En un mundo cada vez más interconectado, las políticas arancelarias han dejado de ser únicamente medidas económicas para convertirse en instrumentos de poder geopolítico. Este cambio ha generado una creciente inestabilidad en el sistema comercial mundial, y ha afectado a economías desarrolladas y emergentes por igual. Los aranceles, dispuestos estratégicamente por grandes potencias, están creando incertidumbre, fragmentando cadenas de suministro y generando tensiones diplomáticas. Las finalidades políticas de las normas arancelarias pueden advertirse en algunos casos paradigmáticos. De modo que esta finalidad política parece guiar toda medida económica arancelaria.
Imponer medidas arancelarias con finalidades políticas puede resultar incierto si se producen cambios políticos en el país al que se le imponen las medidas. También es posible que se produzca un cambio político que haga inconveniente la aplicación de las medidas arancelarias. Con lo cual, quedan en la incertidumbre las mismas medidas económicas que han tenido una finalidad política ahora cambiada.
Por todo eso, es incierto el fin económico si las circunstancias llegan a cambiar, y el que hoy es su enemigo político es sustituido circunstancialmente por otro amigo. En este caso, las medidas arancelarias deberían cambiarse concordantemente. Además, subordinar aranceles a resultados electorales puede ser discutible, tanto desde el punto de vista de las medidas económicas como de la finalidad política internacional con respecto al país en cuestión.
Por lo demás, las medidas arancelarias pueden afectar a entidades que no están directamente en la mira de las intenciones políticas, pues aquellas medidas afectarán inexorablemente a empresas o personas que no se relacionan ni se identifican con las personas o gobiernos a las que van dirigidas políticamente.
Las finalidades políticas de las normas arancelarias podrán ser consideradas contrarias, en las situaciones expuestas, a los principios fundamentales de no injerencia en el derecho internacional. Por consiguiente, pueden quedar afectadas tanto por norma del derecho internacional como por normas de los distintos sistemas jurídicos nacionales involucrados. Además, pueden quedar en abierta contradicción con las nuevas realidades políticas emergentes. He aquí el peligro de una disociación entre medidas arancelarias y situaciones políticas a las cuales las medidas van dirigidas.
Además, las medidas arancelarias pueden ser también inconvenientes o incluso ilegales en el propio país que las adopta, con lo cual el asunto se convierte en una cuestión de doble régimen: de inconveniencia política e ilicitud jurídica. Por otra parte, las medidas arancelarias con finalidades políticas pueden dar origen a otras medidas arancelarias de reciprocidad, con lo cual la problemática se complica por la licitud o ilicitud, en la misma medida, en dos sistemas jurídicos.
Por otro lado, también se advierten medidas arancelarias más relajadas o amistosas, con la finalidad de una mayor cooperación económica entre los países, con lo cual el panorama se presenta compuesto por una complejidad de medidas agresivas o de medidas benévolas o amistosas, tendientes a la integración económica o al menos a la más estrecha cooperación entre las economías a las cuales las medidas van dirigidas.
Se puede advertir la compleja situación que se presenta para los gobiernos que imponen medidas arancelarias severas, que están enfrentados a otros gobiernos que imponen medidas, digámoslo así, amistosas. De modo que el gobierno que impone medidas severas se ve enfrentado de una manera directa o indirecta con las medidas de otros países, que tienen por finalidad normas arancelarias de amistad y conveniencia recíproca.
Así, se puede pensar que las medidas severas contra un país pueden ser amortizadas por otras medidas convenientes al mismo país. Por ejemplo, una medida arancelaria gravosa para las importaciones a un determinado país puede anularse por otras medidas equivalentes y amistosas de otras potencias. Si un determinado país impone una medida gravosa, las exportaciones pueden ser alteradas en su dirección a países que amistosamente levanten sus medidas arancelarias.
De esta manera, medidas de endurecimiento arancelario de un determinado país respecto de otro podrían ser contrarrestadas por medidas de un tercer país que resultara favorable a la exportación de las mercaderías antes exportadas al primer país, y que ahora se exportarían a un tercer país, eludiendo así las medidas gravosas contra el país al cual originariamente iban dirigidas.
Por ejemplo, una medida arancelaria políticamente rigurosa puede verse privada de efecto por la liberalización de medidas de exportación a un país que permite el redireccionamiento de las mercaderías o servicios originariamente gravados. Con ello se advierte que una medida arancelaria rigurosa puede neutralizarse con otra medida arancelaria beneficiosa. Tan sencillo como eso. De modo que todavía se puede elucubrar con lo siguiente: si el país que impone medidas arancelarias gravosas a otro país se enfrenta con un tercer país económicamente, este tercer país puede liberar la importación de las medidas antes dirigidas, con lo cual la medida del primer país quedaría anulada en la práctica con la exportación a un tercer país que está enfrentado económicamente con el primer país.
Todo esto demuestra la problemática que surge de las finalidades rigurosamente políticas de las medidas arancelarias, por el cambio de las circunstancias comerciales o políticas a las cuales las primeras medidas van dirigidas, y que resultan morigeradas o incluso anuladas por las políticas de un tercer país enfrentado eventualmente al primero que ha impuesto las sanciones arancelarias.
En definitiva, las medidas arancelarias tienen un fin específico de importación al país que impone las medidas. Pero si el fin puede cambiar por alteraciones internas en el país al que va dirigida la medida, o por cambios externos que posibilitan la exportación de esas mercaderías a un tercer país, el fin originario se ve frustrado.
