La convención constituyente de Formosa −convocada por impulso del gobernador Gildo Insfrán luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional su reelección indefinida− apenas resistió una semana con todos sus miembros en sus bancas. Este martes, seis de los nueve opositores pegaron un portazo y acusaron al oficialismo de convertir el proceso en una “farsa” al violar de forma sistemática el reglamento interno. La ruptura dejó al radicalismo como única fuerza opositora en el recinto.

Los que se fueron son los libertarios Atilio Basualdo, Sofía Fridman y Pablo Míguez; la dirigente de Nuevo País, Gabriela Neme; y Francisco Paoltroni y Guillermo Evans, de Libertad, Trabajo y Progreso. Estos últimos habían llegado en alianza con la UCR, pero rompieron filas al ver que los radicales no estaban dispuestos a seguir el mismo camino.

La composición actual de la convención surge de las elecciones provinciales del 29 de junio pasado, en las que Insfrán obtuvo un contundente 70% de los votos. En esa misma jornada se eligieron los 30 convencionales constituyentes, además de concejales municipales y la mitad de la Legislatura provincial.

De esos 30 representantes, 21 quedaron en manos del oficialismo y solo nueve representan a la oposición. Con semejante mayoría y sin chances reales de frenar la voluntad del gobernador de moldear la Constitución a su medida, el bloque que se retiró busca vaciar de legitimidad la convención y denuncia un “avasallamiento” de sus derechos. Los convencionales no perciben salario por su función, por lo que la renuncia no implica un costo económico, sino un gesto político.

En diciembre pasado, y por unanimidad, la Corte Suprema dispuso que es inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de Formosa que habilita la reelección sin límites de Insfrán, quien gobierna desde 1995. El propio Insfrán había introducido ese artículo en la Constitución provincial, cuando la reformó en 2003 para asegurarse su continuidad.

En su sentencia, el máximo tribunal advirtió que su actuación se limitaba a invalidar el artículo 132, pero que era la provincia, mediante una reforma constitucional, la que debía cumplir con el fallo.

Insfrán, que meses antes ya había comenzado a impulsar una reforma constitucional para saltearse una eventual prohibición a su reelección, movilizó al peronismo para aprobar la convocatoria a la convencional constituyente bajo el argumento de sumar “derechos de tercera y cuarta generación”.

En la oposición lo interpretaron como una jugada para cumplir formalmente con la Corte, pero bajo las reglas del gobernador.

El foco de la disputa, el artículo 132, todavía no se trató. Pero en los pasillos circula una versión: el oficialismo podría aceptar limitar los mandatos, aunque solo hacia adelante. Con esa cláusula transitoria, Insfrán quedaría habilitado para competir por dos períodos más y seguir en el poder hasta los 82 años.

Los que se fueron

En una nota dirigida a la presidenta de la convención, la oficialista Graciela de la Rosa, los seis opositores renunciantes acusaron al oficialismo de “incumplimiento sistemático del reglamento” y de provocar una “gravedad institucional” que convirtió el proceso en un fraude. Según su denuncia, los textos se proyectaban en pantalla solo después de ser aprobados y les imposibilitaban el debate real.

Aseguran que en la primera semana se sancionaron “23 artículos nulos” por ignorar procedimientos clave y que el oficialismo bloqueó el derecho a explicar mociones o debatir sobre tablas. También apuntan a prácticas que, a su juicio, buscaron silenciar a las minorías: interrupciones, prohibición de dirigirse por nombre a otros convencionales y hasta cortes de micrófono durante las transmisiones oficiales.

Gabriela Neme describió a LA NACION el clima de trabajo: sesiones a contra reloj, sin personal de apoyo ni acceso previo a los proyectos, computadoras que “se trababan siempre” por supuestos problemas técnicos y una desigualdad de recursos evidente respecto del oficialismo. “Ellos tenían todo: personal, impresoras, acceso a los textos. Nosotros, nada”, resumió.

Para este sector, la convención no es más que una “reforma ya pautada” que utiliza a la oposición como decoración para convalidar una ampliación encubierta del poder de Insfrán.

Los que se quedaron

La UCR, en cambio, optó por seguir en sus bancas. Miguel Montoya, presidente provincial del partido, comparte el diagnóstico de “circo” y “atropello” pero rechaza la idea de irse. “En política se representa, y nos votaron para estar ahí, aun sabiendo que la convención iba a ser esto”, sostuvo en diálogo con este medio. Para los radicales, retirarse sería dejar el campo libre.

Montoya también argumenta que permanecer tiene valor estratégico: todo lo que se diga en el recinto podría servir como insumo para un nuevo planteo judicial ante la Corte Suprema. “Muchas de las cosas que se digan ahí nos van a servir como fundamento jurídico”, anticipó.

En un comunicado, la UCR recordó que el fallo que ordenó esta reforma es resultado de una acción judicial propia y que “la democracia no se forjó abandonando las luchas”. Criticó que el oficialismo impone una agenda “unilateral” y margina los proyectos opositores, pero reafirmó que el deber de las minorías es “debatir, exigir y exponer las ideas” incluso en escenarios adversos.

Con la oposición partida y un oficialismo con amplia mayoría, el futuro de la convención parece escrito. La verdadera batalla, coinciden ambos sectores, no se librará en ese recinto: se dirimirá en los tribunales, en las redes y en la calle, donde se juega la legitimidad política del gobernador cuya reelección indefinida fue objetada por la Corte.