La defensa del expresidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010), condenado la semana pasada a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, ha pedido este lunes ante el Tribunal Superior de Bogotá su libertad inmediata hasta que resuelva el recurso presentado contra la sentencia de cárcel.
En su escrito, el abogado del exmandatario, Jaime Enrique Granados, ha solicitado estas medidas provisionales aludiendo a lo que ha considerado como «grave violación de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de» Uribe tras el dictamen emitido el pasado viernes.
Así, ha sostenido que la sentencia «transgredió» estos derechos del expresidente colombiano «al haber ordenado la privación de su libertad de forma inmediata a pesar de que la condena proferida, en su contra, no se encuentra en firme». A este respecto, ha denunciado que el proceso «se desarrolló bajo graves vicios de motivación y en claro desconocimiento de su presunción de inocencia».
Por ello, en el documento de 91 páginas, ha pedido que «se deje sin efecto el numeral cuarto de la sentencia (…), garantizando el derecho que le asiste a permanecer en libertad, al amparo de la presunción de inocencia, mientras se dicta una decisión definitiva en el referido proceso penal».
La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá Sandra Liliana Heredia Aranda condenó el pasado viernes a doce años de arresto domiciliario al expresidente Uribe, una inhabilitación de más de ocho años y una multa de más de 3.444 millones de pesos, equivalente a 2.420 salarios mínimos (alrededor de 720.700 euros), por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, en el marco de un caso que se remonta a 2012.
Heredia dictó sentencia condenatoria contra Uribe, que ha negado en todo momento los hechos alegando ser víctima de una persecución política, tras considerar probado que el exmandatario instigó a emisarios para que manipularan a testigos en las cárceles del país con el objetivo de favorecerse con sus testimonios. Según la investigación, el abogado Diego Cadena habría intentado ofrecer beneficios a varios exparamilitares para cambiar su versión sobre supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con el paramilitarismo.
El caso comenzó en 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda, asegurando que este había recorrido las cárceles del país para presentar falsos testimonios en su contra sobre el surgimiento del paramilitarismo en la región de Antioquia.
Sin embargo, tras la aportación de pruebas, varias versiones indicaron que los abogados del expresidente buscaban manipular a testigos para que apuntaran a Cepeda, por lo que este último pasó de acusado a víctima, al contrario que Uribe, demandante, quien se convirtió en investigado.
