“Va a decir que esto es un sabotaje, es un desastre, es un asesino. Necesita pagar por lo que hizo. Hay encubrimiento total.” Con esas palabras, Alejandro Ayala, hermano de Leonel Ayala -presunta víctima del fentanilo adulterado-, se refirió a Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, al retirarse este martes del Congreso. “Acá hay un interés político, un interés del narcotráfico y de personas que no quieren que hablemos. Y nosotros, como familia, nos sentimos silenciados. Nos quieren callar. No nos vamos a callar: vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, agregó.
Ayala llegó a la Cámara de Diputados junto a otros familiares de personas que, se estima, murieron tras una intoxicación con fentanilo contaminado. El objetivo: reclamar el esclarecimiento del caso y la adopción de medidas urgentes. La delegación fue recibida por la diputada de Pro Silvana Giudici, en un encuentro que también contó con la presencia del libertario Nicolás Mayoraz y la radical Karina Banfi.
El encuentro tuvo lugar un día antes de que la Comisión de Salud, presidida por el peronista Pablo Yedlin, inicie el tratamiento de cinco pedidos de informes al Poder Ejecutivo sobre las muertes vinculadas al opioide. Los proyectos llevan las firmas de los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, del radical Manuel Aguirre, de Giudici, de Victoria Tolosa Paz y del propio Yedlin.
La cita en Diputados se concretó luego de que el juez federal Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación radicada en La Plata, afirmara que serían 76 las muertes registradas en centros de salud de distintas provincias relacionadas con la administración de fentanilo contaminado en unidades de terapia intensiva y cuidados críticos.
El expediente judicial se inició cuando médicos del Hospital Italiano de La Plata detectaron varios cuadros de neumonía grave con evolución rápida en pacientes internados. En todos ellos se investiga la posible relación con la administración de fentanilo proveniente de un mismo lote: el N° 31.202, elaborado en diciembre de 2024 en la planta de Laboratorios Ramallo para HLB Pharma. Ese lote está bajo investigación judicial y sanitaria por una presunta contaminación con bacterias.
Según el expediente, parte de esas ampollas empezaron a utilizarse el 7 de abril en ese sanatorio, aunque no está confirmado que todos los pacientes afectados las hayan recibido.
Para Ayala, lo sucedido no es un hecho aislado, sino “una crisis sanitaria, una catástrofe producto de dos laboratorios -HLB Pharma y Ramallo- que hicieron un desastre a nivel nacional y nos dejaron manchados a nivel mundial”. Y advirtió que, a pesar de la gravedad, “todavía no hay personas que fueran a declarar, no hay imputados, no hay detenidos; las cosas no siguen siendo claras”.
En una entrevista exclusiva con LA NACION, García Furfaro ofreció su propia versión: “El único lote que tiene este problema es el 31.202, que dicen que algunas ampollas están contaminadas y otras no. Es rarísimo, porque hicieron todos los lotes juntos”. Y sumó: “Si realmente las ampollas tienen esa contaminación, alguien la puso”.
Una investigación parlamentaria
En paralelo al trabajo en la Comisión de Salud, Giudici presentó un proyecto para crear una comisión investigadora específica sobre el caso. Sin embargo, la propuesta fue girada a las comisiones de Peticiones, Poderes y Reglamento, y Presupuesto, que hasta el momento no convocaron a reunión. “Seguiremos trabajando en Diputados y vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia por estos crímenes causados por el fentanilo adulterado. No vamos a permitir que esta tragedia sanitaria quede impune y exigiremos que todos los responsables tengan su correspondiente pena”, sostuvo la legisladora.
El jefe del bloque Pro, Cristian Ritondo, también expresó su respaldo: “Desde el Congreso seguiremos elevando la voz y no permitiremos que este tema se apague. Vamos a acompañar a las familias en su reclamo y brindar todo nuestro apoyo para que se haga justicia”.
El tema ya había generado cruces en la última sesión. Giudici buscó que se debatieran de urgencia dos proyectos vinculados a la investigación, pero el entendimiento inicial con Unión por la Patria -que proponía postergar la discusión para llegar a un punto en común- se quebró. La diputada acusó al kirchnerismo de bloquear el esclarecimiento, mientras que desde UP señalaron que Giudici forzó una votación sin quorum para provocar un escándalo.
De la reunión de esta tarde participaron, además de Mayoraz, Ritondo, Giudici y Banfi, los legisladores de Pro, Marilú Quiroz, María Sotolano, Martín Ardohain, Patricia Vásquez, Fernando Iglesias, Sergio Capozzi, Gerardo Milman y Sabrina Ajmechet. En representación de las familias estuvieron los allegados de Leonel ayala: sus hermanos Alejandro y David, Luis Ayala (padre) y Liliana Peralta (madre). También Sol Francese (madre de Renato Nicolini), Adriana Francese (abogada y tía), Sandra Altamirano (madre de Daniel Oviedo), Gisel Oviedo (hermana), Clarisa Álvarez (hija de Ramón Álvarez) y Claudia Nicastri (familiar de Ramón Álvarez).
