El capital inicial de $20 millones y el objeto social enfocado en servicios médicos de Macro Integral Soluciones S.A.S. despertaron inquietudes en las autoridades, dado que esta empresa, constituida el 5 de febrero de 2025, se convirtió en la líder del Consorcio Suministros Eléctricos de Colombia apenas veinte días después de su creación.
Este consorcio resultó adjudicatario de un contrato de más de $8.000 millones para el suministro de materiales eléctricos, firmado el 25 de febrero de 2025 por Edwin Palma en su calidad de interventor de Air-e. La Fiscalía General de la Nación, según la información disponible, puso el foco en la falta de experiencia y capacidad técnica de la empresa, así como en la naturaleza de su objeto social, que no guarda relación con el sector eléctrico.
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El contrato firmado por el ministro de Minas y Energía, identificado como C00132025, fue suspendido por el actual agente interventor tras detectarse la ejecución de órdenes de compra por montos millonarios.
El proceso de adjudicación fue objeto de escrutinio por varias razones. Entre las irregularidades que se investigan figuran la ausencia de un proceso público de selección de contratistas, la falta de verificación de la experiencia técnica y la capacidad financiera del consorcio adjudicatario, así como la adjudicación a una empresa sin relación con el objeto contractual y creada días antes de la firma. Estos elementos llevaron a la Agencia Especial Interventora a suspender el contrato, en un contexto donde la gestión de Air-e bajo intervención estatal ya acumulaba cuestionamientos.
La situación de Air-e se vio agravada por la inestabilidad en su dirección: en once meses, la empresa tuvo cuatro interventores diferentes. El actual interventor, Nelson Javier Vásquez, suspendió el 3 de julio de 2025 otro contrato que, según las investigaciones, habría sido adjudicado a la esposa de uno de los implicados en el escándalo de Centros Poblados. Este dato refuerza la percepción de desorden y posibles conflictos de interés en la administración de la empresa intervenida.
La investigación de la Fiscalía se suma a otros procesos en curso relacionados con la intervención de Air-e. Entre las denuncias existentes figuran presunta administración desleal, sobrecostos en compras, nepotismo y ocultamiento de información. La gestión deficiente desde la intervención estatal generó preocupación en el sector energético, con advertencias de gremios y ciudadanos sobre el riesgo de un apagón en el Caribe colombiano.
El ente acusador realizó varias visitas a las instalaciones de Air-e para recabar información y determinar si existen méritos para avanzar en las investigaciones por las denuncias surgidas desde la intervención ordenada por el Gobierno nacional.
Ministerio de Minas y Energía anunció investigación tras visita a XM
A la investigación a air-e se suma otro problema para la cartera de Minas y Energía que lidera el ministro Edwin Palma Egea, puesto que debe de resolver la falta de resultados en XM el principal operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y administrador del mercado mayorista de energía en el que el Estado ha gastado grandes cantidades de dinero.
La inversión, que supera los $100.000 millones —unos 26 millones de dólares al tipo de cambio vigente al momento del contrato—, fue ejecutada durante casi una década con el aval de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“Estuvimos visitando a XM. Habíamos iniciado con un derecho de petición pidiéndole información a la empresa y ellos nos contestaron: era necesaria esta visita que deja más preguntas que respuestas”, afirmó el ministro Palma en declaraciones a Valora Analitik.
Y agregó: “Es increíble que, en cerca de diez años, no haya software. Se invirtieron más de 26 millones de dólares y estos recursos salen de las facturas de los usuarios”.
