El proceso de remate de los bienes de Cristina Kirchner y del resto de los condenados por corrupción en la causa Vialidad avanza más allá de las objeciones legales que realizó la expresidenta.
El Tribunal Oral Federal N°2 rechazó los pedidos de nulidad que planteó la expresidenta sobre la manera en la que la Justicia calculó el monto del decomiso en $684.990 millones por del daño cometido al defraudar al Estado con el direccionamiento de las obras viales en Santa Cruz en favor de Lázaro Báez.
Al mismo tiempo, el tribunal concedió el recurso de apelación para que ahora la Cámara de Casación Penal revise esa decisión. Sin embargo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso aclararon que la concesión de ese recurso no suspende el proceso de remate de los bienes.
En tanto, los magistrados del tribunal oral le dieron traslado de los escritos de Cristina Kirchner y de Lázaro Baez a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, para que dictaminen acerca de los planteos de incompetencia que realizaron los dos condenados.
Cristina Kirchner dijo que no son los jueces del Tribunal Oral Federal N°2 los que deben decomisar sus bienes, sino que esa tarea es del juzgado civil y comercial federal donde tramita una demanda por daños y perjuicios que presentó Vialidad Nacional en 2018 contra los condenados. En ese expediente se les reclama 22.300 millones de pesos, una cifra mucho menor.
Lázaro Báez, en tanto, también planteó una cuestión de competencia, ya que dijo que el Tribunal Oral Federal N°2 que lo condenó no le puede decomisar su fortuna, porque su pena por el caso Vialidad y la condena por “la Ruta del dinero K” fue unificada en 15 años de prisión por los jueces del Tribunal Oral Federal N°4.
Sostuvo Báez que son esos jueces los que tienen derecho a ejecutar sus bienes. De hecho el Tribunal Oral Federal N°4 ya avanzó y el juez Néstor Costabel decomisó y ordenó transferir a la Argentina 3 millones de euros que estaban depositados en una cuenta en Bahamas y un millón de dólares que el empresario kirchnerista tenía en un banco suizo.
Además, dispuso que sean decomisadas para su remate 56 propiedades de Báez y de su hijo Martín Báez, también condenado, que incluyen lotes, parcelas, unidades funcionales, departamentos, casas y otros inmuebles (46), más unas 10 quintas, chacras y estancias que se encuentran en Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut.
Además de esas cuestiones que ahora decidirá el tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner (el TOF2), empezará en paralelo una nueva intervención de la Cámara Federal de Casación. Allí deciden los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.
Los magistrados convocarán a una audiencia para que los abogados de Cristina Kirchner expliquen los motivos por los que cuestionan el monto del decomiso.
Además, argumentarán acerca de si se debe incluir entre los bienes a rematar las propiedades de Cristina Kirchner que fueron entregadas a sus hijos Máximo y Florencia en 2016, como adelanto de herencia.
Este trámite puede que lleve unas dos o tres semanas. No obstante, el tribunal oral podría avanzar con el proceso de remate.
La Casación debe resolver también otro recurso de la expresidenta que se opuso a que le pongan una tobillera electrónica y que restrinjan sus visitas mientras cumple su condena firme a seis años de prisión en su departamento de San José 1111, en Constitución.
La determinación del lugar para que se cumpla su condena en arresto domiciliario quedó firme, al igual que el monto de la pena de seis años, su inhabilitación perpetua y el decomiso de sus bienes.
