Dos empresas de electrodomésticos que producen en la provincia de Buenos Aires y compiten contra el régimen arancelario e impositivo de Tierra del Fuego aseguran ser víctimas de “arbitrariedades” operativas en la aduana por parte de funcionarios de ARCA, que, a su vez, las acusan de intentar sortear impuestos millonarios.
Esta pelea aduanera cobra relieve por el trasfondo político: ARCA es liderada por Juan Pazo, hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo primo, Nicolás Caputo, es propietario de Mirgor, una de las dos principales empresas fueguinas.
Desde la óptica de las compañías que denuncian estas arbitrariedades, las firmas radicadas en la provincia austral serían las beneficiarias indirectas del “irregular accionar” de algunos funcionarios.
Las quejas y sospechas pertenecen a los fabricantes de electrodomésticos Ludadel SRL y Fag Sistems SA. La producción de ambas compañías aseguran que se vio afectada recientemente como consecuencia de una última “arbitrariedad” por parte de ARCA: el jefe de la aduana de La Plata, Eduardo Gómez, las denunció por contrabando, al sostener que las dos empresas eran, en rigor, una sola, que, a través de una maniobra deliberada, buscaba declarar por separado las piezas que componen un televisor LED para eludir cargas impositivas.
El juez de la Plata a cargo de la investigación, Ernesto Kreplak, archivó el caso en julio, al considerar que el procedimiento que siguieron las empresas, que fue objetado por Gómez, no era siquiera una infracción aduanera.
Pero las compañías aseguran que su giro comercial se vio afectado por tener que hacer frente a nuevos costos logísticos y de almacenamiento como resultado de una denuncia “sin sostén”.
Desde ARCA respaldaron el accionar de Gómez, pese a que el funcionario fue removido del cargo días después de recibir una contradenuncia por parte de las empresas, que lo acusan de abuso de autoridad.
Fuentes del organismo precisaron que el hoy exjefe de la aduana identificó que las empresas buscaban embarcar en forma separada las partes de un televisor Led para evitar pagar lo que estiman son casi 12 millones y medio de dólares.
La denuncia derivó en una primera retención de la mercadería por parte de la Aduana, que frenó 38 contenedores que luego serían alcanzados por una cautelar.
El día en que el juez Kreplak se disponía a levantarla la medida sobre casi la totalidad de esa mercadería -caución mediante- la Dirección General de Aduana (DGA) presentó una ampliación de su denuncia inicial, que derivó en una extensión de la cautelar.
Amparado en un reciente fallo de la Corte Suprema, el juez Kreplak archivó el caso en julio por inexistencia de delito. Pero las empresas sospechan que fueron víctimas de una búsqueda deliberada para perjudicarlas.
En los escritos que presentaron ante la Justicia, sostienen que, más allá de los lazos comerciales que las unen, son dos firmas distintas y autónomas, con giros comerciales independientes; un hecho que habría quedado fácilmente demostrado, aseguran, con cualquier medida que hubiera tomado al respecto ARCA.
“El objetivo era denunciar y trabar la importación y se logró merced de efectuar afirmaciones mendaces e infundadas”, sostiene el gerente de Ludabel, José Ignacio Butera, en la denuncia contra el funcionario Gómez.
“Una arbitrariedad más que realmente solo puede responder a la voluntad preordenada de perjudicar a la firma Ludadel y a Fag Sistems. Habrá que explorar los móviles quizás no expresos de esta actuar infundado y pernicioso que pueden hallar sustento en la intención de solicitar alguna dadiva o bien en favorecer algún competidor que busca perjudicar los negocios de Ludadel y de su cliente Fag Sistems S.A en el mercado de los electrodomésticos, en particular, de los televisores”, sigue la empresa.
En el escrito presentado por la otra empresa ante la Justicia, se afirma que Gómez y el ingeniero Medrano César Hernán -el otro funcionario involucrado en la denuncia- omitieron consignar en su evaluación aduanera todas las operaciones que daban cuenta de que las partes que tenían una y otra empresa eran incompatibles.
“Más grave aún es que frente a una requisitoria jurisdiccional manipule el informe al efecto de mostrar parcialmente la realidad para intentar vigorizar una acusación que desde el inicio se muestra caprichosa y arbitraria”, señala el abogado de Fag Sistems, Mariano Ezeyza.
Gómez fue removido de su cargo como jefe de la aduana una semana después de haber sido denunciado. Pasó a ocupar un lugar como consejero, un movimiento que responde al reacomodamiento general que transita ARCA, explicaron desde le organismo.
“Inferir que es consecuencia de una denuncia es perder de vista que los funcionarios aduaneros de todo el país realizan denuncias de forma constante y habitual como consecuencia de sus funciones de control en el marco de lo establecido en el código aduanero”.
Tierra del Fuego
En mayo de este año, el ministro Caputo afirmó que tomó la decisión de iniciar una reducción progresiva en los aranceles de importación, una medida que obliga a las empresas radicadas en Tierra del Fuego a volverse más competitiva.
“Es el único gobierno que terminó con un régimen con el que todo el mundo estaba en contra, fue decisión mía. Y, como ustedes saben, una de las dos empresas es de un primo mío, así que cuando vean a algún funcionario terminar con algo que no le beneficia a su familia, avísenme que me hago un cóctel de sapos y me lo como”, declaró.
Se refería a los aranceles que rigen sobre algunos productos electrónicos importados que aumentan su precio en el mercado local y benefician indirectamente a las empresas que producen o ensamblan productos similares en la provincia austral.
De manera directa, sin embargo, las empresas fueguinas son beneficiarias de un amplio abanico de ventajas fiscales, ligadas fundamentalmente a las exenciones impositivas.
El mantenimiento del Régimen de promoción de Tierra del Fuego -diseñado hace más de 50 años para diversificar la producción y poblar el sur del país- se convirtió en uno de los blancos de crítica contra el presidente Javier Milei, que desde siempre pregonó con vehemencia la liberalización de la economía, en general, y de la producción, en particular.
Algunos cálculos privados estiman que el manto proteccionista que recubre la producción en Tierra del Fuego significa un gasto fiscal de alrededor de mil millones de dólares, que representan entre un 0,22% y un 0.33% del PBI.