Lima, 3 ago (EFE).- El primer ministro de Perú, Eduardo Arana, afirmó este domingo que la propuesta de retirar a su país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya discusión han planteado el Gobierno y sectores conservadores del país, es aún «un debate abierto».
Araña declaró en la emisora RPP que la revisión de este tema fue «uno de los compromisos» que se planteó cuando asumió el cargo, según dijo, «atendiendo a la preocupación de la ciudadanía y de algunos congresistas».
«Efectivamente, se coordinó, tanto con el Ministerio de Justicia como con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de que demos apertura a una comisión que escuche. Es un debate que está abierto», sostuvo.
El viernes último, el canciller peruano, Elmer Schialer, aseguró que su país evaluará «lo más rápido posible» su eventual retiro de la Corte IDH, después de que la presidenta Boluarte aseguró que no permitirá la intervención de ese organismo en las decisiones internas del país.
La pasada semana, la Corte IDH requirió a Boluarte no promulgar una ley de amnistía recientemente aprobada por el Congreso para militares y policías procesados o condenados por delitos durante el conflicto armado interno (1980-2000) con las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
«Vamos a consultar a toda la población, es decir, a la academia, a las organizaciones civiles, a los colegios profesionales. Es decir, una vez terminados estos actos preparatorios, se va a instalar formalmente esta comisión y va a empezar sus trabajos», declaró Schialer a medios locales.
A su turno, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, dijo que un equipo técnico conformado por especialistas de su cartera y la Cancillería está analizando la pertinencia de esta medida.
«No estamos hablando de un retiro en este momento. Estamos en un proceso de evaluación», matizó.
El jueves, Boluarte declaró que Perú no es «colonia de nadie» y no permitirá la intervención de la Corte IDH en las decisiones que se tomen sobre el proyecto de ley de amnistía.
Arana reiteró este domingo que «bajo la óptica de la separación de poderes, desde el punto de vista internacional, pero además desde el punto de vista interno, no puede haber intervención de ningún país y ningún órgano que pretenda afectar las potestades tanto del Congreso como del Ejecutivo (peruano)».
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de estas violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».
El conflicto armado interno de Perú (1980-2000), desatado por el grupo maoísta Sendero Luminoso y el marxista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue una de las épocas más violentas de Perú, ya que dejó unas 69.000 víctimas, según el informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR). EFE
