Un motociclista de 23 años perdió la vida tras impactar contra barreras colocadas en la carrera Séptima durante una celebración organizada por la comunidad indígena emberá en el Parque Nacional de Bogotá, que según reportes de las autoridades, se caracterizó por un alto consumo de licor y la ocupación indebida de la vía pública.
El incidente ocurrió el sábado 2 de agosto, cuando los participantes del evento bloquearon parcialmente la circulación utilizando maletines de seguridad, lo que derivó en un accidente mortal.
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De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad de Bogotá, los hechos se desencadenaron durante una fiesta en el centro de la ciudad, donde integrantes de la comunidad emberá instalaron barricadas con vallas y maletines de seguridad sobre la carrera Séptima, a la altura de la calle 39.
Estos elementos, colocados de manera improvisada no contaban con la señalización adecuada y se convirtieron en una trampa mortal para quienes transitaban por la zona.
Un joven conductor que transitaba por la vía en sentido norte – sur no advirtió la obstrucción, impactó directamente contra los obstáculos y, como resultado de la colisión, su cuerpo fue expulsado de la motocicleta, quedando tendido sin vida sobre el andén, frente a las instalaciones de Ecopetrol.
El fallecimiento se produjo de manera instantánea, según el informes de las autoridades.
La reacción de las autoridades no se hizo esperar. El evento encendió nuevamente las alarmas sobre la situación de los asentamientos indígenas en espacios públicos de Bogotá y la dificultad para controlar actividades que pueden derivar en tragedias.
La comunidad emberá permanece asentada en el Parque Nacional, lo que ha generado reiterados llamados de atención por parte de la administración local y de los organismos de seguridad.
Más detalles de la polémica en el Parque Nacional
El registro de menores indígenas emberá en estado de alicoramiento en el Parque Nacional de Bogotá durante una celebración colectiva provocó la activación inmediata de protocolos distritales, en medio de denuncias previas sobre reiteradas restricciones a la labor de protección infantil.
La Secretaría de Integración Social detalló que el hecho tuvo lugar el sábado 2 de agosto de 2025 y destacó la gravedad de la exposición de los niños a situaciones de riesgo en contextos de consumo de sustancias.
Desde el conocimiento inicial del evento, la Alcaldía dispuso un protocolo que comprendió la intervención de varias entidades administrativas, con el objetivo de prevenir escenarios de vulneración de derechos y preservar el funcionamiento normal de servicios como los Centros Amar de Integración Social.
Dichos centros ofrecen “actividades pedagógicas, alimentación y un entorno seguro, elementos fundamentales para mitigar los riesgos que enfrentan los menores en contextos de alta conflictividad y consumo de sustancias”, según informó la entidad.
Pese a los esfuerzos de prevención, la administración reportó que voceros de la comunidad bloquearon el ingreso a los Centros Amar, lo que impidió el traslado habitual de los niños. Esta obstaculización elevó el nivel de alerta en las autoridades, pues los menores quedaron en un entorno marcado por “alto consumo de alcohol y posibles altercados”.
Los equipos técnicos de campo identificaron la presencia de niñas y niños “sin acompañamiento adulto, deambulando por zonas peligrosas, consumiendo residuos de botellas de alcohol y sometidos a situaciones que ponían en grave riesgo su integridad física y emocional”.
Entre las medidas tomadas, la intervención incluyó la conducción de una persona al Centro de Traslado por Protección por “comportamientos contrarios a la convivencia” y la atención de casos calificados como críticos, donde se destaca el “control de niños y niñas en estado de alicoramiento”.
La Secretaría de Integración Social precisó que la operación se realizó en un contexto de “acceso restringido y tensión permanente”, una situación que, según la alcaldía, ha sido motivo de reiteradas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, sumando “más de 12 denuncias presentadas”.
La administración distrital recalcó la importancia de la corresponsabilidad institucional y social en la salvaguarda de los menores, señalando: “Bogotá lamenta este hecho, e insiste en que no hay una jurisdicción indígena en el Parque Nacional y hay un deber de corresponsabilidad en el cumplimiento del artículo 44 constitucional que busca mayor protección a niñas, niños y adolescentes”.
