Florida atraviesa un año marcado por profundos cambios en su marco legal migratorio, con un paquete de leyes impulsado por el gobernador Ron DeSantis y alineado con las políticas del presidente Donald Trump que apunta a reforzar el control sobre la inmigración irregular. Algunas medidas fueron cuestionadas en los tribunales, al tiempo que las comunidades de extranjeros ya sienten el impacto.

SB 2-C: refuerzo de la cooperación con el ICE en Florida

Esta legislación impulsada por el mandatario estatal republicano amplía la coordinación entre autoridades estatales y locales con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Además, suma nuevas restricciones contra indocumentados.

• Prohibición de licencias: el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados no puede emitir licencias de conducir ni identificaciones a indocumentados. Además, las licencias emitidas por otros estados exclusivamente para ellos pierden validez en Florida.
• Sanciones a funcionarios: los empleados estatales o municipales que se nieguen a colaborar con ICE pueden ser suspendidos y recibir multas de hasta 5000 dólares.
• Junta de Aplicación Migratoria: se crea un organismo encabezado por un “zar migratorio”, Larry Keefe, encargado de coordinar esfuerzos con el ICE y gestionar un programa de subvenciones que destina entre US$250 millones y US$298 millones a operativos, detenciones y capacitaciones.
• Programa 287(g): extiende la participación de todos los cuerpos de seguridad, al permitir que policías estatales y locales ejecuten funciones migratorias como interrogatorios, arrestos y deportaciones.
• Restricciones de liberación: los indocumentados acusados de delitos graves no pueden solicitar fianza hasta la primera audiencia. Si existe riesgo de fuga, se ordena su detención preventiva.

SB 830: control de embarcaciones con migrantes en Florida

Diseñada para frenar el ingreso por mar, esta ley regula el manejo de embarcaciones improvisadas usadas por migrantes procedentes de Cuba, Haití y otras islas del Caribe.

• Definición de embarcación migrante: considera cualquier barco utilizado para ingresar de manera irregular al país norteamericano a través de la costa de Florida.
• Acción inmediata: autoriza a las autoridades locales a retirar o trasladar estas embarcaciones mediante procedimientos establecidos.
• Mayor capacidad operativa: amplía las facultades de intervención de la policía en estos casos.
• Vigencia: entró en vigor el 1° de julio de 2025 y afecta principalmente a comunidades que intentan llegar por mar a las costas floridanas.

HB 915: control sobre servicios migratorios

Esta norma busca proteger a inmigrantes vulnerables frente a fraudes cometidos por personas que se presentan como asesores legales sin serlo.

• Restricciones de uso de términos: se prohíbe que notarios o personas no autorizadas empleen expresiones como “asistente de inmigración” o “especialista en inmigración”, que podrían inducir a error.
• Avisos obligatorios: todo prestador de servicios que no sea abogado debe aclararlo en anuncios y materiales promocionales.
• Recurso legal para víctimas: quienes sean engañados pueden iniciar demandas civiles para recuperar dinero y cubrir gastos legales.
• Entrada en vigencia: la norma comenzó a regir el 1° de julio de 2025.

SB 4-C: sanciones más duras para inmigrantes sin estatus legal

Esta normativa define como “extranjeros no autorizados” a quienes carecen de estatus migratorio legal en Estados Unidos y establece un régimen de penalizaciones más severo para la entrada irregular a Florida.

Según documentos judiciales, la Corte Suprema de EE. UU. suspendió temporalmente su aplicación en julio de 2025 por posibles violaciones constitucionales. Sin embargo, las autoridades estatales mantuvieron su aplicación para arrestos basados en sus disposiciones.

• Entrada ilegal: ingresar o intentar entrar a Florida sin pasar por la inspección migratoria federal constituye un delito menor de primer grado, con un mínimo de nueve meses de prisión. La reincidencia eleva la sanción a un delito grave de tercer grado, con al menos un año y un día de cárcel, mientras que una tercera infracción implica dos años de detención.
• Detención obligatoria: toda persona arrestada bajo esta categoría debe permanecer bajo custodia hasta la resolución de su caso, sin posibilidad de acceder a programas de desvío previos o posteriores al arresto.
• Notificación al ICE: las autoridades locales están obligadas a informar el ICE sobre cada arresto, incluidos datos biométricos como huellas digitales.
• Pena de muerte automática: la ley establece la condena capital obligatoria para inmigrantes irregulares condenados por delitos capitales, como homicidio premeditado o abuso sexual de menores. Críticos señalan que esta disposición choca con fallos previos de la Corte Suprema, que prohíben la imposición automática de la pena de muerte sin deliberación del jurado.

Nuevos centros de detención para migrantes en Florida

Dentro de su estrategia de control, Florida habilitó instalaciones específicas para alojar a personas en proceso de deportación.

• Alligator Alcatraz: un centro ubicado en los Everglades, diseñado con alta seguridad para detenciones prolongadas.
• Deportation Depot: instalado en una prisión estatal en desuso en el norte de Florida. Fue anunciado este jueves 14 de agosto por Ron DeSantis.