Nadie en la Argentina piensa que un jubilado, un profesor o un residente del Hospital Garrahan gana bien. O que una persona con un familiar con discapacidad o un inundado de Bahía Blanca no necesita una mano de parte del Estado, que se financia con la plata de todos los argentinos. La pregunta crucial es si un país en pleno ordenamiento luego de una grave crisis tiene o no el dinero para hacer frente a todos los reclamos al mismo tiempo. Y, en segunda instancia, si avalar esos pedidos –lo que impulsa la oposición en el Congreso en plena campaña- no podría devolver al país a la crisis que quiere dejar atrás.

En el pasado, muchos derechos fueron financiados con impuestos, deuda pública y las cajas estatales, y cuando el sector privado no aguantó más la presión, llegó “la maquinita”. La impresión desmedida de dinero derivó en altísima inflación. Y, ante la crisis, todos los gobiernos hicieron lo mismo: usaron la suba generalizada de los precios para licuar derechos otorgados a los que el Estado no podía hacer frente. Así, todos perdieron. El derecho sustentable es el que se puede financiar genuinamente.

Desde el principio, para el equipo económico del presidente Javier Milei, el diagnóstico fue que el problema de la Argentina no tenía que ver con los precios, la inflación o con la deuda. Los ruidos con esas variables derivaban de la única constante histórica en el país: la propensión de los políticos a gastar sin mirar cuánto queda en la caja.

Detrás de esa radiografía, Milei construyó su “joya”, el superávit financiero. Y lo mantuvo en todos los meses desde que está en la Casa Rosada, excepto uno. “No en vano, somos el primer gobierno en 123 años que tiene déficit cero después del pago de intereses”, celebró el Presidente.

En ese camino está la orden de Milei de que el Banco Central (BCRA) no financie al Tesoro -de hecho, ya no lo hace- y de prohibir que los presupuestos nacionales (no tiene aún uno aprobado en su gestión) “incurran en déficit fiscal”. Se trata de una regla que ya había anticipado Milei cuando presentó la ley de leyes en el Congreso, lo mismo que la sugerencia de penalizar a legisladores “irresponsables”. El reto es que esas medidas, para ser formalizadas, deberían pasar por el Congreso.

El detalle de la “joya”

El año pasado, el sector público nacional registró superávit financiero anual por primera vez desde 2010. El resultado fiscal de 2024 fue de $1.764.786 millones (0,3% del PBI). Este año, estaba previsto un superávit de 1,3% del producto, pero como consecuencia de los vaivenes globales –por la guerra en Medio Oriente y la batalla comercial de Donald Trump-, el Gobierno le prometió al Fondo Monetario Internacional (FMI) estirarse a uno de 1,6% del PBI. Se pasó la motosierra por todos lados (o casi todos) y se recortó un 29% el gasto público el año pasado. Ahora se pasó a una deep motosierra, pese a que se prevé un gasto constante con una economía creciendo por encima de 5%. Todo mientras se intentan bajar impuestos (como el extinto PAIS y retenciones), desregulando y abriendo la economía.

En la previa de las elecciones de septiembre y octubre, la oposición aprobó en el Congreso Nacional varios proyectos que el Presidente ya vetó (ahora debe sostenerlo en, por lo menos, una de las cámaras). Se trata de un aumento a los jubilados (alza de 7,2% del haber, un bono de $115.000 y el traspaso de cajas previsionales), una extensión de la moratoria y de la PUAM, y también de la emergencia por discapacidad. El costo fiscal del alza a los jubilados llegaría a entre 0,79% y 1,26% del PBI, según datos del Ministerio de Economía. Los cambios en las cajas, a 0,38%; la emergencia en discapacidad, a entre 0,28% y 0,51%; la moratoria, a 0,19% y la ampliación del universo de la PUAM, a 0,20% del producto.

En pesos contantes y sonantes, se trata de aumentar el gasto entre $15,6 y $21,5 billones por año. Parecería una cuenta impagable hoy por hoy, sobre todo cuando aparecen dudosas fuentes de financiamiento propuestas por los mismos que levantaron la mano en el Congreso. “Es equivalente a una YPF por año, o dicho de otra manera, implicaría un endeudamiento adicional de más de US$300.000 millones, o un incremento de la deuda del estado nacional de 70%”, dijo Milei.

