Mónica Mego no podrá ver sentados en la sala de un tribunal a los siete miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que le negaron atención médica cuando estuvo detenida, lo que le provocó daños irreparables en su salud que la dejaron cuadripléjica.
El caso de Mónica prácticamente no tiene antecedentes en la Argentina: en 2022 la Justicia ordenó su sobreseimiento por la doctrina de la “pena natural”, al considerar que los padecimientos sufridos durante su encarcelamiento ya habían sido castigo suficiente. Sin embargo, nunca pudo recuperarse y murió poco tiempo después de haber recuperado su libertad.
El fiscal de Florencio Varela Christian Granados solicitó que se eleve a juicio la causa contra Juan Manuel González, jefe de la sección de Control perteneciente al Área de Asistencia y Tratamiento de la Unidad Penal N° 32 de Florencio Varela por los delitos de abandono de persona calificado por las lesiones sufridas y severidades y vejaciones. También deberán responder ante la Justicia los médicos Matías Pérez Núñez, Walter Piñón, Elvira Tucto, Francisco Artola, Claudio Piccin y María Guzmán, por lesiones culposas.
De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, durante el período comprendido entre el 16 de febrero y el 21 de marzo de 2019, González “retardó ilegalmente su accionar, abandonando a Mónica Mego a su suerte, en momentos en que se encontraba alojada en el pabellón Nro. 11 de Diversidad del Módulo C […], pese a haber tomado conocimiento del delicado estado de salud de dicha interna y de cuya circunstancia se infería la necesidad de ser atendida de forma inmediata en un centro de salud extramuros de mayor complejidad”.
El jefe penitenciario –se insiste en la acusación– “omitió gestionar los medios necesarios para garantizarle una debida atención médica demorando su traslado, para luego derivarla a otra unidad del mismo complejo, y recién el día 19 de marzo, trasladarla al Hospital Zonal Mi Pueblo de Florencio Varela donde, en lugar de solicitar su inmediata atención, se le gestionó un turno con el servicio de Urología para el día siguiente, al cual no pudo asistir como consecuencia de que el traslado desde la unidad a su cargo se materializó dos horas más tarde del horario asignado”.
“Cuando Mónica regresó desde el hospital a la unidad y, a pesar de su delicado estado de salud, González la alojó en una celda de contención, que en la jerga carcelaria se conoce como ‘leonera’; un lugar de dos por dos sin baño que hoy está clausurado por un hábeas corpus que presentamos. Mientras estuvo en esa celda, Mónica se cayó porque dejó de sentir sus piernas. Empezó a pedir ayuda a gritos, pero este jefe le decía que se callara, la atacó con frases humillantes y la obligó a que se arrastrara por el piso”, describe Augusto Infante, director del programa de litigios de la Comisión por la Memoria (CPM), quien acompañó la denuncia de la víctima.
Con respecto al personal médico de la Unidad Penitenciaria N°32 y de la Unidad N°23 de Florencio Varela, el fiscal Granados argumentó que “actuaron de modo imprudente al brindar atención médica a la interna Mónica Mego al no haber agotado los medios de diagnóstico a su alcance impuestos por la lex artis (término jurídico que refiere a las reglas de la práctica profesional), en cuyo caso hubiera sido posible la realización de un correcto diagnóstico y posterior tratamiento durante su estadía en la unidad, lugar en el que comenzaron a manifestarse de forma progresiva los signos y síntomas característicos de lo que se denomina síndrome medular”.
“El mencionado abandono –concluyó el fiscal– concurrió con la negligencia del personal médico de la unidad, para que la víctima sufriera, como consecuencia de ello, la pérdida total de movilidad en sus miembros inferiores, quedando postrada y con imposibilidad de valerse por sus propios medios”.
“Una historia de hipervulnerabilidad”
El 30 de agosto de 2018, Mónica, una mujer trans de por entonces 32 años, fue detenida en el centro porteño por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.
En octubre de ese año, ya alojada en la Alcaidía Pettinato, de La Plata, comenzó a sufrir dolores en la espalda, fiebre, escalofríos, y a experimentar dificultad para caminar. En febrero de 2019 fue trasladada a la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela, donde el padecimiento se agravó por el abandono sufrido.
“Mientras estuve presa nunca recibí atención médica ni ningún tipo de apoyo. Nadie se preocupó por mí. Cuando me mandaron al hospital, los médicos se dieron cuenta de que tenía toda la médula estropeada por culpa de una tuberculosis que se podría haber tratado. No pudieron hacer nada porque ya estaba totalmente paralítica”, le contó Mónica a LA NACION en su primera y única entrevista con un medio de comunicación.
“Cuando les pedía ayuda –recordó– los penitenciarios se burlaban, me decían que ellos no eran doctores. Yo no podía ni ponerme de pie, pero igual no les interesaba. Me discriminaban por el solo hecho de ser extranjera y chica trans. Por su culpa quedé inválida, sin poder trabajar ni hacer nada”.
“La de Mónica –concluye Infante– es una historia de hipervulnerabilidad. La responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense no se corta en los siete acusados, sino que hay más responsables que teniendo conocimiento de la situación, no intervinieron. A Mónica nadie la escuchó, nadie la atendió; solo recibió ataques y burlas por su condición. Su sufrimiento no importó, como tampoco importa el de cualquier mujer migrante trans detenida en una cárcel”.
Un “leading case” que llegó a CIDH
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) entrevistó a Mónica Mego en 2019, cuando estaba internada en el Hospital San Martín, de La Plata, derivada desde la Unidad Penitenciaria Hospital de Lisandro Olmos; desde ese momento coordinó acciones junto a su defensor oficial e hizo presentaciones ante la Justicia y otras dependencias del Estado bonaerense. Una vez agotadas todas las instancias, impulsó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A fines de 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de La Plata, mediante la aplicación de la doctrina de la “pena natural”, ordenó el sobreseimiento de Mónica. En el fallo, los jueces consideraron que “la imputada ha sufrido, durante su estancia en detención en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), un padecimiento grave ‘equiparable’ a la pena que podría corresponderle en caso de ser eventualmente condenada”.
El tribunal agregó que la “desconsideración” del Estado “es contraria a la dignidad de la persona y a su naturaleza humana, y significa una doble condena por el mismo hecho”. Por último, explicó que, “la pena natural constituye un grave daño en la salud psíquica y/o física del autor del delito, que permite prescindir de la pena estatal para que no se superponga a la padecida primigeniamente”.
En marzo de 2022, poco después de haber sido puesta en libertad, Mónica Mego murió por las complicaciones de salud derivadas de la falta de atención médica durante su estadía en el Complejo Penitenciario de Florencio Varela.
Ahora, casi seis años después de los padecimientos que estropearon su vida, la causa está cerca de elevarse a juicio.
