El Gobierno nacional abonará una indemnización al múltiple homicida Guillermo Antonio “Concheto” Álvarez. Así lo establece el Decreto 577/2025, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, en cumplimiento de una sentencia dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Estado reconoce así la obligación de pagarle once mil dólares estadounidenses (USD 11.000) a Álvarez por concepto de daños material e inmaterial, tal como ordenó el tribunal internacional.
La decisión surge tras el fallo emitido por la CIDH el 24 de marzo de 2023 en el caso Álvarez vs. Argentina, en el que ordenó al Estado nacional indemnizar a “Concheto” Álvarez, quien fuera condenado y permanece identificado públicamente por múltiples homicidios. De acuerdo con la información oficial, el pago deberá efectuarse dentro del plazo de un año contado desde la notificación, ocurrida el 7 de noviembre de 2023.
Según el decreto presidencial, el monto dispuesto incluye 1.000 dólares por daño material y 10.000 dólares por daño inmaterial, sumas “fijadas en equidad”, en favor del reclamante. El texto detalla que la medida cuenta con la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia, que actuaron dentro de sus respectivas competencias.
En sus considerandos, el decreto reitera la obligación de acatar las sentencias internacionales de derechos humanos tanto dentro del país como frente a la comunidad internacional.
El fallo bajo el expediente “Álvarez vs. Argentina” fue registrado formalmente en el país con la publicación del decreto firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Economía Luis Caputo y el embajador Gerardo Werthein. El gasto requerido para cumplir esta medida será imputado a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a cargo del Tesoro, según indica la normativa oficial.
Quién es “Concheto” Álvarez
“Concheto” fue acusado de matar, el 28 de julio de 1996, al hijo de Bernardo Loitegui, ex ministro de Obras Públicas de la Nación del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse. De acuerdo a la investigación, le pegó dos balazos a la víctima durante el robo de su Mercedes Benz, frente a su hija y pese a que el hombre no se resistió.
Ese mismo día, habría cometido los asesinatos del policía, que estaba de franco, y de la estudiante, que festejaba un cumpleaños. Meses después de ser condenado, le adjudicaron el homicidio de Aranda, quien fue ultimado de un facazo en el pecho, muy cerca del corazón.
Según las crónicas que lo retrataron, hacía apología de sus propios delitos. “Robo porque me gusta, no por necesidad. El delito me atrae, me seduce, es como enamorarse. O tener la mujer más linda”, habría dicho cuando lo arrestaron en el chalet en el que vivía con su familia.
En su cuarto, los policías hallaron recortes del diario La Nación de 1972, donde aparecían los crímenes y las reconstrucciones ante la policía de Robledo Puch, el asesino serial conocido como el “Ángel Negro”.
Tanto a la prensa y como a los policías que lo arrestaron, les resultaba llamativa su apariencia, que salía de lo común. “Usaba lentes, traje, parecía torpe y bueno, pero cuando robaba le salía el lado salvaje, monstruoso, hasta parecía cambiar de forma”, indicaron.
A diferencia de sus cómplices, Álvarez pertenecía a una clase social acomodada y vivía en un barrio elegante de Acassuso, en la zona norte del conurbano. Su padre era dueño de dos cines y de un local comercial. Incluso, había estudiado en los institutos privados San Patricio y Nuestra Señora de Fátima, donde lo expulsaron cuando pasó el límite de 24 amonestaciones.
Al mismo tiempo, reclutaba “soldados” en villa La Cava, de San Isidro. Los peritos que lo trataron lo describieron como “un narcisista, un psicópata perverso”. Su banda de “nenes bien” tenía como principal blanco los restaurantes de lujo. Una de sus primeras víctimas fue el miembro del directorio de la petrolera Esso, a quien le robaron un Rolex, el celular, dinero y su Honda Accord. También entraron a robar en Chungo, Café de los Incas, La Parolaccia, Camerún, Harry Cipriani y La Biela.
En diciembre de 2015, los camaristas Ángela Ledesma y Alejandro Slokar consideraron que la pena de prisión perpetua no podía exceder los 25 años y le concedieron la libertad. Pero fue detenido meses después por un intento de salidera.
En abril de 2020, en pleno aislamiento por la pandemia de coronavirus, firmó -junto a otros tres internos- el acuerdo con los representantes del Ministerio de Justicia de la Nación, que frenó un motín en cárcel de Devoto, donde permanece encerrado y donde consiguió recibirse de abogado y llevar adelante su propia defensa.