Un ejemplo sobre el caso de los jubilados. Cuando les preguntaron a los legisladores de dónde saldría la plata para pagar la cuenta, el aporte estimable de esas fuentes de financiamiento –según un informe de la consultora Empiria de Hernán Lacunza- sería tan solo del 10% del costo fiscal que tiene el alza de haberes previsionales y del bono. Las fuentes propuestas por la oposición para financiar el aumento a los jubilados recaudarían 0,1% del PBI. El costo fiscal de la medida orillaría el 1% del producto.

Plata que no alcanza

La jubilación mínima en agosto en la Argentina es de $314.305 más un bono de $70.000, lo que suma $384.305. Se hace muy difícil vivir con sólo eso. La PUAM, con el bono, llega a $321.444. Si bien la pobreza bajó fuertemente desde inicios de 2024, llegó a 30,6% en el primer trimestre de 2025, según datos oficiales procesados por ExQuanti. Para la consultora, la incidencia de la pobreza entre los jubilados es un 50% más alta este año que lo que era en 2017.

Vale una aclaración: si Mauricio Macri y Milei ajustaron en los empalmes a los jubilados, Alberto Fernández y Cristina Kirchner les hicieron perder un 30% de su poder de compra en 2023, mientras que la expresidenta no sólo rompió el sistema previsional –achatando la pirámide, con millones de jubilados sin aportes o demorando el pago de sentencias contra la Anses-, sino que también vetó el 82% porque atentaba contra la caja.

Los proyectos aprobados esta semana también tendrán un costo fiscal. La “ley Garrahan”, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) costaría $65.573 millones este año. El gasto anualizado de ese incremento para sus médicos es de $133.433 millones. Se trata de una erogación similar a la que, por ejemplo, debe hacer para funcionar la legislatura bonaerense ($155.000 millones), la casa de “Chocolate” Rigau, aquel puntero político que fue atrapado retirando dinero con 48 tarjetas de débito de varios “ñoquis” del propio parlamento de la provincia de Buenos Aires.

La ley de financiamiento educativo, también aprobada esta semana, no tiene un cálculo sobre su costo fiscal, no por lo menos uno actualizado. El proyecto anterior vetado por Milei –que es similar al actualmente aprobado- costaba a fines de año pasado un 0,14% del PBI, lo que es equivalente a $738.595 millones, según los cálculos que entonces hizo también la OPC.

La oposición también busca frenar parte de la desregulación que impulsa el ministro Federico Sturzenegger. Esta semana, por caso, se votó en el Congreso en contra del decreto que suprimía la existencia de Vialidad Nacional; el que reestructuraba el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); la norma que hacía lo mismo con organismos culturales, la que quitaba autonomía al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), y la que establecía un régimen de excepción para la marina mercante nacional. Un dato de color: la cautelar para frenar en la Justicia la supresión de Vialidad la pidió una gremialista que solía viajar en aviones privados con los Báez. En el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado no habían hecho números sobre ese impacto.

De todos modos, el Gobierno deberá proponerse escuchar más. Ni los médicos, profesores, jubilados o las personas con discapacidad son enemigos. Son argentinos, por lo que le corresponde a Milei mejorar la gestión del sistema -regularizar pagos y actualizar de aranceles- para ayudar a las familias de personas con discapacidad, trabajar en apuntalar la situación de los empobrecidos jubilados, médicos, y profesores.

La mayoría política iza esas banderas sólo por cuestiones proselitistas. Cuando les tocó gobernar poco hicieron para dar soluciones. Gastar de más es irresponsable. Financiar gasto corriente con deuda también; lo mismo es atiborrar al sector privado con impuestos, lo que demora su expansión -más empleo- y aumenta el costo país –los precios- para todos. Darle a la “maquinita” no hace más que derretir a fuego lento los derechos que proclaman los mismos “imprenteros”.

El reto de Milei avanza por un estrecho desfiladero: la necesidad de abrir más oportunidades –sobre todo a quienes más los precisan- sin arruinar el futuro de todos, volviendo al país de la inflación.