La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó la suspensión de las redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) en el Distrito Central de California. El tribunal consideró que los demandantes demostraron las detenciones “inconstitucionales”.
Los puntos claves del nuevo fallo que afecta al ICE
De acuerdo con el fallo publicado el 1° de agosto, la orden de restricción temporal (TRO, por sus siglas en inglés) es consistente con la Cuarta Enmienda.
En ese sentido, argumentó que la medida solo afecta las redadas basadas en estos cuatro factores:
- Raza/etnia aparente
- Hablar español/inglés con acento
- Presencia en un lugar determinado
- Tipo de trabajo
En el caso de que los agentes cuenten con otro tipo de “sospechas razonables”, la resolución no aplica.
“El tribunal de distrito explicó que la orden de restricción temporal (ORT) propuesta prohibiría basarse únicamente en estos cuatro factores enumerados. Esto no prohíbe basarse en ellos en combinación con factores no enumerados”, sostuvo el escrito del tribunal.
La corte también sostuvo que el tribunal de distrito no abusó de su discreción al emitir una TRO en todo el Distrito Central de California. Desde este punto, aseguró que la medida no es una orden universal porque está limitada a una zona geográfica.
“La orden judicial en este caso no es nacional, sino que se limita a un distrito judicial”, comunicó el tribunal. “El alcance y la estructura de la orden judicial temporal son razonablemente necesarios para proporcionar alivio completo para los demandantes y beneficios incidentales para los no demandantes”.
Bajo estos lineamientos, la corte confirmó el rechazo de la apelación de los Demandados para suspender la TRO, con la única excepción de una cláusula específica que fue considerada “vaga”.
La reacción de los involucrados tras conocerse la decisión del tribunal
Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en California (UCLA, por sus siglas en inglés) celebraron el fallo de apelación. A través de un comunicado, realzaron la presunta violación de la Constitución por parte de la administración Trump.
“Esta decisión confirma una vez más que la invasión paramilitar de Los Ángeles por parte del gobierno, violó la Constitución y causó daños irreparables en toda la región”, comunicó Mohammad Tajsar. “Vamos a exigir responsabilidades al gobierno federal por estos horrores autoritarios que desató en el sur de California”.
Desde la administración Trump, se mostraron en contra de la decisión. El pasado 2 de agosto, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, realzó que el objetivo de los agentes del ICE es detener a migrantes con estatus irregular en EE.UU.
“Lo que convierte a alguien en blanco del ICE es su situación ilegal en Estados Unidos, NO su color de piel, raza ni etnia”, declaró McLaughlin. “Los valientes hombres y mujeres estadounidenses están expulsando a asesinos, pandilleros de la MS-13; sin duda, lo peor de lo peor de las comunidades del Estado Dorado”, agregó.
Los antecedentes del fallo en California
La apelación surgió tras una denuncia presentada por la ACLU el 11 de julio por las detenciones del ICE a migrantes sin órdenes judiciales, solo por su idioma o “color de piel”.
Estas acusaciones dieron pie a que la jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ordenara a los agentes federales en California que cesen la discriminación en las redadas.
“Los acusados no deben en estos factores individuales o combinados basarse en: etnia racial, que hablen español o inglés con un determinado acento, por la presencia en un lugar particular, como parada de autobús, o lugar donde trabaja”, expresó el documento firmado por la jueza.