lógica de evitar que quienes deben esperar a los 60 o 65 años para jubilarse, según se sea mujer o varón (tal es el requisito en el régimen general de la Anses) subsidien a personas que, por estar en otro sistema y quizá habiendo hecho tareas similares durante la vida laboral, se jubilan a edades más tempranas o con montos bastante más elevados. Ese subsidio ocurriría si se cubrieran los déficit sin mirar las condiciones eventualmente diferentes en que se dan los beneficios en relación con el régimen general.

El mecanismo para evaluar qué se cubrir prevé que las provincias envían sus cálculos a la Anses y el organismo debe realizar auditorías para poder dar su acuerdo, o no, a las cifras de esos informes. Según dijo a LA NACION a fines de 2024 el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, en los siete años previos no se llegó a firmar ningún acuerdo definitivo sobre el déficit con alguna provincia. Sí se habían pagado anticipos a cuenta, una modalidad que el actual gobierno decidió discontinuar. Y esa decisión fue plasmada en una normativa, para la cual varias provincias pidieron una declaración de inconstitucionalidad a la Corte Suprema.

El envío de anticipos de fondos para cubrir déficit en las cajas no transferidas es un tema incluido en el proyecto de la oposición con cambios jubilatorios que el Congreso convirtió en ley semanas atrás. Es un tema, como se consignó, muy resistido por la gestión de Milei, en la que mantienen la postura de no derivar recursos a las administraciones locales mientras no haya acuerdos de partes definitivos sobre los montos involucrados, más allá de los dos acuerdos con Córdoba y Entre Ríos ya explicados. El tema es sumamente sensible para el Gobierno, que hace del superávit fiscal una bandera de su gestión.

Es la misma ley que establece un incremento de 7,2% para todos los haberes del sistema previsional general de la Anses y una suba del bono que cobran los jubilados y pensionados de menores ingresos, hoy de $70.000, para llevarlo a $110.000 en lo inmediato y darle luego reajustes mensuales por inflación, tal como ocurre hoy el monto de los haberes propiamente dichos.

Tal como afirmó varias veces y con suma contundencia el presidente de la Nación, esa ley será vetada en los próximos días.