A casi 18 meses del inicio de su mandato, Javier Milei ha trazado una línea de confrontación con el Congreso que tensiona al máximo las costuras del sistema republicano. El Presidente ha hecho uso intensivo de dos instrumentos constitucionales: el veto presidencial y los decretos (DNU y delegados). Mientras tanto, un Congreso fragmentado intenta resistir y resguardar su función legislativa y su función de control.
Por primera vez desde la reforma constitucional de 1994 la cantidad de DNU y decretos delegados de un presidente es mayor a la cantidad de leyes sancionadas por el Congreso. De las 52 leyes sancionadas desde el 10 de diciembre de 2023 a la fecha, el 80,7% fue iniciativa del Poder Ejecutivo (7 corresponden a Milei y 35 a Alberto Fernández). Además, mediante el reciente Decreto 534/2025 se formalizó el veto a tres leyes referidas al incremento de los haberes jubilatorios, moratoria previsional y discapacidad. Esto conduce a un total de 7 leyes vetadas por Milei: seis de forma total y una de manera parcial.
En la famosa obra El Federalista (N° 73), Alexander Hamilton defendía el veto como un “escudo” del Ejecutivo frente a decisiones legislativas impulsivas. En los considerandos de los recientes vetos, Milei desafía al Congreso al sugerir que “debe actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación afecte las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos previstas en el Presupuesto Nacional.” Por el momento, ninguno de los proyectos vetados por Milei alcanzó la necesaria mayoría -dos tercios de las dos cámaras del Congreso- para su insistencia.
De acuerdo a los datos que recabamos desde el Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral, desde que asumió como presidente, Milei ha dictado un total de 76 DNU. Tal vez los más trascendentes hayan sido el “megadecreto” DNU 70/2023 y el DNU 656/2024.
El primero contiene las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025 e inicia con el proceso de desregulación de la economía a través de la derogación y modificación de diversas leyes. Fue rechazado por el Senado, pero sigue vigente por culpa del mal diseño de la ley 26.122, la cual regula el control que ejerce el Congreso sobre los decretos dictados por el Ejecutivo. El segundo, pretendió ampliar el presupuesto de la SIDE en 100 mil millones de pesos, pero se hizo conocido por ser el primero y único decreto en la historia argentina en ser derogado por ambas Cámaras del Congreso.
A su turno, suman 92 los decretos delegados de Javier Milei, de los cuales 69 derivan de la Ley de Bases sancionada en 2024. Muchos de estos decretos delegados reorganizan o disuelven organismos públicos, privatizan empresas del estado y modifican leyes vigentes.
En medio de la pulseada, el Senado rechazó los pliegos de los dos candidatos nominados por Milei para ocupar las vacantes en la Corte Suprema y, recientemente, la Cámara de Diputados rechazó el DNU 340/2025 que desregula la Marina Mercante y los decretos delegados 345/2025, 351/2025, 461/2025 y 462/2025 mediante los cuales se disolvieron y reorganizaron varios organismos públicos (Instituto Nacional del Teatro -entre otros organismos de cultura, INTI, INTA, Banco Nacional de Datos Genéticos y la Dirección de Vialidad Nacional).
La disputa entre decretos y vetos revela no solo una estrategia de poder, sino también una tensión estructural que pone a prueba la vitalidad del sistema republicano y la capacidad del Congreso para ejercer su rol de contrapeso institucional. Habrá que esperar el resultado de las elecciones del 26 de octubre para vislumbrar cómo continuará esta pulseada por el poder.
Profesora de Derecho Constitucional y coordinadora del Observatorio de Decretos Sujetos a Control Legislativo (ODCL) de la Universidad Austral
